El oro maldito: SEMANA acompañó a las autoridades en las operaciones contra la minería ilegal del ELN en Chocó

Sobrevolar el departamento del Chocó genera un sinfín de sentimientos. Desde el cielo se ve lo hermoso de sus paisajes, pero también la arrogancia del ser humano que, a cualquier precio, quiere robarle terreno al ecosistema. Del imponente río Atrato y los brazos fluviales que lo alimentan queda poco, se ve débil y sediento.

Junto a la tierra árida que antes vio correr miles de litros de agua se observan gigantes pozos azules. Son socavones que hicieron quienes se dedican a la explotación ilícita de oro con retroexcavadoras, dragas y todo tipo de maquinaria pesada. El exótico color se lo da el mercurio, una de las sustancias más tóxicas y peligrosas para el ser humano, la fauna y la flora.

Al ver esa escena, el mayor del Ejército Jaime Salinas se lleva las manos a la cabeza y se niega a creer que el río pueda desaparecer como ya pasó con el río Sambingo, en el Cauca. A bordo de un helicóptero Black Hawk, a más de 100 metros de altura y a una velocidad de 150 kilómetros por hora, por un teléfono satelital recibe instrucciones del coronel William Virgüez, comandante de la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros: hay que destruir la maquinaria. Con cada draga se afectan mínimo cuatro hectáreas y varios metros de profundidad, que para recuperar se podría tardar medio siglo.

Cinco minutos antes de aterrizar, los tripulantes de la aeronave, que son comandos especializados, se persignan mientras hacen a un lado el barco inflable que cargan con ellos en caso de recibir disparos y ser derribados en medio de la operación. El peligro es latente, pues a fin de cuentas, están entrando en el corazón financiero de las guerrillas, disidencias y bandas criminales. La inteligencia, las Fuerzas Militares, la Policía y la Fiscalía han identificado que detrás de la minería ilegal están los grupos armados al margen de la ley.

En esa zona del Chocó, Istmina y sus alrededores, hay injerencia del Clan del Golfo y del ELN. Para los delincuentes resulta más rentable la minería de oro que el mismo narcotráfico. El precio de un kilo de coca en Colombia está alrededor de 6.500.000 pesos, mientras que un kilo del metal vale 183 millones. El procesamiento de la coca es más lento, mientras que el oro, luego de ser extraído, tiene facilidades para su legalización en el mercado. Una vez es fundido, lo camuflan en herramientas de mano, varillas o incluso directamente en cadenas, relojes y otras joyas que pasan desapercibidas. Después lo comercian en compraventas y empieza su viaje por el mundo.

La ONU, con apoyo del Ministerio de Minas en su más reciente informe (publicado en julio) de explotación de oro de aluvión (minería a cielo abierto), reportó que 87 por ciento de las evidencias de la explotación se concentra en tres departamentos: Antioquia, Chocó y Bolívar. El 69 por ciento es minería ilícita y la mayoría se lleva a cabo en zonas de reserva forestal. Cerca de la mitad de estos terrenos también tienen a su alrededor cultivos de coca.

En 2016, el río Atrato fue declarado por la Corte Constitucional como sujeto de derecho con la sentencia T-622. Esto significa que tiene los mismos derechos que un ser humano, esa fue una herramienta clave para preservar la vida del afluente y de las especies que viven en su ecosistema. Por eso las autoridades hacen hasta lo imposible para cuidarlo. Cincuenta hombres del Ejército lideraron, el 4 de agosto, una gigantesca operación conjunta contra la minería ilegal que controla el frente Cacique Calarcá del ELN en Istmina (Chocó).

En tierra, los integrantes del Ejército y la Policía acordonan la maquinaria. Las dragas apartan a las más de 25 personas que trabajan por punto para evitar que intervengan en la destrucción de ellas. “¡Miserables!, ¿no ven que con eso están destruyendo la posibilidad de llevarles una libra de arroz a mis hijos?”, grita con voz quebrada uno de los hombres que se encuentran en el lugar. Llama con su celular a alguien y le cuenta lo que está pasando. Cinco minutos después se oyen ráfagas de disparos de fusil del otro lado del río. “¡Agáchense, agáchense!”, ordenan los militares tratando de resguardarse.

