"Quien llega al número de Uribe no es la corte sino investigadores del CTI": presidente de la corte

Una nueva polémica enfrenta el proceso penal de Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos ante la Corte Suprema. El más reciente episodio tiene que ver el hallazgo de un informe de interceptación de la línea telefónica del expresidente que proviene de otro expediente y que fue sumado a su proceso. La defensa del exmandatario advirtió ese hallazgo al recibir el expediente y sus anexos. En su contenido hay varias interceptaciones telefónicas, entre esas, la que está en cuestión. 

La reacción de Uribe fue señalar que no le incomodan ese tipo de situaciones pues no tiene nada que ocultar. Sin embargo, sus abogados, Jaime Granados y Jaime Lombana Villalba, expidieron un comunicado para manifestar su molestia y las acciones a tomar. Aseguraron que "interceptar por error" constituye una falta gravísima y que por tanto han solicitado a la Procuraduría un acompañamiento especial en el caso.

El magistrado José Luis Barceló, presidente de la Corte Suprema de Justicia y hasta hace un par de días el togado instructor del caso, concedió una detallada entrevista a SEMANA en donde responde a cada uno de los interrogantes alrededor de la interceptación. 

SEMANA: Esta polémica arrancó la semana pasada. ¿Por qué hasta ahora decide pronunciarse?

José Luis Barceló: Por dos razones básicas: la primera, porque viendo el día a día noticioso, se observaba una total desinformación, lo cual ha llevado a que se haga pensar en la opinión pública que se trató de un error y que la corte  "chuza" de manera ilegal, situaciones o aspectos totalmente fuera de lugar y de la verdad. Insisto, no se trató de un error y, mucho menos de un acto ilegal.

SEMANA: ¿Y la segunda razón?

J.L.B.: Porque habiéndose elegido los integrantes de la Sala Especial de Instrucción (la llamada primera instancia con la Sala de Juzgamiento que ya cuenta con sus tres magistrados elegidos), es ese nuevo organismo el llamado a resolver las pretensiones y peticiones  presentadas por los defensores de los congresistas. Los procesos pasan allá. Lo que les abre a procesados y defensores un espacio nuevo y unos magistrados distintos que resolverán definitivamente estos cuestionados asuntos, para tranquilidad de todos.

SEMANA: Vamos directo al punto de la polémica. La línea telefónica de Álvaro Uribe fue interceptada pero se descubrió que eso pasó dentro de la investigación de la corte al representante a la Cámara Nilton Córdoba, no fue una escucha ordenada en el proceso que se le sigue al expresidente. Un caso no tiene nada qué ver con el otro. ¿Cómo pudo ocurrir eso?

J.L.B.: Como consecuencia de las declaraciones del exfiscal Gustavo Moreno, al develar todo lo relacionado con el cartel de la toga, se dispuso investigar por esos mismos hechos al representante a la Cámara de Chocó Nilton Córdoba Manyoma. Hay que tener presente que en el despacho del magistrado Gustavo Malo se adelantaban dos procesos contra este representante: uno que hacía referencia a un posible peculado relacionado con la contratación de una sede para la Alcaldía del municipio; y otro relacionado con posible lavado de activos –entre otros delitos– porque Córdoba al parecer traía metales preciosos de contrabando de Panamá para hacerlos aparecer como explotados en su región (Medio Baudó) y de esa manera poder cobrar las regalías que supuestamente se obtenían por la explotación; dineros que al parecer, dentro de esa investigación, desaparecieron.

El proceso cursaba en el despacho del doctor Gustavo Malo –esto son afirmaciones que hizo en su momento Gustavo Moreno, que era el defensor de Nilton Córdoba– y por él se pagó un dinero, se habla de 200 millones de pesos para que ese expediente permaneciera engavetado, para que no se moviera. Es más, incluso, el mismo Gustavo Moreno informó a la corte que Nilton Córdoba alcanzó a rendir versión libre y que en esa versión libre no le fue nada bien, que estuvo muy asustado y temeroso, y que había cometido una serie de equivocaciones en sus respuestas, que prácticamente lo hacían responsable de las conductas que se le imputan. Tanto así que no solamente los 200 millones fueron destinados para engavetar el proceso sino que al mismo tiempo fueron pagados para extraer de manera delictual la versión –tanto escrita como en audio– que había rendido. Por esta razón a Nilton Córdoba se le abrió investigación por los delitos de cohecho y falsedad.

