La inexplicable pobreza de Roberto Prieto

El escándalo de Odebrecht ha levantado suspicacias sobre varias decenas de protagonistas de la política colombiana. Quizás uno de los personajes que han generado más curiosidad es Roberto Prieto. El exgerente de la campaña de Santos fue mencionado por primera vez por el exsenador Otto Bula, quien aseguró a la Fiscalía que había entregado un millón de dólares a un amigo de él. Desde entonces las autoridades y diferentes medios de comunicación han querido seguirles la pista a sus bienes, sin embargo, para sorpresa de muchos, Prieto no registra ninguno en el país.

Esa realidad contrasta con los múltiples contratos que ha tenido la empresa Market Medios, que él ha liderado en los últimos años y que han sido publicados por varios medios de comunicación, incluido Semana.com. Este domingo el diario El Tiempo reveló que a nombre de Prieto aparece una casa en Boca Ratón en Florida y aparece como propietario de Market Medios Inc., una filial de la empresa en Colombia.

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Pero no es la primera vez que la escasez de Prieto salta a la luz pública. Hace 15 años, un proceso laboral que tiene pendiente con dos trabajadores lo habría llevado a crear la firma Market Medios, en cuyos registros no aparece como propietario. Los cálculos de la sentencia a hoy, con los intereses, se aproximan a 3.000 millones de pesos. 

El origen de la compañía, que registró ingresos operacionales entre el 2014 y el 2015 por 170.257 millones de pesos, no pasó inadvertido para la Fiscalía 188 de Bogotá. El ente investigador persiguió los bienes de Prieto con el fin de hacerlo pagar la millonaria sentencia judicial.

Juan Manuel Ortiz e Ivone Patricia Hernández trabajaban para la firma Radio Difusores Unidos S. A., compañía también muy sonada en el manejo de campañas políticas, hasta que fueron despedidos en 1994. Los dos alegaron ante la justicia que ese despido se hizo sin pagarles prestaciones sociales, comisiones de venta y la correspondiente indemnización.

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Aunque ganaron el proceso laboral –la misma Corte Suprema confirmó la sentencia condenatoria en el 2003- nunca pudieron ver un centavo de la millonaria indemnización.

En los estrados judiciales Prieto sostuvo que pasaba por graves problemas económicos por lo que se vio obligado a cerrar la empresa y a tomarse un espacio en la dirección de la Fundación Buen Gobierno. En junio del 2002, en la Notaría 44 de Bogotá, un par de meses antes de que el juez laboral dictara su veredicto, se creó la compañía Market Medios.

"Para cuando las sentencias quedaron en firme ya no había nada que incautar. Por eso se inició un proceso penal en el que la Fiscalía terminó acusándolo del delito de fraude procesal", explicó el abogado Enrique Martínez, que conoció el caso en su momento. 

Juan Manuel Ortíz, uno de los demandantes, aseguró que la sentencia no se pudo cobrar porque Radiodifusores Unidos, contra quien se dictó el fallo, desapareció del universo jurídico. "La liquidaron precisamente para eso. En consecuencia, nosotros alegamos el fraude a resolución judicial porque es una maniobra oblicua para sustraerse de la responsabilidad de la sentencia. Liquidaron esa empresa y la hicieron aparecer después como otra en el mismo medio económico y social, con las mismas personas, los mismos clientes, en la misma notaría, trasladaron todo para hacer lo mismo. Es como cambiarse de vestido pero seguir siendo el mismo", dijo. (Vea entrevista completa) 

La Fiscalía los llamó a juicio al considerar que Prieto había hecho maniobras para insolventarse y eludir la sentencia: vender los bienes, modificar el nombre de la empresa a una nueva firma llamada Market Medios y declararse en quiebra.

El 9 de febrero del 2015, el juez 49 Penal de Circuito de Bogotá lo absolvió de esa acusación. Cuando los afectados intentaron apelar ante el tribunal de Bogotá en su Sala Penal, los magistrados encontraron que la acción había prescrito. Por esa razón, el 25 de agosto del 2015 archivaron el caso.

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¿Sin bienes?

Pese a que Prieto ha recibido, según la Procuraduría, contratos del Estado por 20.000 millones de pesos, los rastreos de bienes de Prieto que hace la Fiscalía no arrojan resultados muy diferentes al de hace tres lustros.

Su nombre no está registrado en su exitosa empresa Market Medios, que sí tiene un capital social de 1.500 millones de pesos repartidos en 15.000 acciones. La distribución accionaria está así: Inversiones Prieto DG SAS cuenta con 3.750 acciones; Ricardo Prieto Ortiz, con 2.143; Alejandro Prieto Ortiz, con 1.705; Adriana Prieto Díaz Granados, con 1.500; Mauricio Prieto Uribe, con 1.225; Inversiones La Ilusión Prieto SAS, con 1.037. También aparecen Ana Cristina Prieto Uribe con 750; Manuela Prieto Díaz granados, con 715, y Margarita María Ortiz Cancino, con 675.

“Nos atribuyen gran contratación. Pero cómo le parece que no tengamos contratos con el 90 % de las entidades. Los contratos con el Estado pueden sumar 8.000 millones de pesos”, indicó Prieto en la entrevista con Blu, confirmando su vinculación con la firma en Colombia.

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También cuenta con una filial en Miami, a la cual en el 2014 le compró una acción por US$5.000, y una cuenta en el Banco de Bogotá de Miami, la cual para ese mismo año reportaba un saldo de 500 millones de pesos.

Prieto se ha convertido en el hombre clave del escándalo que ha sacudido la clase política del país. La justicia investiga si él era el contacto de Odebrecht con la Agencia Nacional de Infraestructura, entidad encargada de otorgar los contratos para la construcción de las carreteras como la Ruta del Sol o la vía Ocaña Gamarra que hoy están en tela de juicio pues se lograron supuestamente con sobornos de la compañía brasileña.