"No hay ley estatutaria para tomar decisiones de fondo": abogado de El Paisa

La tierra parece haberse tragado a Hernán Darío Velásquez, alias El Paisa. Lo vieron por última vez entre el 15 y el 20 de julio del año pasado. Desde entonces el temido excomandante de la columna Teófilo Forero se esfumó sin dejar rastro. Nadie sabe ni se atreve a dar noticias suyas. Ni siquiera sus excombatientes más leales se refieren al tema. Dicen que perdieron todo contacto, igual que las autoridades y los organismos de inteligencia del Estado.

Ni siquiera ellos tienen una sola pista certera de dónde está refugiado o información que indique si ahora hace parte de las disidencias. De Miravalle (Caquetá) el exjefe guerrillero huyó cuatro meses después de la llegada a la zona de Iván Márquez en busca de refugio tras la captura de Jesus Santrich. Con este acto, el Paisa enredó su tránsito a la vida civil y de paso revirtió la esperanza de quienes veían su proceso como un modelo de reincorporación por seguir.

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) partirá de este punto el próximo 26 de abril. Ese día la Sala de Reconocimiento de Verdad tomará por primera un decisión definitiva: fijará el castigo para el exguerrillero ante sus reiterados incumplimientos. Al desaparecer, el Paisa se convirtió en el primero en dar motivos para que los magistrados le abrieran un incidente de verificación de cumplimiento, lo que ocurrió hace seis meses.

La Sala de Reconocimiento decidirá el 26 de abril el futuro  del exguerrillero.

Para empezar, nunca contrató a un abogado. Por eso lo representa un defensor de oficio. William Alberto Acosta, que ha tratado de justificar la ausencia del excomandante echando manos de dos argumentos que él mismo dejó sembrados antes de irse:. Se trata de la inseguridad jurídica del proceso y los riesgos para su integridad física. Sin embargo, esos argumentos difícilmente pesarán en el examen de la JEP. ¿La razón?, si hay alguien a quien el Estado le cumplió desde la firma del acuerdo de paz, es a el Paisa.

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El suyo fue el primer proyecto productivo que salió adelante con dinero estatal. No obstante, dejó tirado el proceso de reincorporación con los 544 millones de pesos que le desembolsó el Gobierno para montar la granja integral. Pero eso no es todo. El exjefe guerrillero desatendió uno a uno los llamados que le hizo la justicia de paz en el caso abierto por secuestro. Y ni se molestó en entregar una excusa a tiempo para justificar su ausencia en la entrega de la versión voluntaria.

Ahora bien, en la Carpa Azul ubicada en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle hay constancias de los temores del excombatiente por los sobrevuelos y la presencia de integrantes del Batallón Diosas del Chairá, que no tiene jurisdicción en la zona. Pero también en esos mismos documentos quedaron consignadas las infructuosas respuestas que dieron las autoridades para encarar el tema, que al final de cuentas convencieron al Paisa de emprender la huida.

La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) encontró en su visita a la zona varios detalles reveladores. Un exguerrillero contó que “el Paisa continúa pendiente de lo que ocurre mediante cartas”. Cuando los fiscales de la JEP le pidieron evidencias, el hombre respondió que “quema las cartas por desconfianza” de que lo vinculen con él. Otro de los parágrafos del informe entregado a los magistrados indica que el Paisa no huyó de tajo sino que se le vio rondando por la zona: “El exguerrillero se encontraba en la jurisdicción, pero realizaba movimientos constantes, pernoctando en diferentes sectores”.

Algunos dicen en la zona que el exjefe guerrillero está cerca, escondido en la selva. Otros aseguran que encontró refugio junto a Márquez al otro lado de la frontera, en Venezuela. En ninguno de los dos casos, sin embargo, hay evidencia suficiente para probarlo.

