El miedo y la confesión: las presiones que reveló el hacker Andrés Sepúlveda

El pasado 7 de julio, la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema tomó declaración jurada al hacker Andrés Sepúlveda; esto en medio de la investigación que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por el escándalo de las denominadas chuzadas al proceso de paz; declaración que fue solicitada por el abogado Jaime Granados, defensor del exmandatario.

En la cita, que fue virtual y contó con la presencia del fiscal Miguel Eduardo Martínez, el procurador Jorge Enrique Sanjuán Gálvez y el abogado Juan Camilo Sanclemente, a Sepúlveda le preguntaron si conocía o no el radicado por el cual fue condenado en su momento.

Respondió de manera tajante que, desde hace más de siete años, fue víctima de lo que califica como un “circo mediático”, en el que mintieron sobre su edad, su patrimonio, su pasado, su familia y fue acusado de delitos que nunca se había cometido en Colombia, como espionaje y concierto para delinquir agravado, cometido por una sola persona.

La diligencia inició a las nueve de la mañana y duró 42 minutos. Sepúlveda asistió vestido de negro y con una espesa barba, a diferencia de la imagen que tienen los colombianos del sujeto corpulento y de cabeza rapada, quien fue uno de los protagonistas del escándalo en medio de las elecciones de 2014, que inclinó la balanza a favor del entonces presidente-candidato Juan Manuel Santos. Dijo también que se le vulneraron todos sus derechos y lo obligaron, bajo presión, a aceptar cargos, razón por la cual, hasta no contar con garantías de protección, no diría nombres ni pormenores de todas las irregularidades cometidas en su contra.

En un momento, mirando al fiscal del caso, lo interrumpió para decirle que llegó a ser presionado con amenazas tan fuertes como que iban a judicializar a su familia y recurrirían a cualquier tipo de artimañas para demorar su proceso. Sepúlveda se ratificó en algunos puntos de la entrevista que le dio a un investigador de la defensa del expresidente Uribe, el pasado 25 de febrero de 2021, cuando en una cafetería del norte de Bogotá contó cómo nunca llevó información a Uribe y que si en algún momento había hecho señalamientos en torno a él, fue por presiones de la Fiscalía de ese entonces, es decir, la que dirigía Eduardo Montealegre.

Se abstuvo de mencionar otros nombres debido a que, hasta la fecha, ni la Fiscalía General de la Nación ni la UNP le han brindado las garantías de protección para que pueda contar toda la verdad al país.

De hecho, su defensa, consultada por SEMANA, insiste en que tienen conocimiento de que se estaría orquestando otro montaje en su contra, como medio de presión en caso de que decida hablar. ¿Quieren callarlo? ¿Por qué? ¿Quién está detrás de los planes para presionarlo?

Pero fue más allá. En la mitad de su declaración, señaló que detrás de su proceso estuvieron personas “muy poderosas” como fiscales generales y miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia de la época. Así, sin dar nombres directamente, se refirió a la presidencia de ese entonces, la de Juan Manuel Santos; al exfiscal Eduardo Montealegre y al vicealmirante Álvaro Echandía Durán, quien ha sido incluso mencionado por el exdirector del CTI Julián Quintana.

El hacker fue reiterativo en que nunca contó con garantías judiciales para ejercer su defensa, pues las personas que lo persiguieron “son reconocidos como líderes de varios montajes judiciales y casos de corrupción” y que, sin ningún tipo de protección, hoy le solicitan que se vuelva a enfrentar a ellos, a pesar de que hace seis meses pidió las medidas y le fueron negadas con excusas como que él estaba privado de la libertad. Dicha situación es contradictoria, pues Sepúlveda recuperó su libertad el pasado mes de diciembre de 2020 cuando se le vio, entre lágrimas, abrazando a su familia, después de los días que contaba de manera regresiva para salir de la celda.

De hecho, curiosamente, dos días después de esa declaración llegó a manos de Sepúlveda un documento reservado, firmado por el teniente coronel Héctor Jairo López, director de protección y asistencia de la Fiscalía, en el que, por segunda vez, le dicen que no se les va a dar protección ni a él ni a su familia.

“La competencia para brindar medidas de protección no corresponde a esta dirección y resulta temerario afirmar que no se adelantó el procedimiento en debida forma como usted subjetivamente lo asevera”, se lee.El documento agrega que la evaluación de amenaza y riesgo se hizo de manera meticulosa y que por eso son “infundadas” esas afirmaciones.

Tras la diligencia, SEMANA habló en exclusiva con el hacker. Su preocupación sigue latente, pero se mantiene en lo dicho ante la Fiscalía el pasado miércoles. “Esos poderosos demostraron, sin pudor y frente a todo un país, que con montajes eran capaces de destruirme la vida, condenarme e incluso hacerme meter a un calabozo, mientras ellos posaban y siguen posando de impolutos ejemplares, rodeados de micrófonos y camionetas blindadas”, asegura con tono de frustración e impotencia por lo que le pasó.

Su frase para concluir fue que en Colombia parecieran importar más los bandos políticos que la misma justicia. “Hoy paso mis días con relativa tranquilidad, la misma tranquilidad que los juegos políticos me quitaron durante 2.423 días de mi vida”.Las preguntas que pasan por su cabeza son muchas. ¿Cómo dar nombres si no cuenta con garantías? ¿Cómo señalar a los que piden su cabeza si le niegan protección? Su procesión va por dentro, pero ante la Fiscalía quedó claro quiénes son los que, para él, son los verdaderos responsables de lo ocurrido, por eso dio luces de lo que quiere contar y de los secretos que el país espera conocer. Los secretos del hacker.