Nación
El “no” del Gobierno al llamado de auxilio que una reclusa hizo tras denunciar abuso sexual en cárcel de Medellín: “No le compete”
Andrea Valdés habría sido violada por dos guardias del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) entre septiembre y agosto del año pasado en la cárcel El Pedregal. La defensa de la mujer le pidió ayuda al Gobierno para proteger su vida. esta fue la respuesta.
SEMANA conoció la respuesta que el Gobierno le dio al grito de ayuda que Andrea Valdés, actualmente recluida en la cárcel El Buena Pastor, en Bogotá, hizo para que su custodia no estuviera a cargo del Instituto Nacional y Penitenciario (Inpec). El clamor de la mujer se dio después de que decidió denunciar el abuso sexual que habría sufrido por parte de dos guardias de esa entidad.
El abogado Felipe Alzate, apoderado de Valdés, le envió una carta a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, para que apoyara esa petición y la solicitud de sustitución de medida de aseguramiento a prisión domiciliaria, como una medida para proteger a la mujer que hoy sigue custodiada por quienes serían sus verdugos.
Sobre ese llamado, la ministra Buitrago respondió en un documento: “El Ministerio de Justicia y del Derecho en el marco de sus funciones establecidas en el Decreto 1427 de 2017, tiene como objetivo formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública en asuntos carcelarios y penitenciarios, en consecuencia no le compete brindar asistencia judicial a las personas privadas de la libertad, ni coadyuvar sus solitudes de subrogados penales”.
Aclaró también que son las autoridades judiciales como los jueces, los únicos competentes para resolver la solicitud que Andrea Valdés esta haciendo en medio del temor y la incertidumbre que le ha generado el escalofriante capítulo que tuvo que vivir en la cárcel El Pedregal, en Medellín. SEMANA reveló el testimonio que dio la mujer sobre cómo dos guardias del Inpec la habrían violado. Lo más grave es que quedó embarazada producto del presunto abuso y fue obligada a abortar.
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La repuesta sobre su custodia
El Ministerio de Justicia también explicó que desde que conocieron el presunto abuso sexual denunciado, el Inpec tomó medidas para trasladar a Andrea a la cárcel La Picaleña, en Ibagué a principios de enero de este año. Días más tarde salió para el Buen Pastor, en Bogotá, donde sigue recluida.
Pero sobre la solicitud de que sea traslada a un sitio de reclusión que no esté bajo custodia del Inpec, el Gobierno respondió: “el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario es la entidad ilamada a estudiar su solicitud y cuenta con la facultad discrecional para considerar justificado o injustificado ei traslado de los internos”. Es decir, la entidad de la que hacen parte sus presuntos victimarios, es la que definirá su suerte. Aunque el minJusticia también advirtió que el Inpec no podrá tomar decisiones sin una orden judicial de un juez.
La ministra también aseguró en ese documento que no ha sostenido ninguna reunión personal con Valdés, ni ha recibido manifestaciones sobre actos ilegales al interior de la cárcel El Pedregal, en Medellín. Esto después de que la defensa de la mujer informó que la funcionaria la visitó y supo de las aberraciones que se habrían dado en su contra.
