El nuevo llamado de la Procuraduría con la reforma tributaria, de cara a la transición energética

Se sabe que la transición energética es un paso que están dando todas las naciones, que Colombia quiere pisar el acelerador, pero el costo de hacerla es bien alto. El tema está metido en medio de los controversiales debates de la reforma tributaria, porque allí se introdujeron modificaciones al impuesto al carbono, según las cuales, se elimina la destinación específica del recaudo que se logre con ese tributo.

Con la normatividad vigente, hasta antes de la reforma tributaria, el recaudo del impuesto nacional al carbono debe ir al Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible, para que se dispongan de recursos que permitan enfrentar problemáticas ambientales.

El gravamen recae sobre el contenido de carbono equivalente (CO2) de los combustibles fósiles, incluyendo todos los derivados del petróleo y todos los tipos de gas fósil que sean usados para combustión, lo que está en línea con los pasos que viene dando Colombia y muchos otros países, hacia la transición energética, en busca de reducir el efecto que dichos combustibles tienen sobre el grave problema global del cambio climático, que amenaza con reducir las posibilidades de sobrevivencia en la tierra.

Ahora, la Procuraduría salió a emitir un proununciamiento, según el cual, los Ministerios de Hacienda, y de Ambiente, al igual que el Congreso de la República, donde se adelanta el trámite de la reforma tributaria, deberán “contemplar medidas más contundentes y específicas para la protección del medio del ambiente y el estímulo a la transición energética en la Reforma Tributaria que actualmente se encuentra en debate”.

La Procuraduría General llamó la atención en el hecho de que, si bien el proyecto de ley que va por un total de 22 billones de pesos, contempla como uno de sus objetivos la protección del medio ambiente, no deja de generarles preocupación el contenido de algunos artículos que, a juicio del Ministerio Público, originarían regresividad en dicha protección.

Lo que alarma a la entidad

La Procuraduría, que ya ha hecho varios reparos a la Reforma Tributaria, señala ahora que uno de los aspectos que más le hace prender las alarmas es la eliminación de la destinación específica del impuesto al carbono, decisión que según el Gobierno fundamenta en que “la ejecución de esos recursos podría ser más eficiente por medio del presupuesto general de la nación”.

El Ministerio Público recordó que en distintas oportunidades, ya esa entidad ha advertido sobre “la problemática que se presenta respecto a la ejecución efectiva de los recursos recaudados por el impuesto del carbono”.

Desde la perspectiva de la Procuraduría, dicha problemática “no encuentra una respuesta efectiva a través de la eliminación de la destinación específica de los recursos recaudados por el llamado Impuesto al Carbono, creado a partir de la Ley 1819 de 2016″.

En la mencionada ley se habla de que esos dineros deberán ser invertidos en “el fortalecimiento ambiental del país, la erosión costera, la lucha contra el cambio climático, la reducción de los gases de efecto invernadero, la conservación de fuentes hídricas, la protección de ecosistemas y los lineamientos que para tal fin establezca el Ministerio de Ambiente.

Ojo a la dispersión de recursos financieros para el tema ambiental

Así las cosas, “la propuesta de eliminar la destinación específica del gravamen, no resuelve la debilidad que se pretende solucionar, y podría conducir a la dispersión de recursos financieros fundamentales para abordar los retos de la transición energética, el cumplimiento de los compromisos del país en torno a la crisis climática, y la contención del flagelo de la deforestación”, concluye la Procuraduría.

El llamado concreto es a que, “en lugar de eliminar la destinación específica de este recaudo, se corrijan las deficiencias en la inversión del impuesto, estableciendo instrumentos que permitan acoger las recomendaciones expresadas a nivel nacional e internacional por distintos actores y grupos de interés para la gobernanza y supervisión de la ejecución de los recursos, como son las relacionadas con la necesidad diseñar acuerdos institucionales que permitan identificar los roles y funciones frente al tributo, establecer procedimientos claros y transparentes de inversión, así como fortalecer la capacidad y articulación institucional para estos fines”.

Mientras esa es la posición de la Procuraduría, son varias las voces que salen a abogar para que en Colombia no se de tan rápido la transición energética. No solo porque Colombia no es un alto aportante de CO2, sino porque sus ingresos públicos -en mayoría- dependen de la explotación de los combustibles fósiles.