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Del paquete que la Fiscalía le entregó a los magistrados hay un reporte que da cuenta de 41 investigaciones asociadas a su nombre, alias o cédula. De estas, solo dos contienen datos puntuales que por ahora también resultan incipientes. La primera involucra a una mujer de Caquetá que cuenta que un hombre, que dijo trabajar para el Paisa, la llamó para intimidarla. Un desmovilizado que participó en el operativo contra Alfonso Cano reporta una segunda supuesta amenaza. Dice temer por su vida aunque tampoco tiene evidencia que lo soporte.

Con el pan y sin el queso

Hasta julio del año pasado cuando huyó de Miravalle (Caquetá) hizo parte activa del proceso junto con Iván Márquez. Estuvo como negociador en La Habana, ayudó en la etapa de concentración y dirigió uno de los Espacios de Reincorporación más prósperos. 

¿Para cuándo la orden de captura? se preguntan muchos colombianos y las propias autoridades que tienen puesta la lupa en el siguiente paso que dará la JEP. Del abanico de sanciones a las que está expuesto el exguerrillero, la más drástica es la expulsión del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Aunque contempla este castigo para la conducta más grave que puede cometer un excombatiente –rearmarse– no se descarta que la pueda aplicar a otros delitos.

La Procuraduría en su concepto no pidió expulsarlo, pero sí que perdiera los beneficios propios del sistema. Lo fundamenta en que nada indica que haya vuelto a empuñar las armas. Una postura que sin duda tendrá peso entre los magistrados que decidirán el asunto. Así las cosas, todo parece indicar que el Paisa recibirá una sanción ejemplar, pero proporcional y gradual.

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De este modo, la JEP buscaría proteger los derechos de las víctimas. Pensar en devolverlo a la justicia ordinaria reduciría las posibilidades de que quienes hayan sufrido su vejámenes tengan acceso a la verdad y sean reparados.

“La Sala debería considerar de manera especial las consecuencias frente al proceso de paz, en relación con la eventual pérdida de todos los beneficios de Hernán Darío Velásquez, con el fin de ponderar el derecho a la verdad que todavía esperan las víctimas frente a estos hechos”, planteó la procuradora delegada, Mónica Cifuentes, al presentar sus alegatos.

El examen de incumplimiento no se reducirá a escoger entre blanco y negro. No hay ambiente para expulsarlo pero sí para quitarle los amplios beneficios de los que goza. La Jurisdicción de Paz contempla levantarle la suspensión de las órdenes de captura, así como quitarle la amnistía de iure y revocarle la libertad condicionada. Restringirle estos tres beneficios abre otros interrogantes que seguramente serán difíciles de resolver. Por ejemplo, ¿al detenerlo quedaría a disposición de la JEP o la Fiscalía?. ¿Si una vez privado de la libertad, el Paisa decide reanudar su colaboración, la JEP podría devolverle beneficios?- ¿Qué sucedería si una autoridad extranjera lo requiere en extradición sin haber sido expulsado de la JEP?

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Por lo pronto, la persecución al Paisa está cantada. La decisión que tomará la justicia de paz lo pondrá al borde de la cárcel, sometido a una pena de prisión de 5 a 8, si decide continuar colaborando. Si no lo hace su pena podría ascender a 20 años. Y si le comprueban que se rearma quedará a entera disposición de la justicia ordinaria. Eso sí, todo depende de la forma como decida sortear la tormenta que él mismo desató al ausentarse. Si se fue cuando todo lo favorecía, parece poco probable que ahora resuelva aparecer cuando tiene todo en contra. 

Todo lo que sabe

El Paisa participó en varios de los capítulos más sanguinarios que vivió el país. Tendría que hablar sobre estos temas:

1. Los asaltos a las bases militares de Las Delicias, Cerro Patascoy y Quebradas.
2. El asesinato de la exdiputada Betty Camacho y la familia Turbay Cote.
3. La masacre de Gigante en Huila.
4. El secuestro del avión en San Vicente del Caguán.
5. Los secuestros de Miraflores, de Consuelo González de Perdomo, Jorge Gechem y los diputados del Valle.
6. El atentado contra el Club El Nogal.
7. El secuestro de los norteamericanos.
8. 8 El asesinato de Liliana Gaviria.