El poder del procurador Alejandro Ordóñez

Todo parecía haber sido escogido para la ocasión. La iglesia de San Agustín, construida en el siglo XVII, creaba el ambiente de la monarquía en apogeo. El cardenal Rubén Salazar, la máxima autoridad religiosa, prestó los ornamentos y cálices de oro de 1700, los que solo se sacan para ocasiones muy especiales. La misa se ofició a la antigua, en latín y de espaldas a los asistentes. Y no faltó en el repertorio la Misa de Coronación, de Mozart. La misma que según cuenta la historia se interpretó en las celebraciones de la llegada al trono del emperador Leopoldo II.

Como cualquier coronación que se respete, la crema y nata del poder criollo estaba allí rindiendo pleitesía. El país no recuerda boda tan concurrida como esta. Se vieron personajes que podrían ser investigados, que están siendo investigados y personajes sancionados por el procurador. El presidente Juan Manuel Santos. El vicepresidente Angelino Garzón. El comandante de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas. Cuatro ministros del gabinete. Los magistrados de la Corte Suprema en pleno. Casi una decena de magistrados del Consejo de Estado. Algunos de la Corte Constitucional. El fiscal Eduardo Montealegre, la contralora Sandra Morelli, el registrador Carlos Ariel Sánchez. Hasta el presidente del Tribunal Eclesiástico estuvo. Fue el encargado de oficiar la misa. En total, 750 invitados. ¿Acaso estaban allí por el matrimonio de una bella universitaria? 

Se dieron situaciones tan absurdas como que Horacio Serpa o el ministro Rafael Pardo, liberales hasta el tuétano, aceptaron estoicos las cerca de dos horas de una misa en su versión más tradicional: la que impuso el Concilio de Trento, en 1570, como respuesta a la reforma protestante de Martín Lutero.

El procurador, sin embargo, no necesitó ayuda espiritual para ser reelegido. Por primera vez en la historia reciente alguien llegó a ese cargo sin el guiño o el apoyo del presidente de la República. Si bien Santos no se le atravesó en su aspiración y terminó apoyándolo, Ordóñez, al final, ya no lo necesitaba para ganar. Gracias a una astuta jugada de la Corte Suprema, Ordóñez se aseguró temprano en la terna. Luego no valió que los liberales, liderados por el expresidente César Gaviria, dieran la batalla en la Casa de Nariño para tratar de conseguir el aval de Santos. El triunfo de Ordóñez, al final, se hizo inevitable. Entre otras cosas, gracias a estratégicas cuotas burocráticas dadas a unos congresistas y al miedo de caer en manos de la Procuraduría que invadió a otros. En un sistema político diseñado para que el presidente concentre el poder y sea el que dé el guiño para elegir a los jefes de los organismos de control, el caso Ordóñez resultó inédito. El no deberle el puesto al gobierno lo deja en una posición privilegiada. Tal vez como ningún otro procurador o fiscal en la historia reciente.

Por eso, el 15 de enero, cuando se posesionó para su segundo periodo ante un público que colmó hasta las banderas el salón Gobelinos de la Casa de Nariño, lo primero que hizo el procurador fue quejarse. “Señor presidente, concluye un año largo, muy largo, que precedió a mi elección, sometido a una especie de matoneo o ‘bullying’ mediático”. La imagen era paradójica: uno de los hombres más poderosos del país se quejaba por acoso. Y como si fuera poco advirtió: “Si ello hubiere prosperado me habría declarado como el primer discriminado del país”. Se refería a los cuestionamientos que le hicieron sus contradictores por mezclar sus convicciones religiosas con el manejo de temas como el aborto o la defensa de los derechos de los homosexuales. En ese contexto, también, pues, la celebración de la semana pasada tenía cierto sabor de desquite.

Dicho todo esto, el hecho de que el procurador haya invitado a tirios y troyanos no quiere decir que estuvieran obligados a asistir. Algunos de ellos lo hicieron porque, como le dijo a SEMANA un importante personaje : “¿y quién se atreve a no ir”. 

¿Por qué es tan poderoso?

Hoy por hoy la Procuraduría es el más codiciado aparato burocrático del país, por lo menos en lo que a puestos de altos salarios se refiere. La Procuraduría tiene 400 cargos de más de 18 millones de pesos y 300 más de 10 millones de pesos. Ese ponqué, que se sueña cualquier partido político, está en manos de un solo hombre: Alejandro Ordóñez.

