El millonario pleito jurídico que enfrenta a los hermanos y socios Janna Raad: clientes de Mazda y Ford están en la incertidumbre

Uno de los escándalos más grandes en el sector empresarial se vive en la costa atlántica. Los protagonistas son dos hermanos de una de las familias más prestigiosas de la región: la Janna Raad. Los dueños de la Arrocera Sahagún S. A. S., la Constructora e Inmobiliaria Janna S. A. S., Agropecuaria Janna S. A. S., AJR S. A. S., y Janna Motors S. A. S. Son ellos los distribuidores autorizados para las marcas Mazda y Ford en los departamentos de Cesar, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre y La Guajira.

Aníbal y Diana Janna Raad son hermanos y socios, pero en los últimos años han tenido pleitos judiciales y civiles debido a que Diana denunció ante la Fiscalía General de la Nación que Aníbal y su equipo de revisores fiscales habrían abusado de su confianza emitiendo pagarés falsos y otros documentos que facilitaron el presunto desvío de recursos empresariales a sus cuentas personales mediante autopréstamos y otras supuestas triquiñuelas que hoy lo tienen en la mira de la Superintendencia de Sociedades y de las autoridades.

“Es claro que el señor Aníbal José Janna Raad falsificó el pagaré presentado como anexo de la demanda, toda vez que, para el año 2010, la sociedad Constructora e Inmobiliaria Janna S. A. S. tenía una razón social diferente (…) y para esta misma época él no era el representante legal, lo que hace imposible la validez de este título valor”, se lee en algunos de los apartes de la denuncia de 57 páginas que conoció SEMANA. Todos los folios están en manos de los investigadores.

Uno de los demandantes es el empresario Samuel Tcherassi, esposo de Diana Janna, y quien se siente víctima de fraude procesal, falsedad en documento privado y administración desleal por parte de Aníbal y sus asesores fiscales, pues habrían realizado ajustes contables para maquillar cifras de estados financieros e informes contables. El pleito supera los 30.000 millones de pesos, dinero que se habría embolatado entre documentos comerciales y contables, presuntamente modificados.

En noviembre de 2022, la Superintendencia de Sociedades emitió una multa alrededor de los 11.000 millones de pesos por los malos manejos de la compañía ocurridos entre los años 2018 y 2020, actualmente cursan en su contra otros procesos por hechos similares, pero sucedidos entre 2020 y 2022, por lo que se espera que sean resueltos en dos o tres años como máximo.

Cuando el nombre de Janna Motors empezó a estar en el radar de los entes de control, la crisis financiera de la compañía se agudizó, sobre todo porque Diana Janna, una de las socias, manifestó ante los bancos que no se responsabilizará como codeudora de las obligaciones debido a los supuestos fraudes de los que estaría siendo víctima. Fue necesario entonces que Aníbal buscara una refinanciación de la banca por más de 72.000 millones de pesos, la cual logró en marzo de 2022.

Sin embargo, para obtener el respaldo habría vinculado las propiedades de todas las empresas del emporio Janna, comprometiendo así los recursos de cada compañía que fue heredada en 1999 por el padre de los involucrados (Arrocera Sahagún S. A. S., Constructora e Inmobiliaria Janna S. A. S., Agropecuaria Janna S. A. S., AJR S. A. S.) y sin previo aviso ni autorización de los socios, según conoció SEMANA.

Pero pese a esa estrategia, el 21 de diciembre de 2022, Mazda anunció que el contrato, que se vence en marzo de 2023, como distribuidor exclusivo de sus vehículos no sería renovado. Esto causaría un importante hueco fiscal a las finanzas y dificulta el pago de los compromisos económicos, pues aunque la decisión fue de Mazda, se presume que Ford también estaría pensando en optar por el mismo camino.

Paralelamente, la defensa jurídica de Aníbal Janna, que está liderada por el abogado Miguel Ángel del Río, decidió denunciar ante la Fiscalía General de la Nación al superintendente delegado para Procesos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades, Jorge Cabrera, por presuntamente haber participado en prevaricato por acción tras la sanción de los 11.000 millones de pesos, argumentando que la sanción fue mayor a la permitida.

Mientras este pleito se adelantaba, Aníbal Janna vendió en febrero de 2023 a Autoland S. A. S. su participación del negocio de Mazda, algo que no se entiende, porque el negocio para esa fecha ya no existía. Según documentos que conoció SEMANA, el negocio se habría cerrado por 39.000 millones de pesos. Y, a la vez, el concesionario de Ford también sería vendido. “Si Janna Motors entrega los dos únicos negocios que tiene, es evidente que va a la quiebra y que lo que busca Aníbal es insolventarse a propósito para dejar a la banca tirada, y los socios nunca aprobaron esta jugada que parece una simulación”, dijo una de las fuentes consultadas.

Investigadores y diferentes gremios que han conocido el caso de cerca denuncian que lo que Aníbal Janna está esperando hacer con la compañía es mucho más grave de lo que se ha visto hasta el momento, pues pone en riesgo el capital de bancos, la alimentación y sustento de más de 300 familias que trabajan para sus empresas y además deja en vilo la distribución de repuestos y servicio técnico de aproximadamente 10.000 vehículos de marcas Mazda y Ford que circulan por la costa atlántica y otros departamentos de la región.

Henry Anaya, presidente de la Red Nacional de veedurías ciudadanas Bien Común, advierte a las autoridades que con el caso de Janna Motor se puede repetir la historia de Hyundai que protagonizó el empresario Carlos Mattos, sobre todo cuando se comprometen recursos públicos por las sanciones ya interpuestas. “Lo que no prevé Mazda es que, a futuro, las decisiones tomadas por Aníbal Janna serán demandadas y puede generar, por órdenes de jueces, la afectación en distribución de repuestos”, dice el veedor, que considera que ese efecto se podrá evidenciar a largo plazo.

Otro de los puntos que advierte Anaya es que cientos de trabajadores, a menos de dos semanas de que se acabe el contrato con Mazda, no saben si continuarán en la compañía, pues a la mayoría les estarían pidiendo que renuncien y, al parecer, advierten a los trabajadores que si no lo hacen igual tampoco la empresa puede garantizarles pago de liquidación, como lo estipula la ley.

Por esta razón, cuando se realizan este tipo de ventas y acciones empresariales, es necesario que tanto el Ministerio de Trabajo como la Superintendencia de Industria y Comercio tengan conocimiento y den sus lineamientos para evitar jugadas maestras de los empresarios que faciliten librarse de sus responsabilidades.

Es de resaltar que la Supersociedades, desde finales de 2020, ordenó y decretó medidas cautelares a las compañías ya mencionadas para garantizar que Aníbal José Janna Raad, en su condición de representante legal de las sociedades demandadas, se abstenga de realizar operaciones de mutuo y/o, en general, cualquier otro acto jurídico entre las sociedades que representa y las personas naturales vinculadas a la familia Janna Raad, sin llevar a cabo el procedimiento establecido por la superintendencia.

SEMANA intentó comunicarse con Aníbal Janna, pero al cierre de esta edición no había respondido. Hasta el momento, todo está en una tensa calma a la espera de los pronunciamientos de las autoridades competentes, que son finalmente quienes determinen si se cometieron o no irregularidades.