El nuevo tsunami político de Hidroituango

Si las aguas del río Cauca sacudieron las entrañas de Hidroituango con la emergencia generada hace casi dos años, la decisión que acaba de tomar la Contraloría General de la República va a estremecer la estructura empresarial y política del país, y será clave para la definición del futuro de este proyecto hidroeléctrico.

La Contraloría imputó responsabilidad fiscal por la suma de 4,1 billones de pesos contra 28 funcionarios y contratistas que habrían afectado la operación del proyecto Hidroituango. Este valor es el resultado de un lucro cesante calculado en más de 1,1 billones de pesos y una pérdida del valor del proyecto por una cifra superior a 2,9 billones. Para el organismo de control, la decisión obedece a una larga cadena de errores que se dio desde la planeación del proyecto y su diseño hasta su ejecución y control. La asignación de la obra, las demoras y retrasos, el plan de aceleración y la emergencia que se generó por el derrumbe de un túnel de descarga de agua ejemplifican el traumático desarrollo de esta iniciativa, llamada a convertirse en el proyecto de generación de energía más grande del país con una capacidad de 2.400 megavatios.

Además, se produjo un desmesurado aumento de los costos de Hidroituango. De 6 billones de pesos en los que estaba presupuestado en principio, por las fallas e improvisaciones, terminó costando cerca de 13 billones de pesos por la destrucción del valor del proyecto a junio de 2019. El contralor general, Carlos Felipe Córdoba, cuestionó también los compromisos de Empresas Públicas de Medellín (EPM), que tiene a cargo la obra, con la generación de energía que comenzaban en 2018 y se extienden hasta 2038, pues de este proyecto depende parte de la demanda energética que debe atender Colombia de cara a la próxima década. Además de la billonaria cifra por la que tendrían que responder los imputados, el mayor impacto que generó la noticia se dio por los nombres de los involucrados en el proceso desde el punto de vista político y empresarial.

Sergio Fajardo, exgobernador y exalcalde de Medellín, precandidato presidencial y uno de los nombres más opcionados para llegar a la jefatura de Estado, es tal vez el más simbólico. Sin embargo no es el único. Luis Alfredo Ramos –exgobernador de Antioquia–, Aníbal Gaviria –actual gobernador del departamento–, Alonso Salazar –exalcalde de Medellín– y los exgerentes de EPM Federico Restrepo y Juan Esteban Calle hacen parte del grupo de imputados; al igual que Álvaro Vásquez e Iván Pérez, exgerentes del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea).

También empresas como las que componen el consorcio constructor de obras principales –la brasileña Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa Ramón H.–, los constructores de los túneles –Ferrovial de Chile y Sainc Ingenieros–, el interventor Ingetec e Integral en el diseño.Entre los cargos que se imputan a los exdirigentes paisas se encuentra la omisión de tutela, pues la Contraloría encontró que, en sus versiones, ninguno de los exmandatarios dio razón de por qué no estaban al frente de decisiones tan importantes para la vida del proyecto.

La tormenta política

El proceso de responsabilidad fiscal se inició hace un año y, según la misma Contraloría, se estima que en cerca de un año y medio se conocerá el fallo definitivo. Mientras tanto, el escenario político está sacudido y el económico sigue en observación. Aunque el vicecontralor general, Julián Ruiz, señaló que en este momento no tiene ninguna consecuencia adicional al proceso de imputación, los tiempos parecen dar otra señal. En unos 18 meses el país estará en medio de una de las jornadas electorales más tensas y polarizadas de la historia. Y uno de sus protagonistas está inmerso en este proceso: Sergio Fajardo.

Él tiene una de las favorabilidades más altas en las encuestas y se ha convertido en uno de los referentes del centro del espectro político. Pero ahora el descalabro de Hidroituango podría salpicar sus aspiraciones presidenciales.Gustavo Petro no perdió oportunidad de atacarlo y lanzar otros dardos al señalar en un trino: “Sergio Fajardo es responsable fiscal de la pérdida de casi 9 billones de pesos por el desastre de Hidroituango, según la Contraloría Nacional. Por acelerar las obras se produjo el desastre, querían negocios rápidos con una junta de EPM manejada por el GEA, el grupo que lo financia”.

Las suspicacias políticas no se han hecho esperar. La representante Juanita Goebertus, del Partido Verde y muy cercana a Fajardo, respondió en su cuenta de Twitter: “Gobierno y partidos tradicionales montaron a un contralor que quiere sacar del camino a Fajardo. Petro se los celebra”. Por su parte, Fajardo se ha defendido y señaló que “la Contraloría está haciendo lo que tiene que hacer: investigar y yo responderé por cada una de mis actuaciones”. Explicó que delegó su representación en la Junta en tres funcionarios de idoneidad, de excelentes calidades profesionales y que le han acompañado durante varios años (ver recuadro).

Si eventualmente Fajardo llegara a ser condenado por responsabilidad fiscal podría quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos, pero de acuerdo con el fallo reciente de la Corte Interamericana –precisamente en el caso de Petro– no se pueden limitar derechos políticos de quienes han sido elegidos por voto popular. Allí habría espacio para otra batalla jurídica.

Pero mientras unos están emproblemados, otros sortearon con éxito esta etapa. La Contraloría archivó el proceso contra el exgerente de EPM Jorge Londoño de la Cuesta y el anterior alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, quien también aspira a la Presidencia, no fue vinculado. Según la Contraloría, el periodo que se analizó en el que se cometieron los hechos generadores del daño se estableció entre 2008 y 2015. La decisión de la Contraloría aparece unos meses después de conocerse la solicitud de conciliación por 9,9 billones de pesos de la Alcaldía de Medellín y EPM con varios de los imputados por el ente de control, como los constructores, diseñadores e interventores, además de las aseguradoras.

