El millonario contrato que enreda a una exalcaldesa de Quibdó, Chocó

Una nueva investigación de la Procuraduría sacude el ambiente político en el departamento de Chocó. Recientemente, el ente de control disciplinario dio a conocer la formulación de pliego de cargos contra la exmandataria local de Quibdó, Zulia Mena García, que tuvo en sus manos las riendas de la ciudad entre 2012 y 2015.

El motivo que llevó a la apertura de la carpeta de investigación se debe a las presuntas irregularidades que habría protagonizado Mena García en un contrato millonario que implementó en el Hospital Local Ismael Roldán durante el período que estuvo en el cargo. En el proceso también está vinculado el exgerente de la entidad, Wilman Jesús Yurgaky.

La obra que es motivo de análisis es la construcción de la primera etapa del recinto y un puesto de salud en la comunidad Campo Bonito, cuya ejecución superó los tres mil millones de pesos. El centro de la discordia es la figura que se utilizó para generar el convenio interadministrativo con el centro hospitalario.

Para la Procuraduría, ese proyecto requería una modalidad contractual diferente a la implementada. Es decir, la escogencia del contratista se hizo de manera directa y velada a través de un convenio de asociación, sin tener en cuenta la naturaleza del vínculo. Ese trámite habría violado la normativa vigente.

“La Procuraduría señaló que los investigados no habrían tenido en cuenta que, a través de este de convenidos, se impulsan programas y actividades de interés público que nacen en la órbita de la entidad sin ánimo de lucro, y no pueden ser utilizados para cumplir funciones o responsabilidad del resorte de la entidad pública contratante”, se lee en el expediente.

En consecuencia, la Procuraduría calificó el comportamiento de los investigados como una falta gravísima y grave a título de culpa grave. Yurgaky y Mena García tendrán la oportunidad de contrariar los argumentos del Ministerio Público.

Otras decisiones

El ente de control disciplinario también formuló pliego de cargos contra el exconcejal de la capital de Antioquia, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, por unas declaraciones que emitió contra una abogada durante una de las sesiones que se llevaron a cabo en la corporación. El comportamiento evaluado ocurrió en el último cuatreño: 2016-2019.

Las palabras que compartió en el micrófono del Concejo son calificadas, preliminarmente, como presuntas manifestaciones injuriosas y calumniosas cuya protagonista fue Carmen Torres Sánchez. En el momento en el que ocurrieron los hechos, ella figuraba como defensora del contralor del departamento, Sergio Zuluaga.

“Habría manifestado que (ella) se dedicaba, junto con su esposo, a realizar malas prácticas médicas en consultorios de garaje en Medellín. Además, que, por esa misma actividad, la mujer fue detenida en Estados Unidos tras una cirugía estética que presentó complicaciones para la paciente”, relató la Procuraduría.

En medio del proceso disciplinario, el organismo advirtió que el exconcejal afirmó las palabras luego de recibirlas en un correo electrónico sin tener, presuntamente, indicios de veracidad. Así quedó registrado en la intervención del Ministerio Público donde enumeró las faltas que habría cometido contra la mujer.

“Demeritó y descalificó la labor profesional y la vida personal de Carmen Torres Sánchez sin que sus manifestaciones puedan entenderse amparadas por el discurso político, porque la afectada no era servidora pública y en nada servían al interés general como quedó demostrado en el acervo probatorio”, advirtió la Procuraduría.

Además, el día en que Bernardo Alejandro Guerra Hoyos compartió el mensaje lo hizo en el marco de una sesión de control político que no involucraba a la abogada, sino al entonces contralor del departamento de Antioquia, Sergio Zuluaga, inhabilitado por sacar provecho irregularmente de cirugías plásticas en un centro médico de la región.

Así las cosas, la Procuraduría General de la Nación señaló que el exconcejal habría desconocido los derechos al buen nombre, honra e integridad de Torres Sánchez. A su juicio, la presunta conducta irregular es una falta grave cometida a título de dolo.