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Pues bien, estando engavetado ese proceso e investigándose los hechos relacionados con la entrega de los 200 millones de pesos, me corresponde a mí como ponente investigar a Córdoba por ese delito de cohecho, por haber dado ese dinero para engavetar ese proceso. Dentro de la línea de investigación, se dispuso, entre otros elementos de juicio, la interceptación telefónica de la línea que Nilton Córdoba usa de manera cotidiana. Efectivamente, se decreta la interceptación, se da la orden a Policía Judicial y estos, con el fin de buscar cuál es el número de contacto de Nilton Córdoba, buscan los procesos en el despacho de Gustavo Malo. Los investigadores del CTI indagaron en ese expediente por el contacto del número telefónico, vieron sendos documentos de citaciones a Nilton Córdoba y la dirección de la oficina del representante, un número telefónico celular, y efectivamente sobre ese número telefónico es que recae la interceptación.

SEMANA: ¿Cuándo se ordenó la interceptación?

J.L.B.: Se dispuso el 7 de marzo de este año. Y no pasa mucho tiempo, fue el 22 de marzo cuando los miembros de Policía Judicial, los técnicos investigadores informan a la corte del hallazgo imprevisto e inevitable y es que el número telefónico interceptado no representa ninguna importancia porque nada tiene que ver con los hechos que son motivo de investigación, por esta razón se dispuso la cancelación de la interceptación. Lo reportan los investigadores y el técnico que está en la sala respectiva haciendo las escuchas. La corte, de manera respetuosa, pide que se cancele la interceptación a esa línea telefónica. 

SEMANA: Es decir que durante más de dos años la corte notificó al representante Córdoba Manyoma relacionando en los oficios el número del expresidente Uribe. ¿Y ni la corte, el procesado o el expresidente advirtieron el error?

J.L.B.: Quiero hacer esta precisión. En el proceso 45570, el que he dicho que fue objeto de la engavetada que costó 200 millones de pesos, se enviaron citaciones desde el 11 de febrero de 2016 referenciando este número. Dice, se lee: Cámara de Representantes, Capitolio Nacional, piso tercero, teléfono fijo con los números de extensión y un número móvil celular (que corresponde al del senador Uribe). Así se le cita. Después, el 31 de marzo, otra citación. El 6 de abril otra. En idénticas condiciones, el 21 de septiembre de ese año 2016 otra citación. Aparece incluso recibido en la Cámara de Representantes. Otra citación de noviembre de 2016.

En el otro proceso, por el presunto delito de prevaricato, aparece esta misma situación. Nilton Córdoba con el número de celular reportado y recibido en la Cámara de Representantes de fecha 19 enero de 2017; de fecha del 7 de febrero del 2017 aparece otro. El último, de fecha de 10 de agosto de 2017, también con recibido de Cámara de Representantes, es decir, llegaron a manos del representante Nilton Córdoba y nunca, por lo menos hasta ahora, el representante se ha acercado a la corte, ni en esos procesos, ni en ningún otro, a decir que ese no era su número. 

SEMANA: ¿La corte tiene idea de cómo llegó este contacto al expediente?

J.L.B.: No tenemos; hemos hecho todas las averiguaciones del caso, en las labores de secretaría se anotan en cuadernos los números de contacto, de teléfonos de abogados, defensores, de representantes de parte. Hay muchas posibilidades que pudieron servir como fuente para llegar a ese número. Pero en este caso yo no podría inventarme ningún motivo que demuestre cómo llega a esos dos expedientes del representante Córdoba ese número de contacto. Lo que sí quiero resaltar es que Córdoba nunca, durante más de dos años, informó la corte que ese no era el contacto telefónico.

SEMANA: ¿Cuál es el canal usual para que estos contactos terminen en el expediente de los implicados?

J.L.B.: Por regla general, el mismo implicado o sus defensores. 

SEMANA: En este momento el abogado defensor del representante Córdoba era Gustavo Moreno... 

J.L.B.: En ese momento, para los dos procesos era Moreno. No sé si Gustavo Moreno como defensor de Nilton Córdoba haya suministrado ese número telefónico. Lo cierto es que este número no fue inventado por nosotros. 

SEMANA: ¿Cuando la corte imparte a Policía Judicial (al CTI) la orden para monitorear las líneas de Nilton Córdoba suministra los números celulares a interceptar?

J.L.B.: La corte en general no entrega el número de celulares. Quien llega a ese número no es la corte, no es el suscrito, sino Policía Judicial. A ellos se les da la orden de intervenir las líneas telefónicas del representante Nilton Córdoba. Los investigadores del CTI lo que hacen es indagar en un trabajo de inteligencia cuál es el número. Y sabiendo que había algunos procesos en la corte contra Nilton Córdoba llegaron a este número porque ahí está en las citaciones. Desde el año 2016, desde el mes de febrero, aparece este número telefónico y se termina interceptando. 

