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“El narcotráfico no se puede meter por los parágrafos de los proyectos de ley”, advertencia contundente del fiscal general
El jefe del ente acusador se reunió con los representantes de varios partidos políticos para exponer los reparos a proyectos de ley que ha presentado el Gobierno nacional ante el Congreso. Ya ha criticado pretender meter alivios a crímenes de lesa humanidad.
Dos importantes reuniones sostuvieron el fiscal general, Francisco Barbosa, y delegados de los partidos políticos con un objetivo claro, conocer las inquietudes que tienen los legisladores y exponer los reparos del ente acusador a los proyectos de ley del Gobierno. Es claro, Barbosa no está dispuesto a dejar pasar por alto parágrafos que terminen favoreciendo a narcos, así que frenará esos “micos”.
Lo dijo en una clara referencia a las inquietudes o advertencias que lanzó hace una semana en la Comisión Primera de la Cámara donde se discutieron algunos artículos del proyecto para la humanización de las penas. El fiscal aseguró que la agenda es importante y la Fiscalía hará un trabajo pedagógico en el país.
“Sepan que tenemos un propósito, que el narcotráfico no se meta por los parágrafos de los artículos que se presentan muchas veces en esos proyectos; que sepan que aquí estamos defendiendo la dignidad del país y la institucionalidad colombiana y que sepan que la Fiscalía General de la Nación no va a dejar sola a la población”, explicó el fiscal general.
Para el fiscal Barbosa, las reuniones con los representantes de los partidos políticos resultan de relevancia institucional, no sólo para conocer las inquietudes que tienen, sino para que conozcan, de forma técnica, los reparos de la Fiscalía a los proyectos del Gobierno nacional, con el ánimo de corregir, si es necesario, para llevar la mejor propuesta al país.
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“Las iniciativas con observaciones, por supuesto, han venido siendo escuchadas por el Gobierno nacional y es importante que en democracia se escuchen todas las voces, y en ese sentido nuestra voz es una voz técnica, es una voz constitucional, razonada. Es mejorar el espíritu de los proyectos y tener un mejor país en el marco del trabajo que tenemos que hacer la Rama Judicial, Legislativa y Ejecutiva del poder público en Colombia”, señaló el fiscal.
El jefe del ente acusador dijo que han recibido invitaciones de diferentes sectores para discutir los temas coyunturales en el país, principalmente las propuestas del Gobierno nacional en materia de justicia y reparación para las víctimas. Se trata de proyectos como la ley de sometimiento y humanización de las penas.
“Con todos los movimientos, hemos recibido invitaciones para conversar sobre esos temas que nacionalmente he venido explicándole al país y qué bueno que todos los colombianos, sin excepción, conozcan cada una de las observaciones de la Fiscalía, sepan lo que significan esas observaciones”, advirtió Francisco Barbosa.
Frente a los dos proyectos impulsados por el Ministerio de Justicia, el primero, de sometimiento de las organizaciones criminales, y el segundo, de humanización de las penas, el fiscal general dejó sentadas nueve inquietudes o reparos, en cada una de esas iniciativas. Lo hizo con el ánimo de advertirle al Gobierno profundos errores en la redacción de los textos.
“La preocupación que tiene la Fiscalía frente al beneficio que se le estaría dando en suspensión de ejecución de pena a narcotraficantes y personas que se encargan de la comercialización de insumos para la producción, elaboración de narcotráfico. Se está utilizando una norma que nosotros respaldamos frente al beneficio de pequeños campesinos, pero están introduciendo dos disposiciones que están en el Código Penal, que a nuestro juicio deben ser retiradas, porque son una suerte de mico”, dijo el fiscal luego de exponer sus inquietudes en el Congreso y sobre la ley de sometimiento.
El fiscal también se opuso a otra serie de beneficios que se estarían otorgando a personas procesadas y condenadas por delitos de lesa humanidad que, de acuerdo con el proyecto de humanización de las penas, podrían recibir la detención domiciliaria a partir de la aprobación del articulado en el Congreso.