El proyecto que busca que internet sea un servicio público en el país

Este lunes se aprobó en primer debate un proyecto de ley que pretende que internet sea un servicio público de carácter esencial y universal permanente. En esencia, la medida busca que las tarifas del servicio sean asequibles y competitivas, con la que se permita la conectividad de todos los colombianos, especialmente los más vulnerables.

El autor de la iniciativa, el representante Rodrigo Rojas, del Partido Liberal, dijo que este proyecto es importante porque también garantiza otros derechos fundamentales a los colombianos con relación al trabajo, educación, salud, entretenimiento, entre otros.

“Al declararlo como servicio público esencial garantizamos la universalidad que implica que el Estado propenderá a garantizar el derecho efectivo al acceso al internet con dos aspectos fundamentales: tarifas asequibles y competitivas, independientes de la localización geográfica o de la condición socioeconómica del usuario que hoy es lo que vemos limitado", afirmó Rojas.

Así mismo, el representante, que también hizo las veces de coordinador ponente, dijo que con el proyecto se podrá reducir la brecha digital en el país y garantizar mayor igualdad de oportunidades especialmente en las zonas más apartadas.

Según Rojas, actualmente 13 de cada 100 habitantes cuentan con servicio de internet. En la ruralidad se agudiza la brecha, ya que solo el 6,7 por ciento de los hogares que tienen niños entre los 5 y 18 años, y que están en proceso de formación, tienen acceso a la red.

Otra de las medidas que contempla la ley será la declaratoria de servicio público esencial, por lo que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán prestar sus labores en la instalación, mantenimiento y adecuación de las redes necesarias para la operación del servicio.

Así mismo, se aprobó que dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de la ley no se podrá suspender la prestación del servicio de internet de personas de estratos 1 y 2 que cuenten con planes de internet fijo o que tengan servicios de internet móvil que no excedan las dos Unidades del Valor Tributario (UVT), es decir, unos 71.000 pesos.

A pesar de que todos los representantes de la Comisión Sexta de la Cámara apoyaron el proyecto y finalmente fue respaldado por unanimidad, hubo una polémica porque algunos pedían que fuera discutido con otro proyecto que también hace trámite en este sentido.

Sus autores son los representantes León Fredy Muñoz, María José Pizarro y Wílmer Leal. Los tres pidieron que se discutieran ambos proyectos en forma simultánea, pero la propuesta no tuvo aprobación.

Esta iniciativa nació por las consecuencias y necesidades que evidenció la pandemia y busca que los servicios de telecomunicaciones, incluidos los servicios de radiodifusión sonora, los de televisión y los servicios postales, sean considerados como servicios públicos esenciales con el fin de que los prestadores del servicio no puedan suspenderlo cuando haya estados de emergencia.

Además, dice que el mínimo vital de las telecomunicaciones deberá contar con conectividad a una red, condiciones adecuadas para la conexión, acceso gratuito a un dispositivo en el que se pueda conectar la persona y disponibilidad de procesos de formación.

Más allá de la polémica que se superó al comienzo del debate, los tres representantes de la oposición acompañaron el proyecto de Rojas y celebraron que se presenten varias iniciativas en este sentido, reconociendo que internet actualmente debe ser un derecho fundamental.

Muñoz también se refirió a la conectividad con la que cuenta el país, la cual no supera el 50 por ciento. “Las cifras son más que contundentes para mejorar las condiciones. Somos un país que está desconectado, solo el 43 por ciento tiene la posibilidad de acceder a internet y eso es muy delicado. La ruralidad está desconectada completamente. Lo que hagamos en esta comisión y salga con el mayor consenso posible seguramente va a llegar a la plenaria con todas las condiciones”, aseguró.

Rojas concuerda que con lo aprobado y con las demás iniciativas que se han presentado en el mismo sentido. El proyecto llegará fortalecido a la plenaria y podrá seguir su trámite sin problema, ya que esta es una necesidad que se ha evidenciado con la pandemia y que demuestra que el país necesita mejores condiciones de conectividad.

De ser aprobado el proyecto de ley, se apoyaría también de otras iniciativas que ya se han aprobado, como la modernización del sector TIC, que estableció que se ampliará la cobertura.

“Lo que permite la expresión de esencialidad y universalidad de este servicio es que el Estado deba garantizar y establecer las acciones pertinentes para que pueda garantizar el acceso a todos los colombianos y fomentar el desarrollo de infraestructuras que permitan ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio”, dijo el representante del Partido Liberal.

Además de estas dos iniciativas, existen otras en este mismo sentido que también tendrán que ser discutidas, por lo que no se descarta que puedan unirse para aprobar un paquete legislativo que ponga al país a tono con otros de la región en los que ya se ha establecido que internet debe ser un servicio público. En algunos incluso se ha establecido la gratuidad con algunas condiciones.

Así mismo, desde 2011 las Naciones Unidas declararon el servicio de internet como un derecho humano y menciona que cortar el acceso de los usuarios es una medida desproporcionada y violatoria de otros derechos. La OEA también ha indicado que el servicio de internet es fundamental para la libertad de expresión y otros derechos fundamentales.

El proyecto hasta ahora empieza su trámite, pero encuentra apoyos en todos los sectores, que más allá de las diferencias en su contenido o lo que pueda llegar a aprobarse, coinciden en que ya es hora de que el Estado garantice la conectividad de todos los colombianos.