SEMANA: ¿Por qué al verificar que no correspondía la línea a ese titular, la corte consideró pertinente esa información y la trasladó al expediente de Uribe?

J.L.B.: Los investigadores rinden informes con base a las interceptaciones y hacen un relato sintético de algunas de las escuchas, lo reportan a la corte sin hacer ningún tipo de evaluación; simplemente al observar que pudieran interesar al proceso que se adelanta contra el senador Uribe –en el cual se le abrió investigación– pues se remitieron allá. Eso es materia de evaluación; ya no por cuenta del suscrito sino por cuenta del magistrado de la nueva sala de instrucción, que estudiará si ese material tiene algún valor probatorio significativo o no. Lo que sí quiero dejar en claro es que no es cierto que se trate de un error, ni es cierto que haya una un procedimiento ilegal por parte de la corte en este proceso de monitoreo de la línea.

SEMANA: ¿Sin estas interceptaciones como prueba, el caso contra Uribe por presunta manipulación de testigos tambalea?

J.L.B.: No, esta evidencia entra a confirmar información que ya tenía la Corte Suprema documentada. Pero la investigación y el llamado a indagatoria del expresidente no se originan ni se soportan únicamente en esta evidencia. Y preciso otra vez, esta sala la trasladó al expediente de manipulación de testigos por tratarse de un hallazgo imprevisto e inevitable, sin embargo, su valor probatorio tendrá que ser determinado por los nuevos magistrados de instrucción.

SEMANA: ¿La corte puede interceptar a Uribe? 

J.L.B.: Dentro de un proceso de investigación, es decir, dentro del ejercicio de la acción penal, la Constitución y la ley permiten adelantar trabajos investigativos, hacer allanamientos, capturar a un ciudadano e interceptar un número de teléfono. Son actos que impactan en derechos fundamentales como la libertad y la intimidad. Si la corte hubiese considerado, más específicamente la sala de instrucción, necesario en el asunto que se adelanta contra el senador Uribe y contra el representante Prada su inteceptación telefónica lo hubiera hecho. Pero no lo consideró necesario y los teléfonos de ellos dos no fueron interceptados. 

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SEMANA: La gente deduce que si la corte no tenía la intención de interceptar un teléfono del expresidente y resultó siendo interceptado, pues se trató de una escucha ilegal. ¿Por qué la corte sostiene que esto no fue ilegal?, ¿cuál es la base jurídica para trasladarlo y usarlo en el otro expediente?

J.L.B.: No es ilegal por la sencilla razón de que en principio se ordenó y así se dispuso interceptar una línea telefónica de Nilton Córdoba, y se cumplió con todos los protocolos que la ley y los reglamentos que se establecen para ese efecto. De ello hay constancia en el expediente. Ahora bien, que no haya resultado el teléfono que nos ocupa del representante Nilton Córdoba sino del senador Uribe es un asunto imprevisto. Que las escuchas y los resultados de las conversaciones pueden interesar o tengan incidencia en el derecho penal, no puede descartarse porque la interceptación es legal pues está cumpliendo todos los protocolos que la ley establece. En consecuencia, sus resultados no pueden ser ilegales.

Si mañana sucede un hecho imprevisto e inevitable, y aparecen afirmaciones gravísimas como, por ejemplo, que se puede atentar contra la vida de alguien, las autoridades tienen que actuar. En este caso, su contenido tiene un valor probatorio en cuanto a que su origen es legal. Vuelvo y repito: la fuerza probatoria, su valor probatorio, lo tenga o no lo tenga, es una evaluación que harán los nuevos magistrados electos.

SEMANA: Un representante del Centro Democrático pidió a la Comisión de Acusación que investigue a los magistrados envueltos en este episodio. ¿Qué opina de eso?

J.L.B.: Yo no puedo tomar una actitud de disgusto, ni más faltaba. Los ciudadanos y entre ellos, los congresistas, los interesados, los que se consideran lesionados, están en su derecho constitucional y legal de presentar las denuncias que consideren necesarias. La Comisión de Acusación en su fuero interno, en su autonomía e independencia, adelantará las actuaciones que sean necesarias. Si a mí me llama la Comisión de Acusación a rendir explicaciones me haré presente y entregaré los documentos que estoy mostrando. Y allá en su sabiduría, en su equilibrio e imparcialidad, la Comisión determinará si se ha cometido una conducta punible o no. Pero desde ya advierto de manera honesta, correcta, imparcial, objetiva y tranquila que aquí no ha habido ningún error. La corte no ha cometido ningún error.

