El 'narcoindígena' que dividió a la Corte Suprema de Justicia

Los narcotraficantes en Colombia encontraron una fórmula para escapar de la extradición, burlar a las cortes estadounidenses y eludir la justicia colombiana. La forma es ingeniosa y efectiva: a cambio de una gruesa suma de dinero, el capo capturado compra documentos y bases de datos que certifican que pertenece a una comunidad indígena. Ese artilugio termina convertido en una especie de pasaporte a la impunidad.

SEMANA reveló los detalles de cómo operan estos carteles de abogados, delincuentes de alta peligrosidad y hasta algunas autoridades indígenas. Aunque algunos jueces y fiscales tienen encendidas las alarmas, las mafias detrás de estos millonarios negocios no se dan por vencidas y acuden a todas las herramientas que permite el sistema. Incluso, llevan sus procesos hasta la Corte Suprema de Justicia.

Sorprendentemente, cuando vía tutela o apelaciones el proceso escala hasta la máxima instancia de la Justicia, esta no siempre ataja los goles de estos falsos indígenas. Esto ha desencadenado un enfrentamiento entre los magistrados que se oponen a este conejo a la justicia y aquellos que por diferentes motivos permiten que estas situaciones prosperen.

No hace mucho, una determinación favorable en uno de esos casos causó un gran malestar en las autoridades de Estados Unidos, lo que terminó en un altercado entre los dos gobiernos, que no trascendió a la opinión pública.

Ocurrió en 2018 cuando el magistrado Eyder Patiño rechazó el pedido de extradición de la Corte del Distrito Sur de Nueva York de un hombre capturado dos años antes en Colombia y solicitado por enviar droga a Estados Unidos. El togado argumentó que la justicia indígena ya lo había condenado por ese delito a una pena de diez años en un resguardo. Poco después de esta decisión le revocaron la visa a Patiño. Cuando esto se conoció, el magistrado dijo que esa medida obedeció a que algunas de sus posiciones jurídicas habían “resultado incómodas en algún sector de la opinión”.

En 2018, el magistrado Eyder Patiño proyectó el fallo que negó la extradición de un narco, argumentando que lo había condenado la justicia indígena. La embajada de Estados Unidos protestó fuertemente esa medida.

Ese episodio no solo dejó en evidencia la preocupación del Gobierno estadounidense. También se convirtió en el antecedente de enfrentamientos en la corte por estos casos de colados. El último de estos ocurrió el pasado 9 de julio por cuenta del fallo de una tutela que favoreció los intereses de un narco. Esa decisión provocó el salvamento de voto de cuatro magistrados que hicieron duros cuestionamientos a sus cinco compañeros que votaron a favor.

Esta discusión interna tiene que ver con que la corte negó la solicitud de extradición de un capo conocido con el alias de Don Rodrigo, pedido por el Distrito Este de Texas, y condicionó su entrega a la justicia estadounidense a que pagara primero una condena de siete años en el centro de armonización del resguardo La Laguna Siberia, en Cauca.

El caso se remonta a julio de 2019, cuando ese narco, llamado Darly Sánchez, cayó en manos de la ley después de varios años de persecución y trabajo de inteligencia de las autoridades colombianas y la DEA. Ese personaje se movía por las trochas de Cauca, siempre acompañado de un pequeño ejército de escoltas. La justicia estadounidense lo buscaba por poseer varios laboratorios de producción y enviar al menos una decena de cargamentos de más de 4 toneladas de droga que salieron en lanchas rápidas desde las costas de Colombia y Ecuador hacia Centroamérica, con destino final Estados Unidos.

Con este certificado, un narco pasó por indígena para evadir la solicitud del Distrito Este de Texas.

Entre las pruebas recolectadas en su contra, había varios testigos y decenas de horas de interceptaciones de las llamadas en las que negociaba los cargamentos. El acervo probatorio en su contra era contundente e implicaría una condena mínima de 20 años de prisión en Estados Unidos.

Sin embargo, en una jugada hábil, el capo buscó al gobernador indígena Andrés Almedras y le confesó que estuvo al frente de varios viajes de cocaína entre 2014 y 2016. La justicia indígena lo encontró responsable por los delitos de “desarmonización del territorio en actividad ilícita de concertación de personas para delinquir, narcotráfico, enriquecimiento ilícito y lavado de activos”. Lo condenaron a siete años de cárcel, que debía pagar en un resguardo. Los cinco magistrados tuvieron en cuenta esa condena para negar la extradición, argumentando que primaba la justicia indígena.

“Contrario a lo expuesto por la mayoría (de los magistrados) en el concepto, la pretensión del requerido fue la de instrumentalizar a la justicia indígena (…). No se probó que el requerido esté o haya estado integrado efectivamente a la comunidad aborigen en ejercicio de sus creencias y principios”, dice uno de los apartes de salvamento de voto de los magistrados Patricia Salazar, Luis Hernández, Hugo Quintero y Fabio Ospitia.

