El oscuro y trágico adiós de Electricaribe

La tragedia llegó con un cable caído. El primero de septiembre Johanna Montañez de la Cruz caminaba con su esposo y su hija de cuatro años cuando recibió una descarga eléctrica luego de que explotó un transformador de energía. Los vecinos se alarmaron con el sonido y las chispas que salieron del poste. A los pocos segundos vieron un cuerpo tendido en el piso. Intentaron auxiliarla, alguien cogió a la pequeña, el esposo intentó quitarle los alambres con un palo de escoba. La mujer murió a la vista de todos.

Era la tercera vez en el mes que se caían los cables de la calle 74C con carrera 24C, en el barrio Carlos Meisel, suroccidente de Barranquilla. Los vecinos habían reportado la situación a Electricaribe y solo llegaron a arreglar los inconvenientes con el transformador después de la muerte de la mujer de 27 años. Como la de Johanna hay innumerables historias de dolor y lágrimas que dejó la intervenida empresa de energía. Pero desde el primero de octubre la reemplazaron Air-e y Afinia, los nuevos operadores del servicio en la región Caribe.

El camino para estos nuevos actores empresariales en esta parte del país está lleno de retos y tareas pendientes. Air-e pertenece al Consorcio de Energía de la Costa, conformado por Energía de Pereira S. A. ESP y Latin American Capital Corporation. Afinia forma parte del grupo empresarial antioqueño EPM. Ambas tomaron el control esta semana tras un discurso optimista del presidente Iván Duque y anunciaron inversiones superiores a los 12 billones de pesos en los próximos diez años.

Electricaribe tocó fondo en octubre de 2016 cuando varios generadores de energía le pusieron la luz roja y le dijeron que no le vendían más porque, según señalaron, no tenían garantía alguna de recuperar su dinero. Entonces al Gobierno nacional no le quedó otra opción que salvar lo que quedaba del naufragio y meterse la mano al dril para evitar un apagón monumental. Solucionó lo inmediato al intervenir la empresa con la Superintendencia de Servicios Públicos y al inyectarle capital con dos Conpes por 860.000 millones de pesos. La mayor parte de ese dinero sirvió para comprar energía y hacer inversiones urgentes y el resto sirvió para comprar algunos equipos.

La crisis completó casi una década, pero los antecedentes de la empresa se remontan al 2000, cuando el Grupo Unión Fenosa tomó el control de Electricaribe y Electrocosta. En 2007, las dos compañías se fusionaron y en 2009 Unión Fenosa se convirtió en la multinacional española Gas Natural Fenosa, hoy conocida como Energy. Pero lo que parecía entonces una bendición para los usuarios, con el paso de los años terminó convertido en una pesadilla.

Balances recientes hechos por especialistas en el sector señalan que la crisis, reflejada en un pésimo servicio, se originó porque la empresa española solo invirtió en promedio entre 100.000 y 200.000 millones de pesos anuales, muy por debajo de los requerimientos mínimos de 700.000 millones.

En la herencia recibida por los nuevos operadores están 2.700.000 clientes, o sea cerca de diez millones de usuarios, casi el 80 por ciento pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, de los cuales 175.000 tienen facturas subsidiadas. Además, con una fama generalizada por la empresa saliente de ser “mala paga” y de “autosuministrarse la energía de manera ilegal”, uno de los principales argumentos de Electricaribe para excusar la baja inversión.

Esa empresa dejó a Air-e y Afinia 10.000 kilómetros de redes en mal estado, con varios tipos de materiales, desde aluminio hasta cobre. De esto poco quedó después del desmonte y de una no muy clara destinación hecha por la empresa. Esta precariedad de las redes es la consecuencia de una combinación letal: ausencia de mantenimiento y condiciones climáticas adversas.

De subestaciones, piezas claves en la red de distribución, mejor ni hablar porque la mayoría opera a su máxima capacidad o por encima de ella. Lo demuestran las constantes fallas e interrupciones del servicio en múltiples puntos de la región. Para colmo de males, muchas requieren cambios urgentes, pues están construidas con equipos cuyos repuestos ya no se consiguen en el mercado. Eso explica la tardanza en las reparaciones.

