El preacuerdo con el que Otto Bula pagaría 5 años de cárcel

Desde que empezaron a aparecer los contratos que dieron vida a los escándalos de Odebrecht en Colombia, un hombre ha estado en el centro de las investigaciones que han sacudido al país. Otto Bula Bula, conocido como ‘el gordo‘ en su natal Sahagún, ha sido, junto con el exviceministro Gabriel García Morales, el responsable de prender el ventilador con el que las autoridades han tratado de reconstruir la ruta del dinero sucio.

En el preacuerdo que logró concretar con la Fiscalía, Bula relata cómo habría habría sido contactado por empresarios brasileños que le propusieron un negocio en el que ya tenía experiencia. Consistía en ofrecer sobornos a políticos y funcionarios a cambio de contratos y de beneficios fiscales; los recursos fueron lavados a través de las grandes obras obtenidas irregularmente, en un perfecto círculo vicioso.

Según el documento, el origen del caso remonta a 2011, cuando Bula fue contactado en Medellín por el polémico empresario Federico Gaviria Velásquez, que ya había sido salpicado en el escándalo del ‘carrusel‘ de la contratación de Bogotá, y el brasileño Luiz Antonio Bueno Junior, quien para la época fungía como representante legal de Odebrecht en Colombia. Gaviria y Bueno lo habrían buscado en aquél entonces para que interviniera en los procesos de contratación de la hidroeléctrica de Ituango. 

En el segundo semestre de 2012 Gaviria lo volvió a buscar, pero esta vez con un propósito mayor: Odebrecht estaba interesada acelerar en el Congreso la aprobación de un contrato de estabilidad jurídica firmado entre el Ministerio de Transporte y el Consorcio Ruta del Sol 2 SAS. El objeto era dar la garantía de aplicación de las mismas normas jurídicas en materia de impuesto al patrimonio, sin que las condiciones les fueran cambiadas a los interesados en el futuro.

El trámite de un contrato por este concepto es legal, sin embargo, desde el departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht se giraron $4.000 millones de pesos a congresistas y lobistas para imprimirle el acelerador en el Congreso.

Podcats: La escasa cárcel que pagará el cerebro del escándalo de Odebrecht en Colombia 

La bancada de Córdoba fue -según Bula- un terreno fértil para realizar esa labor. Por el ‘lobby’ la empresa constructora habría pagado 4.000 millones de pesos, de los cuáles 2.400 habrían ido a parar a los bolsillos del senador Bernardo ‘El Ñoño‘ Elías, actualmente detenido en la cárcel La Picota. Gracias a esa labor, precisa el documento, el 31 de diciembre de 2012, se firmó la resolución del Ministerio de Transporte que concretó el negocio.

Bula informó que el dinero habría sido trasladado desde Brasil a la empresa panameña Transmitir y Comunicar S.A.S., de propiedad de un empresario de apellido Restrepo.

Desde esa empresa, los dineros ingresaron a Colombia y luego fueron pagados en cheques cobrados por ventanilla: Los 2.600 millones de pesos del senador ‘Ñoño‘ Elías habrían sido entregados de manera directa por Otto Bula y él se quedó con 1.400 millones de pesos de comisión.

Meses después, ya en el año 2013, Gaviria habría contactado nuevamente a Bula, por petición de Odebrecht, para indicarle que requería de sus servicios y de los del Ñoño en aras de asegurar el otorgamiento de la adición de la vía Ocaña-Gamarra y “buscar el mejoramiento de las condiciones contractuales”. Bula les habría respondido que Bernardo Elías estaba dispuesto a hacer la gestión, pero por un pago para él y su bancada del 4 por ciento del valor total del contrato, que en ese entonces se estimaba en 900.000 millones de pesos.

Así las cuentas, la coima equivaldría a un total de 36.000 millones de pesos.

Pero esta cifra fue rechazada por los directivos de Odebrecht, quienes -dice Bula- les terminaron ofreciendo el 2 por ciento, equivalente a 18.000 millones de pesos. Así se habría cerrado el negocio.

El ‘lobby‘ para asegurar el éxito de la operación y el mejoramiento de las condiciones contractuales implicó una serie de acercamientos con funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, como Juan Sebastián Correa, quien en ese momento era el asesor del presidente de dicha entidad. "Coordinaba las reuniones y brindaba información sobre detalles puntuales de contratación pública". 

Como las gestiones realizadas por el Ñoño Elías fueron efectivas, Bula asegura que se acordaron los mecanismos para el pago de las coimas, tanto para él, como para otros congresistas y funcionarios públicos que participaron en las operaciones. A través de contratos ficticios o simulados, tanto con la Concesionaria Ruta del Sol como el Consorcio Constructor Ruta del Sol (Consol) se prestaron para lavar el dinero de los sobornos en sus mismas obras.

Los contratos mencionados dentro del preacuerdo:

1. Consorcio SION

Un contrato de 10.062 millones de pesos por medio de la empresa representada legalmente por el empresario Gabriel Alejandro Dumar y su socio Mauricio Alberto Vergara Flórez, ambos de Sahagún, Córdoba, y detenidos por el escándalo.

2. Empresa U.T.T (Española)

Dice el preacuerdo que la empresa fue contactada por Gabriel Alejandro Dumar a través de la cual se le hizo un contrato de 7.500 millones de pesos.

3. Consultores Unidos de Colombia

Aquí el exbanquero Eduardo José Zambrano, condenado en 1996 por estafa agravada en el marco de la crisis financiera de la década de los 80, habría firmado un contrato con la ANI por 6.600 millones de pesos que sirvieron para lavar el dinero que Odebrecht entregó, según Bula.

4. Consultores Unidos Panamá

Los trámites se hicieron a través de Zambrano y fue pagado en Panamá por un valor de 2.7 millones de dólares.

5. Transmitir y Comunicaciones S.A.S

En este contrato el protagonista es un señor de apellido Restrepo. El contrato habría sido por un valor de 4.000 millones de pesos.

En el preacuerdo con la Fiscalía, que deberá ser avalado por un juez, la pena principal que tendrá que pagar el hombre clave de uno de los peores escándalos de corrupción en los últimos años en Colombia será de 66 meses de cárcel (cinco años y medio de cárcel) y una multa de 6.800 millones de pesos.

Sin embargo, Bula tiene otro proceso pendiente y es el relacionado con el pago de dádivas al exfiscal Rodrigo Aldana para frenar un proceso de extinción de dominio. Sumando este caso, Bula estaría haciendo cuentas para pagar no más de 8 años de pena efectiva.