SEMANA: ¿Este tipo de situaciones ocurren con alguna frecuencia? 

J.L.B.: No ocurren con mucha frecuencia, por lo menos en mi experiencia han sido pocas las veces han ocurrido. Este no es el primer evento y ojalá que sea el último. En estos procedimientos se tiene mucho cuidado, hay un rigor extremo en todo el procedimiento que la ley y los protocolos imponen para la interceptación de una línea telefónica. Pero sí ha ocurrido. 

SEMANA: Pasemos a otros temas. ¿Cómo les fue en la reunión con el presidente Iván Duque?

J.L.B.: Fue una reunión agradable y muy familiar. El presidente insistió, esa fue su razón de visitar a la corte, en dar un saludo protocolario. En su discurso a la Sala Plena tocó el tema de la reforma y enteró de cuáles son las intenciones, qué es lo que quiere el Gobierno con la reforma y eso propició una conversación de varios magistrados. Algunos se muestran no muy partidarios sobre ciertos aspectos de la reforma. Pero la verdad es que todo se desarrolló en un clima muy familiar, muy respetuoso e incluso se alargó más allá del tiempo que tenía previsto el presidente. 

SEMANA: Se dijo que esa reforma iba a ser presentada con el consenso de las altas cortes, ¿ustedes se sienten incluídos o excluídos?

J.L.B.: No podemos afirmar que ni incluidos ni excluidos. Lo que sí se puede afirmar es que, primero, ha habido conversaciones con la señora Ministra de Justicia y su equipo de trabajo, con la Comisión Interinstitucional y que esas reuniones se vienen haciendo por lo menos hace unas cinco semanas atrás. ¿Qué ha sucedido en esas reuniones? el Gobierno escuchó al presidente del Consejo de Estado, al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, al magistrado Luis Guillermo Guerrero que acude de manera muy especial de parte de la Corte Constitucional, y al suscrito. En nuestras opiniones alrededor de varios temas se fue tomando nota. Y después de esas reuniones elaboraron un proyecto de Acto Legislativo de reforma en los temas que la opinión pública conoce. Consenso no hay porque no nos sentamos con la señora ministra y con el Gobierno a redactar ese Acto Legislativo.

SEMANA: ¿Qué le preocupa de este proyecto? 

J.L.B.: Primero, el problema de presupuesto. Siempre ha sido un tema, diría casi fracasado en las reformas pasadas. Es decir, el problema de los recursos de la rama nunca se ha arreglado. No ha habido autonomía e independencia en estos temas. No se ha fijado –quiero ser claro porque hay técnicos que dicen que no es lo más conveniente, otros dicen que sí– un punto en la Constitución que obligue en la presentación del presupuesto anual una partida directa para la rama. Por otro lado, también preocupa esa serie escalonada de inhabilidades de los magistrados que pasan a uso de buen retiro.  Quedan cercenados, máxime cuando muchos no salen y terminan su periodo con la jubilación. Quedan cuatro años sin poder litigar o ejercer independientemente, cuatro años en que les impiden contratar con el Estado, que les impiden aspirar a cargos de elección popular. En fin, una serie de inhabilidades extensas en el tiempo que ponen de manera preocupante en aprietos al magistrado que se retira. En qué va a trabajar y cuál va a ser la fuente de sus recursos para sus responsabilidades familiares y personales.

SEMANA: Qué opina de las limitaciones a la tutela que propone el proyecto de reforma a la justicia

J.L.B.: Todavía no está claro si es o no conveniente generar algunas limitaciones en la Constitución frente a la tutela.  La corte defiende la tutela como un triunfo de la Constitución y una herramienta fundamental en la protección de los derechos. Pero también es consciente de que ha generado muchas dificultades porque provoca congestión, el juez especializado en alto porcentaje ya no se ocupa de esos temas civiles, laborales, penales, su especialidad queda en segundo plano para resolver primero la tutela. Eso ha ido generando congestión. Entonces creemos que alrededor de eso, como de los otros temas, se puede ir conversando y hablando con el presidente Duque, pues parece ser que los debates ya quedan en el seno del Congreso. 

SEMANA: ¿La corte tiene una fórmula alrededor de la tutela? 

J.L.B.: No se tiene, se está estudiando al interior de la corte a ver qué propuestas puntuales se podrían hacer. 

SEMANA: ¿Qué opina de la propuesta alrededor de que por cuenta de las demoras de la corte el presidente puede terminar eligiendo fiscal?