Estos cuatro magistrados de la Corte Suprema suscribieron un duro salvamento de voto por un caso de un narco colado como indígena. Calificaron el hecho de burla a la justicia. 

Estos cuatro togados resaltaron otro hecho que ponía en evidencia la trampa. Durante décadas, el capo estuvo ausente del censo indígena y, repentinamente, en 2019, el año de su captura, apareció con un certificado expedido por el Grupo de Registro del Ministerio del Interior. Además, les resultaba claro que Don Rodrigo intentó sabotear el requerimiento de los norteamericanos al conseguir una sentencia de la jurisdicción indígena, como lo dejaron consignado en su salvamento de voto.

Solo un mes antes de este caso, el 9 de junio, otro proceso también había causado roces en la corte y preocupación entre las autoridades por la existencia de este carrusel para escapar de la justicia. Esta vez de la colombiana.

Se trata del caso de Jaiver Patiño, un narco capturado el 16 de febrero de 2019 cuando llevaba 85 kilos de cocaína en su carro. Un juez lo condenó a diez años de cárcel. Instauró una tutela ante otro juez, que posteriormente llegó al Tribunal del Valle, en la que argumentó ser indígena y, por lo tanto, su derecho a ser enviado a un resguardo. En esas dos instancias rechazaron la petición porque los jueces consideraron evidente que se trataba de una artimaña.

Esta tutela llegó a la corte hace dos meses y allí, sorprendentemente, le dieron la razón y lo enviaron al resguardo indígena nasa Cerro Tijeras, en Suárez, Cauca. Nuevamente, la magistrada Patricia Salazar se opuso por considerarlo una burla. Para ella, el rastro del fraude era contundente. Primero, Patiño apareció en el censo indígena solo en 2019 cuando lo capturaron. Segundo, el certificado que lo acredita como indígena trae el nombre de Javier y no de Jaiver, y lo firma Rubén Cuetía, un integrante del resguardo que no es representante legal o jurídico, y, por tanto, carece de autoridad. Tercero, Patiño nació en Leiva, Nariño, una comunidad distante y sin nexo étnico con los indígenas del resguardo en el Cauca al que decía pertenecer.


Un tema conocido

Hernando Chindoy, representante del pueblo inga, y Ferley Quinayas, consejero del Cric, reconocen el problema de los colados y aseguran que están adelantando las investigaciones dentro de su jurisdicción. “No acolitaremos estas conductas”, dice Quinayas.

Estos son solo unos pocos ejemplos de lo que ocurre con este nuevo modelo de trampa para eludir la justicia. Sin embargo, el tema no es desconocido dentro de las propias comunidades. Ferley Quinayas, miembro del Cric (Consejo Regional Indígena del Cauca), le confirmó a SEMANA que han detectado un aumento de denuncias por casos en los que han querido abusar de su jurisdicción. “No acolitaremos ese tipo de conductas. Si hay autoridades que hayan caído en esta estrategia, tendremos que investigar y sancionar”, dijo.

“Hemos sido críticos con esa situación. Sabemos que hemos sido permeados por esta situación, pero también hay factores externos que quieren desequilibrar el movimiento indígena. Pero esos casos que han llegado a nuestros oídos están en investigación”, agregó el consejero Quinayas.

“Son 127 cabildos que están a cargo de nosotros para apoyarlos en la parte jurídica, consulta asistencial, litigio… Sabemos que hay personas con cierto nivel económico, narcos y exintegrantes de las Farc, que se aprovechan de algunas personas en los cabildos. Estas, a su vez, están abusando de la facultad de las comunidades indígenas”, afirmó a SEMANA Nelson Cucuñame, integrante del equipo jurídico del Cric. No obstante este reconocimiento, manifiesta que la justicia indígena mantiene intacta su función y está comprometida con adelantar trabajos conjuntos con la Fiscalía, la rama judicial y el Gobierno para superar las debilidades.

Hernando Chindoy, representante del pueblo inga de Colombia, le reconoció a SEMANA que la jurisdicción indígena efectivamente tiene algunas debilidades que terminan capitalizadas por algunos integrantes inescrupulosos. “Infortunadamente hay casos. Nosotros hemos buscado el fortalecimiento jurisdiccional, somos claros en que los derechos son para los indígenas, población que ostenta esta calidad, los pueblos ancestrales que guardan esta identidad”, indicó.

Lo cierto es que, para ponerle freno a este carrusel de disfrazar narcos y delincuentes como indígenas, las propias comunidades deben aplicar controles más estrictos. Sin embargo, no solo es una responsabilidad de los cabildos. De hecho, lo que resulta más preocupante de esta situación es que, a pesar de las evidentes trampas para burlar la justicia, muchos de estos narcos consiguen salirse con la suya en instancias superiores, como los jueces y la propia Corte Suprema de Justicia.