El otro flanco de poder está en los lazos tan fuertes que lo vinculan con las cabezas de las Cortes y otros organismos de control. Dos de los presidentes de las altas cortes que acaban de ser nombrados son de su cuerda: la presidente de la Corte Suprema, Ruth Marina Díaz, se declara orgullosa de ser su amiga y explica que fueron compañeros de pupitre en la Universidad Santo Tomás, en Bucaramanga (una sobrina suya trabaja en la Procuraduría). Y el nuevo presidente del Consejo de Estado, Alfonso Vargas, que fue magistrado auxiliar de Ordóñez durante siete años, reconoce que tienen “una amistad muy estrecha” y dice que el actual procurador fue clave para su elección como consejero de Estado. Hace poco otro gran amigo de Ordóñez llegó al Consejo Superior de la Judicatura: se trata de Francisco Ricaurte, quien en uno de sus últimos actos como magistrado de la Corte Suprema manejó los hilos del alto tribunal para elegir al procurador como su candidato en la terna. ¿Es apenas una coincidencia que sean tan amigos o se está creando una fuerza política en la Justicia? El portal La Silla Vacía, al hacer una primera revisión, encontró que el procurador había nombrado amigos o familiares de 31 senadores y de nueve exsenadores, así como a 22 amigos y familiares de magistrados de las altas cortes.

Pero la verdadera fuente del poder que hoy tiene el procurador es el miedo. Así como Álvaro Uribe se posicionó como el mariscal de campo de la lucha contra la guerrilla, Ordóñez se pretende posicionar como un cruzado contra la corrupción. Y su récord no es menos que impresionante: en su primer mandato sancionó a 828 alcaldes, 622 concejales y 49 gobernadores. Esto quiere decir que, en promedio, cada semana destituyó a cuatro alcaldes.

Ese ritmo inclemente de castigos le ha granjeado aplausos entre una ciudadanía cada día más hastiada de la corrupción. Sin embargo, a pesar de que en la gran mayoría de los casos ha llevado una eficiente y valiente fiscalización contra los corruptos, la gestión de Ordóñez no ha estado exenta de controversia. En algunos de sus fallos, la Procuraduría viene creando una especie de jurisprudencia propia que puede ser peligrosa.

La sanción al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, por ejemplo, cayó como un sedante para una opinión pública indignada que quería ver rodar cabezas de los culpables del saqueo de la capital. Sin embargo, en términos estrictamente jurídicos se desató una gran polémica, porque en ese momento no había pruebas de que Moreno hubiera participado directamente en el carrusel de la contratación y por eso la Procuraduría lo suspendió no por corrupción sino por omisión en el control de los contratos. Como dijo en ese entonces esta revista, con ese rasero no quedaría funcionario con cabeza en el país, comenzando por el expresidente Álvaro Uribe, quien tendría que responder por el descalabro de la infraestructura vial, o el presidente Juan Manuel Santos porque su gobierno no hizo a tiempo las obras para mitigar el efecto de la segunda oleada del invierno.

Otro caso que fue aún más cuestionado fue el del alcalde de Medellín, Alonso Salazar, a quien la Procuraduría destituyó e inhabilitó 12 años para ocupar cargos públicos por participación en política. El pecado de Salazar fue haber dado a conocer unas fotografías en las que aparecía un candidato a la Alcaldía haciendo campaña con presuntos miembros de grupos ilegales. En un amplio sector de la capital antioqueña quedó el sabor de que la Procuraduría estaba cobrando el rifirrafe que había tenido con el alcalde por la construcción de una clínica de la mujer en la cual se iban a practicar abortos en los tres casos permitidos por la Constitución. Un grupo de 43 reconocidos dirigentes y empresarios antioqueños pidió a la Procuraduría revisar la sanción contra el exalcalde. Pero hasta ahora no ha pasado nada.

