¿El Procurador podía tumbar a Petro?

No es la primera vez que una decisión del procurador Alejandro Ordóñez provoca gran polémica. Ya había pasado con el caso de la destitución de Piedad Córdoba y con la del alcalde de Bogotá Samuel Moreno. En ambos casos, se cuestionó lo mismo: ¿por qué un funcionario elegido por el Congreso puede destituir a quién fue elegido por el voto popular?

Y la respuesta esa vez como hoy es la misma: la Constitución de Colombia le da al Procurador esa función. En el artículo 278 se lee: “el Procurador ejercerá directamente las siguientes funciones: (…) Desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas: infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley (…)”.

El hecho de que lo diga la Constitución quiere decir que así se debe hacer pero no quiere decir que esté bien. De hecho, la primera reacción del gobierno nacional, que la dio el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, dice que se piensa reformar ese punto de la Constitución.

Y es que, visto en la distancia, ese es un error de la Constitución, pues Colombia ha firmado tratados internacionales, en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no le permitirían a un funcionario destituir a un gobernante elegido popularmente.

Como lo advirtió la analista Laura Gil en otro momento en su columna de El Tiempo: “la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece que los derechos políticos pueden ser restringidos por vía de sanción solo cuando existe condena, por un juez competente, en proceso penal”. Y concluía: “¿A cuenta de qué una autoridad disciplinaria tiene facultades para impedir el ejercicio de los derechos políticos?”.

El Procurador se ha convertido en un ser todopoderoso. Así como Álvaro Uribe se posicionó como el mariscal de campo de la guerra, Ordóñez se vende como un cruzado contra la corrupción. Bajo esta doctrina no queda títere con cabeza. En su primer mandato sancionó a 828 alcaldes, 622 concejales y 49 gobernadores. Esto quiere decir que en promedio cada semana destituyó a cuatro alcaldes. Un verdadero récord.

Ese ritmo inclemente de castigos le ha granjeado aplausos entre una ciudadanía que cada día está más hastiada de la corrupción. Sin embargo, el tema no es sencillo. En algunos de sus fallos, la Procuraduría viene ‘creando’ una especie de jurisprudencia bastante controvertida.

La sanción al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, por ejemplo, cayó como un sedante para una opinión pública que quería ver rodar cabezas de los culpables del saqueo de la capital. Sin embargo, en términos estrictamente jurídicos, se desató una gran polémica porque en ese momento no existían las pruebas de la participación directa de Moreno en el carrusel de la contratación y por eso la Procuraduría lo suspendió por omisión en el control de los contratos. Como dijo en ese entonces esta revista, con ese rasero no quedaría funcionario con cabeza en el país. Comenzando por el expresidente Álvaro Uribe, quien tendría que responder, por el descalabro de la infraestructura vial, o el presidente Juan Manuel Santos, porque no se hicieron a tiempo las obras para mitigar el efecto de esta segunda oleada del invierno.

Otro caso que fue aún más cuestionado fue el del alcalde de Medellín, Alonso Salazar, a quien la Procuraduría destituyó e inhabilitó 12 años para ocupar cargos públicos por participación en política. El pecado de Salazar fue haber dado a conocer unas fotografías en las que aparecía un candidato a la alcaldía haciendo campaña con presuntos miembros de grupos ilegales. En un amplio sector de la capital antioqueña quedó el sabor de que la Procuraduría se estaba cobrando el rifirrafe que había tenido con el alcalde por la construcción de una clínica de la mujer en la cual se iban a practicar abortos en los tres casos permitidos por la Constitución. Un grupo de 43 reconocidos dirigentes y empresarios antioqueños pidió a la Procuraduría revisar la sanción contra el exalcalde. Pero hasta ahora no ha pasado nada.

Más allá de la polémica, lo cierto es que gracias a ese tipo de fallos el Procurador tiene en sus manos un poder extraordinario. La pregunta que todos se hacen es si esto va a desembocar en una aspiración presidencial de Ordóñez o qué tanto puede durar su poder. Sobre su escritorio está servida la cabeza de algunos de sus contendores en una eventual campaña presidencial. Así como le abrió una investigación –extemporánea- al ministro Germán Vargas Lleras, que ya le cerró, y así como destituyó ahora a Gustavo Petro ¿Llegará también la del gobernador de Antioquia Sergio Fajardo?

¿Qué nuevo papel estaría jugando la figura del Procurador en el sistema democrático?

Pero el problema no termina ahí. A eso se le suma que los fallos del Procurador en la práctica no tienen apelación. Si un funcionario sancionado no está de acuerdo con su decisión tiene que apelar otra vez ante él. O invocar otro recurso ante el Consejo de Estado.