El otro extraditable que quiso camuflarse en el proceso de paz

Según reportes oficiales, Francisco Pineda Paredes es el responsable de diez toneladas de cocaína incautadas en aguas nacionales e internacionales y el dueño de 2.500 millones de pesos que también cayeron en redadas policiales y militares.

De ahí que para las autoridades no hay duda de que Pineda es el cerebro que manejaba una red criminal que a través de lanchas, barcos y semi sumergibles, enviaba toneladas de cocaína hacia países de Centro América y con destino final en Estados Unidos.

Toda esa red mafiosa estaba montada en los esteros y selvas de los parques Saquianga, Satinga y Mosquera, en el pacífico nariñense. Desde esos santuarios naturales, al parecer,  Pineda montó, custodió y escoltó los alijos de estupefacientes que iniciaban su recorrido por aguas del Pacífico colombiano.

De hecho, las agencias de inteligencia de Estados Unidos, tendrían documentado que Pineda Paredes era el jefe de la organización que cada mes enviaba siete toneladas de cocaína hacia ese país.

Pese a todo ello, el jefe mafioso logró colarse en los listados que la extinta guerrilla de las Farc entregó de todos sus combatientes y milicianos. En esos listados apareció el nombre de Francisco Pineda Paredes.

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Gracias a ese beneficio, el temido narcotraficante pudo concentrarse en la Zona Veredal de Transición y Normalización ubicada en la vereda La Carmelita, en Puerto Asís Putumayo. Pero ello no fue impedimento para que las autoridades le siguieran la pista y mantuvieran vigilancia continua de sus movimientos.

Y precisamente en una de sus salidas de la zona veredal, aprovecharon para capturarlo. Sucedió el pasado 19 de julio en Cali, Valle, junto a otras dos personas que también tenían orden de arresto por pertenecer a una estructura narcotraficante de nivel internacional.

Ahí no pararon las desgracias para el escurridizo capo. El 25 de septiembre pasado la oficina del Alto Comisionado para la Paz, hizo pública la exclusión de Pineda Paredes, como integrante de la guerrilla de las Farc.

“Del listado presentado por las FARC de guerrilleros y milicianos que llegaron a las zonas veredales, y gracias a la información de las entidades que hacen parte del Comité Técnico Interinstitucional para la revisión de listados, la OACP ha excluido hasta la fecha dos nombres que corresponden a Tito Aldemar Ruano Yandun y Francisco Pineda Paredes, en razón de su no pertenencia a dicha organización. Ambos están solicitados en extradición”, dice textualmente el comunicado.

El polémico Habeas Corpus

Esa revelación no fue suficiente para vencer las intenciones del narciotraficante por recuperar su libertad y así evitar su extradiciòn hacia Estados Unidos. La más reciente carta jurídica que se jugó está relacionada con un recurso de Habeas Corpus.

Contra todo pronóstico jurídico, ese recurso le fue concedido por una jueza de Sevilla, un remoto pueblo cafetero ubicado en las montañas de la cordillera central, en el norte del Valle del Cauca.

Hasta ese juzgado primero penal municipal de conocimiento fue a parar el polémico recurso que tuvo además otra llamativa coincidencia: se falló el pasado 16 de octubre; es decir un lunes festivo.

Por ese hecho aparentemente irregular, la Fiscalía capturó este miércoles 25 de octubre a la jueza Aleyda Saavedra Londoño, encargada del juzgado, por los presuntos delitos de prevaricato por acción agravada y abuso de función pública.

En un comunicado oficial del ente investigador, la Direccion Especializada contra la Corrupción, argumenta que dicha investigación contra la funcioinaria judicial se hizo porque “se habría apartado de la Ley, y al parecer otorgó de manera irregular la libertad inmediata de Francisco Pineda Paredes, señalado narcotraficante solicitado en extradición por Estados Unidos y recientemente excluído de la lista de integrantes de las Farc”.

Esta no es la primera vez que funcionarios judiciales resultan salpicados por las argucias o el poder corruptor de reconocidos narcotraficantes que intentaron camuflarse en el proceso de paz con la guerrilla de las Farc.

A mediados de este año se conoció otro escándalo similar que involucró a un reconocido narcotraficante pedido en exradición, también de Nariño.

Se trató de Segundo Villota, un jefe mafioso cuyos nexos con los carteles mejicanos de los Zetas y Sinaloa, están debidamente documentados por las autoridades norteamericanas. De hecho, contra ese capo existen procesos judiciales por cargos de narcottráfico en cortes federales de Florida y Texas, desde 2012.

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Pero lo más grave, es que en Colombia se abrió una investigación que salpicó a un puñado de funcionarios judiciales porque se habrian prestado para montar un proceso por rebelión contra Villota, y de esa manera justificar su pertenencia a esa organización subversiva y gozar de los indultos que ofrece el proceso de paz.

Entre los salpicados figuran dos fiscales caucanos y un investigador judicial de la Sijín, quien le confesó a los investigadores del caso que ese proceso por rebelión contra Villota, se trató de un “montaje”, para favorecerlo.

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Los narcotraficantes Pineda y Villota no son los únicos que intentaron ´colarse´ en el proceso de paz con las Farc, pero sí de los pocos, por ahora, que en su afán por evitar la extradición recurren a prácticas corruptas que salpican a funcionarios judiciales.