El ministro Néstor Osuna se mete al debate de levantar las órdenes de captura para narcos: “Tenemos que reflexionar, las alertas han sido escuchadas”

SEMANA: ¿Está listo el proyecto de “humanización carcelaria”?

Néstor Osuna: Sí. Tenemos un texto que admite variaciones y que ya se remitió al Consejo Superior de Política Criminal y al Ministerio de Hacienda para su concepto de impacto fiscal. La idea es presentarlo al Congreso en las sesiones extraordinarias.

SEMANA: ¿Qué se propone?

N.O.: Se le ofrece a la sociedad una alternativa funcional, justa, razonable, de seguridad y que ojalá erradique la reincidencia. El sistema penal tradicional ordinario no satisface los derechos de las víctimas, tampoco resocializa ni presta utilidad alguna. Queremos una política penal que apunte a la reparación de las víctimas y a la resocialización de las personas que están en las cárceles. De tal modo que, cuando los presos salgan de las cárceles, tengan pocas tentaciones y posibilidades de cometer delitos nuevamente. Apunta, además, a unas condiciones carcelarias más dignas.

SEMANA: ¿Habrá salidas y permisos para los presos?

N.O.: Hoy existen posibilidades para que las personas presas puedan salir. Hay permisos de 72 horas, detención domiciliaria, libertad preparatoria, condicional... Lo que hacemos es ajustar esas opciones para que funcionen como un sistema de premios por superar exitosamente los procesos de resocialización o reparación a las víctimas. Actualmente, las personas que han cumplido una buena parte de sus penas pueden trabajar fuera de las cárceles. Por eso, salen del centro penitenciario, regresan en las noches y pasan el fin de semana en sus casas. Eso está en la legislación desde hace más de 20 años. La ley dice que quien ha cumplido las cuatro quintas partes de la pena puede acceder al beneficio. Lo que hemos considerado es graduar eso de un modo distinto.

SEMANA: ¿De qué forma?

N.O.: Si se trata de delitos sexuales o contra niños, niñas y adolescentes, no existe esa posibilidad. Si son homicidios u otros delitos graves, está esa opción, pero cuando hayan cumplido el 60 por ciento de la pena. En el caso de otros delitos, habría esos beneficios siempre y cuando cumplan la mitad de la condena. ¿Quiere decir que van a salir de la cárcel a tomar un TransMilenio para ir a trabajar y volver? No.

SEMANA: ¿Entonces?

N.O.: Tendría que haber (y ya hay) un convenio entre el Inpec y una empresa o entidad estatal. Pensemos en un empresario, por ejemplo Mario Hernández. Si él está interesado en contratar los servicios de algunas personas, se firma el convenio. Se prevé todo para que el preso trabaje y regrese a la prisión. ¿Por qué nos parece bueno? Porque, al contar con un salario, esas personas comienzan a restablecer sus vínculos familiares y tienen un ahorro para cuando salgan de prisión. Es imposible resocializar a una persona si se le aísla completamente de la sociedad.

SEMANA: ¿Qué pasará con los condenados por homicidio y secuestro?

N.O.: Piense en lo siguiente: un secuestro puede dar una pena de 40 años de cárcel. El 60 por ciento de la condena quiere decir que esa persona pasó 24 años en la cárcel. Si después de ese tiempo no hemos logrado resocializar a ese preso, es porque el sistema penitenciario fracasó. La idea es que durante esos 24 años la persona supere la resocialización: termine su bachillerato, trabaje en la cárcel y aprenda un oficio. Luego se podrá hacer un convenio entre el Inpec y un empresario y él podría salir a esa actividad y regresar en la noche. Sé que suena a titular fácil de prensa decir: ‘Secuestradores saldrán de la cárcel’. Todo el mundo se muere de miedo. Les rogaría que no hagan eso y piensen en la finalidad de la figura. Todos estos beneficios requieren de la previa autorización de un juez. No serán medidas que operarán de forma automática.