J.L.B.: Hay algunas críticas alrededor de eso. Partamos del principio, la Corte Suprema de Justicia es de aquellas corporaciones que considera que esas facultades electorales no deberían salir del ámbito de las altas cortes, por algo la Constituyente del 91 cambió ese origen en esas funciones y se las quita al Congreso, buscando un equilibrio de poderes. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora con la propuesta del proyecto? Que vuelven al Congreso. Es decir, nos devolvemos años atrás, 28 años atrás, reviviendo los alcances de la Constitución del 86. 

No preocupa a la corte, no es un tema que no la deje dormir; si finalmente se quieren retirar esas facultades electorales la corte no tendrá inconveniente. Pero si hay que mirar a quién se les entregan esas facultades y cree la corte que dárselas nuevamente al Congreso desequilibra porque son los órganos de control –contralor, auditor, procurador– en manos del sector de la política del país. 

En cuanto al fiscal, se conserva la elección en la Corte Suprema de Justicia pero creemos que debe buscarse otra fórmula en cuanto a que si su nombramiento, su elección se demora pues que no recaiga en el presidente de la república porque finalmente terminaría haciendo la terna y nombrando. Son fórmulas que hay que evaluar. 

SEMANA: Pero la corte no puede negar que los procesos electorales a veces tardan mucho más de lo esperado... Precisamente, les tomó más de cuatro meses la elección de los magistrados de primera instancia que al fin lograron escoger esta semana.

J.L.B.: Yo entiendo y podría ser reprochable, pero creo que la opinión pública también debe entender que no es como a veces se califica el proceso de elección de dignatarios, incluyendo a magistrados de las altas cortes. Dicen que cuando duran 6, 7 y 8 meses es porque ahí hay un juego de componendas internas. Eso no es cierto. No podemos olvidar que las cortes como el Congreso, están regidas por principios democráticos, y el principio democrático genera debates, discusiones. Cuando ha habido demoras es porque respecto a los candidatos se generan discusiones de todo orden, desde cuestionamientos en su pasado, a señalamientos, escrutinios alrededor de su hoja de vida, se genera urticaria y  efervescencia y esto en un momento determinado puede alargar la elección de dignatarios. Pero la demora por sí sola no es como producto de lo que a veces se quiere señalar de sinvergüencería de los altas cortes o de un trabajo displicente o descuidado para ese proceso.

La prueba es que duró cuatro meses como usted dice la elección de estos magistrados de la sala de instrucción y juzgamiento; hubo debate alrededor de hojas de vida hasta que la corte se puso de acuerdo y concluyó que las mejores podían ser estas y estas. Efectivamente al final salieron elegidos seis mágistrados quedando pendiente uno no más por elegir. 

SEMANA: Por las nuevas reglas para elegir magistrados de una alta corte, uno creería que le están cerrando la posiblidad de llegar a académicos y litigantes ¿cómo ven esto?

J.L.B.: En principio no es que se quiera discriminar el sector de los académicos, el sector del ejercicio independiente de la profesión. Lo que sucede es que ellos son abogados como lo son los jueces. Pero no son jueces como somos los jueces. Es decir, ser juez es otra profesión paralela y aledaña a la profesión de abogado. Para ser juez hay que ser abogado. Y no todos los abogados tienen las condiciones para ser juez. Sin poner en tela de juicio sus capacidades, sus conocimiento y su experiencia, en este acto legislativo se pone un ingrediente, por lo menos de cuatro años de haber sido juez en algún momento. Consideramos -el Gobierno y algunos magistrados de la corte- que esto puede ser un elemento que revitalice al en cuanto a un mejor ejercicio de la función. La profesión de juez tiene un valor agregado muy importante. 

SEMANA: ¿Ve con buenos ojos que un magistrado pueda perder su cargo por recomendar a allegados suyos en cargos de otras corporaciones?

J.L.B.: En mi criterio sí, lo que pasa es que hay que mirar cómo va esa recomendación. Si la recomendación está dentro de los niveles de lo que se ha denominado apetitos burocráticos, claro que sí y ojalá los destituyan. Pero si, por ejemplo, el fiscal general de la Nación o alguien autorizado, está buscando a la mejor gente, ¿dónde la busca?. Pues en el escenario afín de la rama judicial. Yo necesito que me recomienden a un buen magistrado auxiliar. Ese hecho per se no creo que sea una falta. Por el contrario, es una posibilidad de generar conocimiento en su fuente de los mejores funcionarios de la rama judicial y eso no puede ser pecado.