Más allá de la polémica, lo cierto es que gracias a ese tipo de fallos el procurador tiene en sus manos un poder extraordinario. La pregunta que todos se hacen es si esto va a desembocar en una aspiración presidencial de Ordóñez o qué tanto puede durar su poder. Sobre su escritorio está servida la cabeza de algunos de sus contendores en una eventual campaña presidencial en 2018. Así como le abrió una investigación –extemporánea– al ministro Germán Vargas Lleras, ya también va adelante la investigación al alcalde de Bogotá Gustavo Petro. ¿Llegará también la del gobernador de Antioquia Sergio Fajardo.

Y qué va a pasar con el caso de Petro. ¿Se convertirá en el primer procurador en destituir, consecutivamente, a dos alcaldes de Bogotá elegidos por voto popular? ¿Qué presentación tendría si en un caso lo tumba por omisión en el control y en el otro por posible falta de planeación? ¿Qué nuevo papel estaría jugando la figura de la Procuraduría en el sistema democrático

La preocupación por su desmedido poder cunde en todo el sector público. “La reversión de un mandato popular, bien sea temporal o permanente, por sanción disciplinaria debería constituir una medida excepcional. En Colombia se ha convertido en la regla”, advierte Laura Gil en su columna de El Tiempo. Según ella, “la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece que los derechos políticos pueden ser restringidos por vía de sanción solo cuando existe condena, por un juez competente, en proceso penal”. Y concluye: “¿A cuenta de qué una autoridad disciplinaria tiene facultades para impedir el ejercicio de los derechos políticos?”.

Pero el problema no termina ahí. A eso se le suma que los fallos del procurador en la práctica no tienen apelación. Si un funcionario sancionado no está de acuerdo tiene que pedir reposición otra vez ante él, o invocar otro recurso ante el Consejo de Estado. La presencia de Vargas Lleras en la boda no fue gratuita: un solo chulo de Ordóñez podría significar una sanción de diez años que, sin derecho al pataleo, se convertiría prácticamente en el fin de su carrera política.

Lo más paradójico es que así como Ordóñez es inclemente aplicando el látigo, a la hora de ponerle a él la lupa parece estar blindado. Han llegado dos demandas al Consejo de Estado que piden anular su reelección. La sección quinta del Consejo de Estado debe fallar. La magistrada Susana Buitrago, una de los tres que integran esa sección, fue una de las asistentes a la boda de su hija.

Todavía no está claro cómo será el talante de Ordóñez II. Hay indicios de que quiere ir más allá en la defensa de sus convicciones, así como lo hizo cuando la Corte Constitucional aprobó el aborto en tres casos especiales (el procurador Ordóñez dijo “yo creo que no” y se atravesó).

En apenas 15 días así lo ha demostrado. La ministra de Justicia propuso al Congreso una reforma para despenalizar el consumo de drogas sintéticas. Y el procurador Ordóñez, como no está de acuerdo, al mejor estilo del Estado de opinión, advirtió que iba a convocar a un referendo. Así mismo, mientras el gobierno trata de sacar adelante un difícil proceso de paz en La Habana, el procurador ya dijo que los guerrilleros que hayan sido condenados por lesa humanidad o crímenes de guerra no pueden participar en política.

Nadie duda que en un país carcomido por la corrupción una figura como la de Alejandro Ordóñez no solo es popular sino necesaria para limpiar la política. El problema surge cuando ese inmenso poder –el de decidir quién se queda y quién se va de la vida pública– no solo trata de recuperar la ética sino que se convierte en un instrumento político. 

Tiene un poder, guardadas las proporciones, de virrey. No en vano, el procurador de Colombia es uno de los más queridos miembros de una especie de sociedad secreta denominada la Orden de la Legitimidad Proscrita. Esta comunidad es una logia con espíritu medieval, que apela a tradiciones de hace muchos siglos. Sus seguidores reconocen a “su alteza real don Sixto Enrique de Borbón” y todavía se refieren a Colombia como “la Nueva Granada”.

Presidente de la corte Suprema Ruth Marina Díaz fue compañera de pupitre de Ordóñez en la universidad. Dice que para ella es un orgullo ser su amiga. 

Presidente del consejo de estado. Alfonso Vargas fue siete años magistrado auxiliar de Ordóñez y ha dicho que en parte gracias a él lo eligieron magistrado titular.

Nuevo magistrado de la judicatura. Francisco Ricaurte fue quien movió los hilos de la Corte Suprema para ternar al procurador. Y luego lo eligieron en el Consejo Superior de la Judicatura.