Electricaribe, por ejemplo, dejó unos 60.000 transformadores de diferentes capacidades que hace rato terminaron su vida útil. Reponerlos rápido es casi imposible debido a que son carísimos. Hace solo un par de meses, la intervenida empresa anunció una inversión de 250.000 millones de pesos y, al final, no compró ni 100 unidades. Por eso, presenciar sus explosiones, como la de aquella noche en el barrio Carlos Meisel, en Barranquilla, se ha convertido en un hecho cotidiano para los usuarios. Algunas veces termina en muertes como el caso de Johanna Montañez de la Cruz, y daños en equipamiento de empresas y electrodomésticos en casas.

Esa obsolescencia de equipos y redes trajo como consecuencia que para reparar un daño en un lugar específico haya que suspender el servicio en todo un barrio, en un municipio o grandes sectores de las ciudades capitales. Esas interrupciones, muchas veces, suelen terminar en bloqueos de vías y en situaciones de alteración del orden público.

José Miguel Dau David, un reconocido médico dermatólogo de Santa Marta, falleció el 30 de agosto porque, según sus familiares, tuvo complicaciones de salud luego de que un operario de Electricaribe suspendió el servicio de su residencia. El hombre se encontraba conectado a un respirador mecánico, pues tenía problemas respiratorios y renales.

De nada sirvieron los reclamos y ruegos de la familia, que pedía a los técnicos, como un gesto humanitario, entrar a la vivienda a verificar la situación de salud del médico Dau. Trataron de explicarles que la suspensión estaba ordenada sin tener en cuenta las reclamaciones hechas por unos cobros excesivos en la factura. “¿Usted sabe que ahí dentro hay un señor que se está muriendo con un respirador?”, le dijo una de las familiares al trabajador, en un video que quedó como evidencia del duro momento. “Cualquier cosa, ahí está el supervisor”, se oye decir al operario.

A los nuevos operadores también los determinarán unos contratos con alto nivel de exposición en bolsa para la compra de energía a los generadores. Esos acuerdos los obligan a invertir mucho más cuando las condiciones climáticas no son buenas para las hidroeléctricas, lo que podría representar variaciones en el precio final cobrado a los usuarios.

No todo es malo, sin embargo, porque las nuevas compañías sí tienen garantizada una demanda de energía en constante crecimiento, casi en 1 punto porcentual por encima del promedio nacional, que es de 3,5 por ciento anual.

Por eso, según el representante por Atlántico César Lorduy, experto en energía y uno de los congresistas que trazaron la hoja de ruta para la transición, “hoy cualquier operador distinto a la nefasta Electricaribe es una esperanza, porque existe la posibilidad de que le vaya bien”.

Para el congresista, Afinia y Air-e deben disminuir el promedio de suspensión del servicio, que en estos momentos está en 120 horas anuales, y poner un máximo esfuerzo en disminuir la subnormalidad de la mano de los entes territoriales.

Ya asumieron sus funciones, pero se sabe muy poco de los términos específicos del acuerdo entre las nuevas empresas y el Gobierno nacional, porque todo quedó bajo confidencialidad. Air-e entró a prestar sus servicios en lo que se llamó inicialmente el segmento Caribe Sol, los departamentos de La Guajira, Atlántico y 19 municipios del Magdalena. Afinia entró a Bolívar, Cesar, Sucre y el resto del Magdalena, el antiguo segmento Caribe Mar. Con ello concentran la nada despreciable suma del 22 por ciento del mercado nacional.

La superintendente de servicios públicos, Natasha Avendaño, anunció que durante los primeros cinco años evaluarán a los nuevos operadores en 28 indicadores de gestión. Y confirmó que el nuevo año vendrá con aumento en las tarifas. Esto, según la funcionaria, flexibiliza los puntos de partida para Afinia y Air-e, en términos de pérdidas e indicadores de calidad.

En efecto, tendrán que superar el gran reto de ganarse la confianza pisoteada por Electricaribe durante muchos años y dejar atrás tantos casos dolorosos como los de las familias Dau y Montañez.