¿El país de los incumplimientos y las protestas?

Si algo ha caracterizado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos es en su habilidad para desactivar protestas. Lo hizo con el Paro Agrario, la Justicia, el camionero y el de la Educación.

Lo complejo de esa habilidad es que por lo general la única manera de apagar incendios es con plata y compromisos. Y aunque se trata de respuestas bien intencionadas, en muchos casos factores como el tiempo y la capacidad financiera se encargan de dilatar o frustrar las demandas.

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Eso explica por qué en menos de una semana el país que gobierna Santos en medio de un proceso de paz en marcha, enfrenta cuatro protestas sociales y gremiales aisladas y que en el fondo reclaman lo mismo: cumplir lo prometido.

La mayoría de los colombianos despertaron este miércoles 10 de mayo con miles de taxistas protestando en las principales ciudades para que se ponga fin al funcionamiento ilegal de la plataforma conocida como Uber. Mientras que en Quibdó, Chocó, se levantó un paro cívico de ciudadanos que reclaman las inversiones anunciadas, y en Buenaventura se alista otra protesta similar para el próximo 16 de mayo.

Para empeorar, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, confirmó que también irán a paro y de manera indefinida, a partir de este jueves 11 de mayo, en protesta por los incumplimientos del Gobierno en torno a los 30 puntos acordados para resolver las demandas del sector en materia económica, salud, política y garantías sindicales.

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Para entender un poco el complejo panorama que se está armando en el país, hay que decir que este y casi todos los gobiernos anteriores cargan la pesada fama de incumplidos. Y la razón más sencilla para explicarlo es que la mayoría de las demandas que exigen los sectores que protestan, son las mismas a lo largo del tiempo. Así viene sucediendo con la nivelación salarial en la rama judicial, la chatarrización y mejora de fletes en el sector transportador o la evaluación de docentes en el educativo, solo por citar algunos casos.

Y en medio de ese camino de exigencias gremiales los mandatarios de turno muchas veces hacen concesiones y ganan tiempo, mientras que el problema de fondo sigue intacto; es decir, recurren a pañitos de agua tibia y las reformas estructurales se eclipsan con prebendas sindicales.

En las anteriores protestas el presidente Santos intentó quedar bien con todos y los sentó en mesas a negociar, tal como lo hizo con los camioneros, los voceros del paro agrario y los sindicatos del magisterio. Lo que no está claro es si el costo fiscal de esos diálogos está garantizado; o si el frenazo de la locomotora minera que por años jalonó la economía y el bajonazo de los precios del petróleo, el oro y la devaluación del peso, afectaron los recursos para cubrir el costo de los compromisos adquiridos.

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El eterno retorno

Un ejemplo claro del círculo vicioso en el que se convirtieron esas protestas, es el problema con los taxistas. El gobierno junto a los entes de control y las autoridades combaten la plataforma digital conocida como Uber; de hecho ya la declararon ilegal en el país; pese a todo ello el sistema sigue operando y causando roncha entre los taxistas.

Como el sistema no se ha reglamentado, dentro del gremio existe la sensación de “inacción del Estado”, como lo aseguró Hugo Ospina, uno de los líderes de los taxistas en Bogotá. Todo ello desencadenó en las protestas que colapsaron el tráfico vehicular en varias capitales del país.

Una paradoja similar ocurre con las motivaciones del paro cívico que arrancó este miércoles en Quibdó, Chocó y al que se sumarán el próximo 16 de mayo los habitantes de Buenaventura, Valle.

En esas ciudades reclaman incumplimientos del Gobierno en sectores vitales como salud, infraestructura, educación y saneamiento básico. Cada una de las obras a ejecutar están consignadas en un acta de compromiso que se firmó ante la comunidad, el 24 de agosto de 2016.

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Gilberto Paneso, profesor universitario y uno de los líderes del Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó, explicó que si bien reconocen que muchos de esos proyectos requieren tiempo para su ejecución, “las alarmas se dispararon porque en la mayoría no se han definido los mecanismos de financiación; es decir el dinero no está asegurado”.

Citan casos como el de las vías que unen a Quibdó con Medellín (Antioquia) y Pereira (Risaralda). Aseguran que en la primera carretera faltan 47 kilómetros para pavimentar y el contrato se terminó en diciembre de 2016. En la segunda vía aún se necesitan 23 kilómetros por construir y el contrato culmina este 30 de mayo.