Esto desató una crisis institucional en Antioquia, desencadenó la renuncia en pleno de la Junta Directiva de EPM, argumentando fallas en el gobierno corporativo y el cisma puso en jaque al mismo proyecto, pues la calificadora Fitch criticó las fallas en la gobernanza de la empresa. Por estos días está por definirse ese proceso de conciliación que, al parecer, no prosperará por el monto de la cifra –irreconciliable por el tamaño de las empresas– y el riesgo de un eventual detrimento patrimonial del funcionario que la firme por un valor menor.

La tensión política que se vive hoy ya se había reflejado con la decisión del alcalde Daniel Quintero de iniciar el proceso de conciliación y demanda, que fracturó la institucionalidad paisa. De hecho, la posición del mandatario logró juntar dos extremos: a Germán Vargas Lleras y a Gustavo Petro, que respaldaron en su momento las actuaciones del alcalde de Medellín.

De otro lado, si algo revelan las decisiones de la Contraloría es lo que algunos están llamando “la endogamia paisa”, en la que los políticos y los empresarios han trabajado en llave para generar riqueza pública y privada, lo que ha significado la innegable transformación económica, cultural y social de Medellín. Sin embargo, parece que la cercanía era más que evidente, como lo expuso el alcalde Quintero cuando decidió demandar al consorcio constructor y a otras empresas. Hoy la Contraloría parece darle la razón.

¿Y el proyecto?

Pese a toda esta situación, las obras continúan en Hidroituango. Justo este viernes ingresaron a la casa de máquinas las primeras virolas que hacen parte de los equipos de reposición que desaparecieron durante la contingencia, cuando el río Cauca pasó por las cavernas de manera descontrolada. Estas virolas son piezas de acero “que se ensamblan para hacer parte de un tubo de grandes dimensiones que conduce el agua después de pasar por las turbinas”. Se calcula que la obra está en un avance de 82 por ciento, frente al 87 por ciento en el que se encontraba cuando el río Cauca fue desviado por los túneles de captación. Así las cosas, y a pesar de las dudas sobre el desarrollo del proyecto, las primeras dos unidades podrían estar generando en el primer semestre de 2022. Y las ocho turbinas estarían listas en 2023.

Las condiciones de trabajo que impuso la pandemia trajeron un nuevo retraso, pues Hidroituango tuvo un pico de 900 contagios hace unos meses. Por otro lado, el próximo 31 de diciembre termina el contrato con el consorcio constructor CCC. Este consorcio pretende continuar con las obras del proyecto hasta su culminación total. Sin embargo, ya se sabe que hasta los pasillos de EPM y de la Alpujarra han llegado contactos de diferentes empresas del mundo, incluidas chinas, interesadas en continuar las obras. Será una de las decisiones clave en las próximas semanas.

En cuanto al papel de las aseguradoras, en EPM afirman que Mapfre empezó los desembolsos aun cuando ya se habían anunciado investigaciones por parte de la Contraloría y de la Procuraduría. Hasta ahora, no creen que los giros que ha hecho la firma española cesen, por el contrario, tienen firmeza en que pronto recibirán un tercer adelanto. La duda es si estos recursos llegarán al ritmo que necesita el proyecto.Pero uno de los puntos que está en el aire es qué pasará con la modificación de la licencia ambiental. Según la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), a la fecha el futuro del proyecto se encuentra supeditado a la presentación de un documento del perito experto, exigido por esta entidad “como condición para pronunciarse de fondo sobre la medida preventiva impuesta mediante Resolución 820 del 1 de junio de 2018, con la cual se suspendieron las actividades de construcción (diferentes a las requeridas para atender la contingencia), así como la operación del proyecto”.

Este punto es definitivo en la culminación de la obra. ¿Por qué? Según expertos consultados por SEMANA, la falta de definición en materia ambiental puede causar un default técnico con algunos de los bancos que tienen apalancado el proyecto. Si en un plazo determinado el proyecto no tiene la licencia ambiental, los bancos pueden llegar hasta ahí y exigir las obligaciones.La novela de Hidroituango parece que va para largo y cada vez escribe nuevos capítulos. Mientras avanzan las investigaciones, la esperanza está puesta en que pueda entrar pronto a operar no solo para recuperar la inversión, hoy bastante embolatada, sino para garantizar la seguridad energética del país.

“Nunca he sido corrupto”

En diálogo con SEMANA, Fajardo defendió su actuación en la Junta Directiva y habló de la verdad como principal herramienta de defensa ante el organismo de control. “La Contraloría está haciendo lo que tiene que hacer: investigar, y yo responderé por cada una de mis actuaciones”.

También explicó que delegó su representación en la Junta en tres funcionarios de idoneidad, de excelentes calidades profesionales y que le han acompañado durante varios años.Con ellos –según el candidato– se reunió constantemente para examinar los dos aspectos fundamentales que le correspondía atender: el cronograma y el flujo financiero del proyecto. Las actuaciones técnicas recaían en EPM. “Me están investigando porque la Contraloría piensa que esa forma de conducir no era la adecuada (…) me vinculan para explicar el control y seguimiento realizado a las personas que delegué ante la junta directiva”.

No quiso responderle a Gustavo Petro, su principal atacante, quien ya lo condenó en redes sociales. Dijo que nunca ha sido corrupto, no está condenado y sobre él recae una imputación de la que se defenderá con sus abogados.