SEMANA: Pero hay riesgo de que esas personas no regresen a la cárcel…

N.O.: Existe el riesgo de que una persona se escape. Les cuento que las personas que tienen el beneficio de las 72 horas, al final, regresan. El trabajo será vigilado y habrá suficiente atención. Además, contamos con tecnología, monitoreo electrónico y cámaras que disminuyen significativamente el riesgo. ¿Por qué vuelven? Saben que si pasan una buena temporada con ese beneficio, después tendrán mejores permisos. Y si continúan con buen comportamiento, tendrán detención domiciliaria en algún momento.

SEMANA: Ministro, ¿por qué se plantea eliminar el delito de incesto?

N.O.: Si dos personas adultas, de manera libre y consciente, tienen relaciones sexuales y son hermanos, ¿eso es delito? A veces, cuando se habla de incesto, se piensa en el niño. Y eso no es incesto. Es violación y es un delito gravísimo sin ningún beneficio. Sé que es una discusión moral compleja y difícil. Pero si dos personas adultas tienen sexo consentido, pero son parientes, ¿debemos enviarlos a la cárcel?

SEMANA: Por cierto, ¿no es mejor construir más cárceles en Colombia?

N.O.: Tenemos cárceles muy viejas, que están deterioradas. Tenemos que destinar unos recursos importantes para reformar, renovar y en algunos casos implicará cambiar las construcciones viejas por unas nuevas. Si nuestro sistema penal fuera mandar más gente a la cárcel, pues por una parte hay razones constitucionales, de política penal que no aconsejan esta medida. Además, no existe posibilidad presupuestal de subsanar con la simple medida todo el déficit de cupos carcelarios que tenemos. Los siguientes datos son cifras redondeadas, pero ciertas: tenemos un déficit de 40.000 cupos. Desde 1991 hasta el año pasado, el sistema carcelario fue creando cupos, 1.600 por año. Si seguimos haciendo lo mismo, aumentaremos 1.600 por año y estamos necesitando actualmente 40.000, seguiremos aumentando el problema. ¿Podemos construir 40.000 cupos carcelarios de un momento a otro? Es construir una ciudad. Los datos de la Uspec del 2022 indican que construir un cupo de cárcel vale 130 millones de pesos (...) Eso da más de 5 billones de pesos. No los tenemos. Es la respuesta honrada que le puedo dar.

SEMANA: ¿El Gobierno busca reducir la pena máxima de 60 a 40 años de cárcel?

N.O.: Cuando una persona ha cometido varios delitos y tiene varias condenas, se suman. No sé si ha escuchado que en algunos países hay hasta 1.500 años de cárcel. Nuestra legislación dice que la suma puede llegar hasta 60. Lo que estamos proponiendo es que cuando haya un concurso de delitos, se baje de 60 a 50 años. Y cuando sea un delito, que la pena máxima sea de 40; 60 años de cárcel es una cadena perpetua camuflada. Pensar que un recluso, después de 60 años de cárcel, saldrá a trabajar y a restablecer sus lazos familiares es contraevidente.

SEMANA: La alcaldesa Claudia López ha criticado fuertemente al Gobierno y ha dicho que les preocupan más los presos que los ciudadanos. ¿Qué le responde?

N.O.: Al Gobierno le preocupan todos los colombianos y la seguridad de todas las personas. Estamos convencidos de que el sistema penitenciario que proponemos les puede ofrecer a las personas una mayor seguridad. Un buen sistema penitenciario evita la reincidencia. Gústele al que le guste, el sistema penal no evita la delincuencia. Lo más que se puede evitar es la reincidencia.

SEMANA: Pero la mandataria insiste en que su propuesta de excarcelación es peligrosa. ¿Se reunirá con ella?

N.O.: Las puertas están abiertas. La alcaldesa tiene mi número de teléfono personal. Cuando quiera nos reunimos.

SEMANA: Ministro, hay jueces que se están negando a liberar a los integrantes de la primera línea, tal como lo propone el Gobierno Petro. ¿Qué está pasando?

N.O.: Respetamos las decisiones judiciales, las acatamos y las obedecemos. Al leerlas, he encontrado que los jueces niegan la libertad porque no hay claridad. Haremos un esfuerzo de pedagogía, bajo el respeto judicial.

SEMANA: ¿Qué le dice a quienes piensan que es un favor del gobierno a la primera línea?

N.O.: El que quiere oír escucha, hay un discurso que es absolutamente sordo a la evidencia y un discurso que no está dispuesto a hacerle homenaje a la razón. Ya no les mando ningún mensaje.