Similares quejas reposan en Buenaventura, Valle. El propio obispo Héctor Epalza emitió un comunicado en el que no solo apoya la protesta cívica, sino que hace un recuento de los incumplimientos en los ocho ejes temáticos que se acordaron, “(…) la Diócesis de Buenaventura, acompaña y se solidariza con las justas exigencias del pueblo bonaverense”.

Ni hablar de lo que sucede con los maestros. Pese a que ya se acordaron 11 de los 30 puntos exigidos, la mesa de diálogo cayó en un ´nudo ciego´ porque según Fecode, desde el Gobierno insisten en que no hay recursos para llegar a un consenso con las demás exigencias como reducir el número de estudiantes por grupo, brindar alimentación y transporte escolar gratuito y mejorar la infraestructura física educativa, todo para implementar la jornada única escolar.

Falta de confianza

La paradoja de estas protestas es que si bien hay evidencias claras en el sentido de que esta vez el Gobierno está cumpliendo lo pactado. Lo cuestionable es que no lo hace al ritmo esperado y eso termina por aumentar la desconfianza.

Por ejemplo, en el caso de los taxistas y su pelea con Uber, la salida oficial fue salomónica porque la declaró ilegal; es decir, esa plataforma podrá funcionar pero en igualdad de condiciones frente a los taxistas.

Pero el tema no se ha reglamentado. Los propios taxistas realizaron operativos para cazar a usuarios y conductores de Uber. Esas represalias, que sobra decir son ilegales, desencadenó en lamentables hechos de violencia como el carro particular que incendiaron en Bogotá el pasado 17 de enero y que culminó con la captura de los taxistas involucrados.

En el caso de Quibdó y Buenaventura, irónicamente este gobierno puso en marcha un ambicioso proyecto de inversiones llamado Plan Pacífico con un fondo de 400 millones de dólares para invertir en obras de saneamiento básico en las cuatro capitales del litoral (Tumaco, Nariño; Guapi, Cauca; Buenaventura, Valle y Quibdó, Chocó).

Por ejemplo, la Ministra de Eduación Yaneth Giha, reveló que se invertirán 40 mil millones de pesos en infraestructura educativa en Quibdó y actualmente se ejecutan dos proyectos que beneficiarán a unos 3.000 niños de las instituciones educativas Pedro Grau y Arola sede Reposo No. 2 y Santo Domingo Savio Sede Principal.

Lo propio aseguró el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien anunció la reapertura para septiembre próximo del Hospital Departamental de Buenaventura, que tendrá servicios de segundo nivel. Añadió que hay otros dos compromisos como el centro regulador de urgencias cuyo proyecto estaría listo en los próximos días, y mejorar los proyectos para 9 centros de salud, conseguir los recursos y empezar el año entrante, indicó el ministro Gaviria.

Por su parte, la ministra de Vivienda, Elsa Noguera, dijo que en cuatro meses el puerto valluno tendrá el servicio de dos plantas de tratamiento de agua, mientras que el secretario general de Presidencia, Alfonso Prada, expresó que “hay múltiples frentes de obra, como la del Sena que vale casi 50.000 millones de pesos, la del colegio vale casi 28 mil millones de pesos, el hospital otro tanto. Son miles y millones de pesos que se van a ver y que van a transformar la vida de los bonaverenses”.

Todo ello demuestra que si bien falta mucho por hacer, en algo está cumpliendo el Gobierno, y pese a ello persiste el inconformismo. De nada sirvieron avanzadas de la semana pasada de casi todo el gabinete ministerial a ciudades como Quibdó y Buenaventura para tratar de desactivar las protestas; ni siquiera el vicepresidente Óscar Naranjo, que es reconocido como un conciliador nato, logró limar asperezas.

Para el politólogo Óscar Duque la explicación surge en una realidad concreta: “los incumplimientos de Santos son sistemáticos y de ahí surge la desconfianza”. Mientras que Gustavo Duncan, también politólogo y analista en temas de seguridad, anticipa que en un escenario actual de protestas y desconfianza, quienes ganan son los uribistas, “porque pescan en río revuelto”.

Duncan también recuerda que si bien en los paros actuales no existe una conexión estructural con organizaciones de izquierda, como para pensar que fue premeditado, “es algo a lo que nos debemos acostumbrar porque esa será la estrategia política de las Farc una vez dejen las armas: recurrir a la protesta legal”.

Así las cosas, todo indica que en el país las protestas sociales serán el pan de cada día y como lo advierte el politólogo Duque, el próximo paro de las Farc ya no será armado y en el monte, sino de civiles y por las calles de las ciudades de Colombia, reclamando los incumplimientos por lo firmado en el proceso de Paz.