Procuraduría propone proyecto de ley para mejorar acceso a la justicia

Desde décadas atrás, la justicia colombiana presenta una serie de problemas que han disminuido la percepción general que se tiene con respecto de su capacidad para atender y proteger los derechos de los ciudadanos. Asuntos relacionados con la congestión en los despachos, atraso en las decisiones y la poca sincronía que existe entre los diferentes organismos involucrados, pese a que hacen parte del mismo aparato, han perdurado por años a pesar de los múltiples intentos de mejoría.

Uno de estos esfuerzos realizados está encabezado por la Procuraduría General de la Nación. A través de la consulta ciudadana “Voz por la Justicia”, el Ministerio Público visitó las diferentes regiones del país y se reunió con más de 6.200 personas con el objetivo de dar un diagnostico puntual sobre la realidad de la justicia nacional. Por un periodo de seis meses, desde septiembre de 2019 hasta febrero de 2020, se recolectaron propuestas del sector privado, universidades, organizaciones y comunidades indígenas y afrocolombianas.  

Corrupción, baja calidad de los servicios y desconfianza en los funcionarios judiciales encabezaron la lista de aspectos que más preocupación producen en los colombianos al momento de ser interrogados sobre el sistema judicial.

A lo anterior, se suma la presente crisis generada por la llegada al país de la covid-19, la cual ha obligado a jueces y funcionarios a reinventarse al desempeñar sus funciones desde casa y con un intenso uso de la tecnología. Este último aspecto, además, ha dejado en evidencia la urgencia de renovar la infraestructura de la Rama Judicial que hasta hace unos meses aún operaba con papel y diligencias de carácter presencial. 

El pasado mes de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó una resolución en la que advirtió sobre la necesidad de adoptar las medidas pertinentes durante la pandemia para que existan mecanismos de acceso la justicia que no pongan en peligro la salud y vida de las personas.

Ante un escenario de precariedad económica y laboral como el que se ha desatado en una región con altos niveles de desigualdad como América Latina, la Comisión enfatizó en que las vulneraciones de derechos probablemente aumentarían y los Estados deberían estar prestos a brindar soluciones oportunas.

Teniendo en cuenta la crisis ya existente, junto con las dificultades coyunturales surgidas a raíz del coronavirus, la Procuraduría presentará ante el Congreso de la República un proyecto de ley que promueva y facilite el acceso a la justicia.

Condensando las ideas recogidas durante la consulta ciudadana, dicho proyecto será radicado el 20 de julio y girará alrededor de varios ejes: apertura a la justicia, formación ciudadana en derechos, fortalecimiento de entidades territoriales, alianzas interinstitucionales, creación de veedurías ciudadanas para la rendición de cuentas y desconcentración de la Rama Judicial.

El proyecto, cuya consigna es dotar de legitimidad a la institucionalidad jurídica frente a la población colombiana, tendrá que ser estudiada por los congresistas en las próximas semanas.