SEMANA: El fiscal y la procuradora también se oponen a esas libertades. ¿Qué hacer?

N.O.: Escuchar sus argumentos e intentar que ellos escuchen los del Gobierno.

SEMANA: ¿Y por qué contemplan quitar el concierto para delinquir de quienes participen en las marchas y protagonicen hechos vandálicos?

N.O.: Porque el tipo penal de concierto para delinquir- digamos lo que coloquialmente llaman banda armada- implica eso: unas personas se pusieron de acuerdo para cometer delitos, se pusieron de acuerdo para conformar una banda que asalta bancos, que roba celulares. Es decir, una banda que se constituyó para delinquir. Lo que vemos en las protestas sociales es que son personas que se pusieron de acuerdo, sí, pero para salir a protestar porque están inconformes y acuden a las marchas, son disruptivas, vehementes, fuertes y a veces se cometen delitos. Si se cometen delitos hay que castigarlos. Que quemaron un bus, es daño en bien público; que agredieron a un policía o ciudadano, lesiones; si mataron a alguien, homicidio. Pero no era una banda armada, no era una cosa previamente establecida para delinquir.

SEMANA: ¿Considera que el fiscal Francisco Barbosa se ha convertido en una piedra en el zapato para el Gobierno?

N.O.: No, para nada. Hay colaboración armónica de poderes. En ocasiones, el Gobierno puede tener ideas y agradece que alguien llame la atención. Personalmente, tengo una muy buena relación con el fiscal general. Veo entendimiento, aunque a veces se suba el volumen y haya controversia.

SEMANA: A diferencia de lo que proponía el Gobierno Petro, el fiscal advirtió que no se pueden levantar las órdenes de captura de narcotraficantes pedidos en extradición y que forman parte del Clan del Golfo y los Pachenca. ¿Cuál es su opinión?

N.O.: Este lunes 30 de enero, el presidente y el fiscal se reunirán. Creo que ahí se destrabará el asunto.

SEMANA: Hace mucho tiempo no se veía un choque entre un presidente y un fiscal. ¿Cómo se debe manejar el tema?

N.O.: Respetando la independencia del Poder Judicial y que incluye respetar la independencia del señor fiscal. Hay que explicar lo que se deba explicar, y por supuesto hay que mantener los programas y las políticas del Gobierno.

SEMANA: ¿Pero por qué levantar órdenes de captura de extraditables?

N.O.: Sobre las personas que tienen orden de captura con fines de extradición, en el Gobierno tenemos que reflexionar. Creo que las alertas que nos han llegado han sido escuchadas. Estamos ante una situación muy novedosa. Hemos pensado acercamientos con estructuras criminales que no estaban pensando en tumbar al Gobierno. Es decir, se trata de pactar términos de sometimiento a la justicia. ¿Eso existía en Colombia? Claro, en la época de Pablo Escobar. La Ley 2272 faculta al Gobierno para solicitar la suspensión de órdenes de captura no solo de integrantes del ELN, sino de estos horrorosos delincuentes. El Gobierno ha considerado que tiene esa atribución. La paz total se construye con esa gente, no con las personas de bien.

SEMANA: Para finalizar, ¿ya inició el trámite de extradición de la excongresista Aida Merlano, detenida en Venezuela?

N.O.: Las extradiciones son procedimientos lentos. A veces duran diez años, esperamos que en esta ocasión no dure tanto. Cuando a Aida Merlano la condenaron y se fugó, la Corte Suprema pidió su extradición. Eso se tramita del siguiente modo: el órgano judicial le comunica al Ministerio de Justicia y este a la Cancillería y luego al otro Estado. Eso se hizo en 2020, pero con un pequeño detalle: la petición fue hecha al gobierno de Juan Guaidó. En palabras coloquiales, esa platica se perdió. Una vez se restablecieron las relaciones diplomáticas con Venezuela, volvimos a preguntarle al juez de ejecución de penas si insistía en la extradición de Merlano para reiniciar el procedimiento. Ahí estamos. Es un procedimiento que tiene sus términos. Implica un pronunciamiento judicial de las autoridades venezolanas. Por las vías diplomáticas intentaremos apurarlo.