Sin embargo, la operación continúa, la misión es destruir las máquinas para evitar que con ellas se siga generando más daño. Lo que la población no comprende es que ese oro que suple sus necesidades está llevando a sus hijos a alimentarse con agua y peces contaminados. En el futuro, dos problemas más: por un lado, tragedias irreparables por desbordamientos al desviar el cauce del río; y por el otro, escasez de agua. “¿Por qué a las grandes mineras no les queman las máquinas, si ellos también acaban con el medioambiente y se llevan la plata para otros países?”, cuestionan los lugareños. El mayor Salinas les explica que estas grandes compañías se comprometen con el Estado a hacer planes de recuperación de los recursos naturales; además, tienen que entregar proyectos sociales que beneficien la calidad de vida de los habitantes del lugar y tienen prohibido explotar zonas protegidas. Si cumplen con todos estos requisitos, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales otorga el permiso.

SEMANA preguntó a uno de los hombres que estaban a la orilla del río reclamando a los militares quiénes eran los dueños de las máquinas que estaban a punto de destruir, y su respuesta fue que ellos eran los propietarios. Argumentó que con esfuerzo sacan un millón de pesos y con eso pagan la millonaria maquinaria. Con calculadora en mano, al darse cuenta de que era casi imposible lograr esa adquisición, sonrió y se negó a entregar detalles sobre para quién trabajaban.

El coronel Pedro Astaiza, del grupo especial que lucha contra la minería ilegal en la Policía, indica que las investigaciones han arrojado que muchos de los pobladores son instrumentalizados por los grupos ilegales que se disputan el control del oro. Por cada máquina cobran mensualmente una vacuna de al menos 5 millones de pesos y 10 por ciento de todo lo que entre y salga del lugar. Las estructuras criminales les suministran las herramientas a los mineros. Se calcula que en un mes recuperan la millonaria inversión. Para entrar la maquinaria a la zona lo hacen por partes y posteriormente la arman, porque saben que las autoridades ya tienen identificadas las zonas por las que se mueven.

En medio de las operaciones han encontrado que las máquinas son disfrazadas de chozas de paja, pretendiendo que las autoridades las confundan desde el aire con viviendas. Otras de las estrategias utilizadas por la población es subir a niños y mujeres embarazadas a las retroexcavadoras y así evitar que les prendan fuego e incluso en algunos puntos, hombres con cilindros de gas amenazan con inmolarse si la operación militar continúa. Por ello, en esas actividades el Esmad hace presencia para evitar asonadas. Mientras todo eso pasa, un grupo experto en explosivos alista la carga con la que, de manera controlada, destruirán las millonarias máquinas.

“¡Fuego a la vista!”, es la frase que se escucha tres veces a varios metros de distancia. En ese momento, todos los que están en el punto se tiran al piso para cubrirse de la onda explosiva. En cuestión de segundos las retroexcavadoras, dragas y motores quedan envueltos en llamas. Una ola de calor golpea los rostros que alcanzan a divisar a lo lejos una capa negra de humo en la que se esfuman millones de pesos que alimentan el corazón financiero de los grupos criminales.

En lo corrido del año, el Ejército ha capturado a más de 400 personas por delitos ambientales y les han quitado a las organizaciones ilegales más de 165.000 millones de pesos, dinero que iba a ser utilizado en el pago a sicarios, en la cadena del narcotráfico y otros hechos delictivos, mientras Colombia ve secar sus ríos. Desde el Gobierno nacional son conscientes de que es necesario buscar estrategias para que las comunidades tengan satisfechas sus necesidades básicas y así evitar que los delincuentes ganen este pulso.