Además de los incrementos que traen los alimentos, las bebidas, los restaurantes y los hoteles, hay uno que tiene muy preocupados a los colombianos: el costo de la electricidad.

Según el Dane, su variación anual fue de 25,9 por ciento en agosto, mucho más del doble del promedio nacional. Y varias ciudades, la mayoría de la costa caribe, registran alzas superiores a este porcentaje: Santa Marta, con 49,9 por ciento; Riohacha, con 47,1 por ciento; Barranquilla, con 44,4 por ciento; Sincelejo, con 40,7 por ciento; Valledupar y Montería, ambas con 40,4 por ciento.

Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, a mediados de año había advertido esta preocupante tendencia. Dijo que a los ciudadanos “los están clavando” con tarifas que son imposibles de pagar. Ya en algunas ciudades se han registrado quemas de facturas de energía en protesta por los desbordados incrementos.

Las alertas están encendidas y una nueva explosión social se podría estar incubando en un mercado, como el de la costa caribe, que no solo tiene la energía más cara, sino una calidad del servicio deficitaria, que viene desde la época de Electricaribe.

Los orígenes

La historia de la energía eléctrica en la costa caribe se viene repitiendo hace años: una mala calidad del servicio, no se hicieron inversiones, y las pérdidas y los robos de energía son los más altos del país. Esta ecuación se convirtió en un círculo vicioso del que la región no podía salir. El protagonista fue Electricaribe, una empresa de distribución de energía, cuyo mayor accionista era la española Gas Natural Fenosa. El servicio nunca mejoró, el inconformismo de los usuarios creció y el Gobierno, en su momento, en la década pasada, decidió intervenirla y luego liquidarla.

El proceso llevó, incluso, a una demanda de arbitraje internacional contra Colombia al amparo del tratado de libre comercio con la Unión Europea, que incluye acuerdos de protección a la inversión. La demanda, por 4,8 billones de pesos, no prosperó y Colombia ganó en el tribunal internacional. Pero más allá del triunfo jurídico, lo más importante era garantizar la sostenibilidad de la prestación del servicio, ya sin Electricaribe. El modelo fue dividir en dos áreas la región para facilitar el ingreso de las empresas, por el riesgo de un mercado tan grande o por limitaciones regulatorias frente al tamaño del mercado.

Fue así como se dio la llegada de Air-E (empresa del grupo Ríos, que atiende Atlántico, La Guajira y Magdalena) y Afinia (del Grupo EPM para prestar servicio a Bolívar, Córdoba, Cesar, Sucre y unos municipios del Magdalena).

Sin embargo, manejar un mercado que representa cerca de la cuarta parte de la distribución de energía del país, con grandes necesidades de inversión y adecuación de redes, pero también con una cultura de no pago y conexiones fraudulentas, tanto en sectores residenciales como industriales, convirtió la operación en un gran reto.

Para hacer atractivo el negocio y que las empresas entrantes hicieran las inversiones necesarias –estimadas en cerca de 8 billones de pesos a lo largo de los próximos años–, el Gobierno anterior les entregó la operación sin los pasivos que traía la antigua Electricaribe: el pasivo pensional, que era del orden de 2,5 billones de pesos fue asumido por el Gobierno, y los pasivos al sistema bancario, a los proveedores de bienes y servicios, y a los generadores, montos cercanos a los 2,4 billones de pesos, quedaron en el proceso de liquidación con los acreedores.

Pero este no fue el único atractivo. Hay uno, un poco técnico, pero que explica en gran parte el problema que tiene hoy el incremento del precio de la energía en la costa caribe: la fórmula en la tarifa. La tarifa de energía tiene varios componentes, como la generación –que pesa 35 por ciento del total–, la transmisión, la distribución, la comercialización y las pérdidas de energía, entre otros.

