El prontuario de alias Zorro, peligroso criminal de las disidencias de las FARC detenido

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscaliía General de la Nación judicializó a Fernando Castro Castaño, alias Zorro, presunto cabecilla de la red de sicarios del grupo armado residual de las FARC, la estructura Oliver Sinisterra, quien estaría involucrado en ocho homicidios ocurridos durante el último año. Su mayor actividad delictiva la adelantaba en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño.

Los elementos de prueba evidenciaron que este hombre, al parecer, participó en el crimen de tres integrantes de una misma familia que, supuestamente, jugaban billar en el corregimiento de Llorente, el 3 de julio de 2020. Esto, luego de que la ‘Oliver Sinisterra’ difundiera un panfleto con amenazas a la ciudadanía para que no saliera de casa y evitara acudir a sitios públicos, entre otras advertencias, durante los días de aislamiento preventivo por el covid-19.

Asimismo, las investigaciones dan cuenta de que alias Zorro habría participado en el asesinato de un adolescente que no quiso ingresar a la estructura ilegal, en abril de 2020. También hay indicios que lo señalan de atacar con armas de fuego e incinerar una patrulla de la Policía Nacional que acompañaba y asistía a los familiares de seis personas asesinadas en el corregimiento La Guayacana, el 23 de agosto de 2020. Producto de esta acción murió el uniformado Diego Andrés Moreno.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación imputó a alias Zorro los delitos de: concierto para delinquir, homicidio agravado y fabricación, tráfico y/o porte de armas de fuego. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Fernando Castro Castaño fue capturado gracias al trabajo articulado de la Fiscalía, la Sijín de la Policía Nacional y unidades del Ejército Nacional en la vereda Caunapi del corregimiento de Llorente, en Tumaco (Nariño).

Otras acciones contra disidentes de las FARC

La justicia colombiana impuso, el 30 de marzo pasado, una condena de casi 29 años de prisión a un guerrillero, marginado del Proceso de Paz, por su participación en el secuestro y asesinato de un equipo periodístico ecuatoriano en 2018. Jesús Vargas, conocido con el alias de Reinel y quien ejercía como mando medio del grupo armado Oliver Sinisterra, deberá cumplir 28 años y 8 meses de cárcel por el crimen de los trabajadores del diario El Comercio en la frontera entre ambos países.

Se trata del primer condenado por un caso que fue repudiado internacionalmente. El periodista Javier Ortega (32 años), el fotógrafo Paúl Rivas (45) y el conductor Efraín Segarra (60) fueron secuestrados en Ecuador por disidentes de las extintas FARC el 26 de marzo de 2018. “Posteriormente, quedaron a cargo de alias Reinel, quien fue el encargado de custodiarlos hasta que alias Guacho, entonces cabecilla de la estructura disidente, ordenó asesinarlos”, detalló la Fiscalía General de la Nación.

Los cuerpos fueron hallados tres meses después del secuestro en una fosa clandestina ubicada del lado colombiano de la frontera, en el departamento de Nariño, la zona con más narcocultivos del mundo. El ecuatoriano Walter Arizala, alias Guacho, fue abatido por militares colombianos en diciembre del mismo año.

De su lado, Reinel, de 29 años y detenido en julio de 2018, aceptó su responsabilidad en los hechos. Según la Fiscalía, realizó “un acto virtual de perdón con los familiares de las víctimas”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguró en un informe que las acciones de Ecuador para proteger a los reporteros asesinados “fueron insuficientes”.

Sin un mando unificado, los disidentes que se apartaron del pacto de paz firmado por las FARC en 2016 suman unos 2.500 militantes y se nutren principalmente del tráfico de drogas y la explotación ilegal de oro y otros minerales, de acuerdo con inteligencia militar.

La frontera colombo-ecuatoriana es uno de los territorios más golpeados por el rebrote de la violencia en Colombia tras la firma del pacto de paz. Expertos señalan al Estado de no haber asumido el control de los territorios dejados por los guerrilleros, lo que facilitó la consolidación de bandas de disidentes y narcotraficantes.