El otro delito que podría sumarse al proceso de corrupción en el Quindío

"Existen pruebas sobre la muerte de una persona en Pereira, y estamos indagando si hay una relación de conexidad de este homicidio con las circunstancias que estamos denunciando”.

Esta frase, pronunciada el pasado 7 de abril por el fiscal General, Néstor Humberto Martínez en Armenia, durante la rueda de prensa en la que dio detalles sobre uno de los casos de corrupción más grandes de este pequeño departamento y que tiene escandalizados a los cuyabros.

La noticia, que cayó como un terremoto político, no era para menos. Ese día la Fiscalía ordenó la captura de la ex alcaldesa Luz Piedad Valencia Franco, su esposo Francisco Javier Valencia Salazar y cinco ex funcionarios que hicieron parte de su administración entre 2012 y 2015.

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Valencia Franco es considerada una baronesa electoral del liberalismo en esa región del país, a tal punto que en las pasadas elecciones al Congreso aspiró al senado y aunque fue la más votada en todo el departamento, se quemó. Ella es la archirrival de Sandra Paola Hurtado, la ex gobernadora de Cambio Radical y con quien mantiene una pelea burocrática a muerte.

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A Valencia Franco, su esposo y cinco ex funcionarios la Fiscalía los acusará de elaborar un fraude en el que se habrían apropiado de 22.000 millones de pesos en coimas de los contratos de infraestructura que los habitantes de Armenia pagaron por valorización.

Se trató de un paquete de diez obras cuyo valor estimado era de 100.000 millones de pesos. Lo sorprendente es que en este caso, se pagaron anticipos de las coimas sin que existiera la firma real del contrato y, en otros casos, se adjudicaron sin estudios previos ni disponibilidad presupuestal. Para rematar, la ejecución de las obras, la elaboración de los diseños y la interventoría se les adjudicó a un mismo contratista a través de una maraña de empresas con vasos comunicantes.

El ‘garganta profunda‘ de este escándalo es el contratista Fernando Díez Cardona. Este empresario paisa le contó a la Fiscalía todos los detalles del fraude y la manera como se “amarraron” las adjudicaciones “a cambio de que se le entregara al esposo de la mandataria el 10 por ciento del valor de cada uno de los contratos de obra pública y de las interventoría y el 100% de los contratos de consultoría de diseños”, reveló el fiscal general.

Todos ellos tendrán que responder por media docena de delitos que van desde contratos sin requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, interés indebido, peculado por apropiación y concierto para delinquir.

Pero si las pesquisas de lo ocurrido con el dinero de las obras de valorización avanzan por buen camino, a esa investigación por corrupción podría sumarse un nuevo delito: el de homicidio. De ahí la frase suelta del fiscal general durante la famosa rueda de prensa.

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Fuentes cercanas a la investigación explicaron a SEMANA que el homicidio al que se refiere el fiscal es el de José Germán Valencia Castaño, ocurrido el pasado 21 de febrero en Pereira. El crimen fue perpetrado por dos sicarios motorizados, en el que también resultó herida otra persona con la que la víctima estaba reunida.

Valencia Castaño era el dueño de JVC SAS, una reconocida firma proveedora de equipos y elementos de oficina que tenía contratos con varias alcaldías de la región, entre ellas la de Armenia. Los sabuesos de la Fiscalía lograron establecer que solo ese proveedor se hizo a unos 36 contratos de suministros que superarían los 4.000 millones de pesos.

La Fiscalía cree que entre los protagonistas del fraude hubo diferencias y recobro de plata de los supuestos sobornos.  A partir de ese hecho se investiga si el contratista Valencia Castaño también hizo parte de esa espiral de coimas y fue víctima de alguna retaliación por los dineros que manejó y lo que sabía. Todo ello pone sobre la mesa la posible existencia de un hilo conductor entre el escándalo por corrupción en Armenia y el crimen del proveedor en Pereira.

Algo que descarta tajantemente Andrés Garzón, abogado defensor de la señora Valencia Franco, “Por el contrario, mi cliente es una víctima de ese hecho porque el señor Valencia Castaño no solo era contratista, sino su amigo”, aseguró tras insistir que solo a partir de la audiencia de imputación de cargos decidirán el enfoque de la defensa.

Quienes están de fiesta son las veedurías ciudadanas de Armenia. Desde que el Concejo aprobó las obras por valorización, “no dudamos en denunciar las irregularidades que hoy atiende la justicia” expresó Néstor Herrera, uno de esos veedores.

Y todo parece indicar que esos escándalos apenas comienzan y vendrán más terremotos, porque como lo advirtió el propio fiscal general, en las próximas semanas se darán a conocer los resultados de otra investigación, “la del carrusel de los contratos en el Quindío”.