Componentes como generación, transmisión y distribución se indexan a algunos índices. En este caso, al Índice de Precios al Productor (IPP). El problema es que este ha crecido más rápido que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y para agosto ya iba por encima del 30 por ciento. Y mes a mes, con el indicador de ese periodo, se actualiza la tarifa de los contratos que se firman. La diferencia está en las pérdidas de energía.

Mientras en el interior del país la tarifa incluye el pago por parte de los usuarios de las pérdidas de energía conocidas como técnicas –relacionadas solo con la operación, y que en promedio llegan al 12 por ciento–, en el caso de la costa caribe a esas se suman las ocasionadas por fraudes, robos de energía, problemas de medidores y conexiones fraudulentas, entre otras. “Eso fue parte del incentivo para que alguien se quedara con la operación de Electricaribe”, explica un analista del sector, quien agrega que esas pérdidas asociadas, en el caso de la costa, pasaron de 50 a 250 pesos por kilovatio. Esto ha hecho que la situación sea una carrera contra el tiempo. “A Afinia lo encontramos en 28,3 por ciento (en pérdidas de energía) en 2021, ya estamos con una tendencia a la baja, en el 27 por ciento. La idea es llegar en 2023 al 23,14 por ciento y seguir bajando”, dice Javier Lastra, presidente de esta compañía.

Eso se logra, según él, a través de las inversiones que se están realizando. “Blindando la red, para tener unas redes invulnerables a cualquier irregularidad, instalando medidores en altura, entre otras acciones. Todo esto hace parte de las inversiones que se cubren con ese permiso, que nos da la Comisión de Regulación para cobrar las pérdidas de energía, que tiene un periodo transitorio hasta 2025”.

Su compromiso es optimizar la infraestructura y mejorar los indicadores de calidad: en 2019, las horas promedio de duración e interrupción del servicio por cliente estaban en 122, este año la meta es llegar a 80. En 2021 se hicieron inversiones por 543.000 millones de pesos, en subestaciones, cambios de transformadores de potencia y renovación de redes. Este año, el presupuesto de inversión se acerca a un billón de pesos. “Lo que sucede es que esto toma tiempo, vamos en 23 meses, pero falta más”, agrega Lastra.

Sin embargo, la espiral en el incremento de los precios no acaba.

La salida

Esta situación no solo es el caldo de cultivo perfecto para un estallido social, sino también para el populismo. Es necesario buscar salidas a este problema, pero también cuidar un sector eléctrico que, después del apagón de hace 30 años, ha sido uno de los más estables y eficientes.

En el corto plazo, los agentes de la cadena eléctrica han propuesto la financiación de una proporción de los componentes de la tarifa correspondientes a generación y transmisión, y limitar temporalmente el incremento esperado del IPP en los contratos de compras de energía. Se van a revisar también los impactos sobre la modificación de los indexadores en todos los componentes de la fórmula tarifaria con el fin de definir si es adecuado o no su replanteamiento. Además, revisar otros componentes tarifarios que afectan el precio a los usuarios, como los de pérdidas y restricciones.

Pero este problema solo se soluciona con plata. La pregunta es de dónde saldría. Se ha puesto sobre la mesa la creación de un fondo de estabilización de precios, cuyos recursos provendrían de aumentar en tres puntos el impuesto de renta de las centrales hidráulicas para nutrir el fondo y poder bajar las tarifas. Otra opción que se analiza es aumentar las tarifas de ley 99 de transferencias ambientales, es decir, lo que pagan los generadores por el uso de agua. La idea es aumentar esas cifras para nutrir el fondo.

La situación de las tarifas ha llevado, incluso, a un debate en redes entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Iván Duque. Petro advirtió que el Gobierno puede asumir el control de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, mientras que Duque dijo que Colombia tiene una de las inflaciones energéticas más bajas de la Ocde. Y se preguntó: “¿Será que en todos los países quieren intervenir el mercado?”. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunció que esta semana analizará las propuestas que le presentaron y planteará soluciones a esta dura coyuntura. ¿Cuáles serán las medidas con las que se bajará la tensión?