NACIÓN
El rescate de 49 mujeres de una red de esclavitud sexual en Cartagena
26 mujeres colombianas y 23 venezolanas eran obligadas a prestar servicios sexuales en establecimientos nocturnos de Cartagena para una red que les retenía sus documentos y se quedaba con su pago a cambio de darles alimentación y comida, informó hoy la Fiscalía.
Las autoridades siguen luchando contra el negocio de la explotación sexual en Cartagena, que en las últimas semanas ha permitido desarticular poderosas redes de turismo sexual.
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Hace algunas semanas fueron capturadas en diferentes lugares de Cartagena 18 personas vinculadas con la explotación sexual de menores. Entre los detenidos estaba Liliana del Carmen Campos Puello, alias "La Madame", quien es acusada por la Fiscalía de ser una proxeneta que reclutaba mujeres de estratos sociales vulnerables, al igual que el capitán de la Armada Raúl Danilo Romero Pabón.
Este lunes, la Fiscalía confirmó que mediante un operativo de allanamiento a tres establecimientos, encontraron a 49 mujeres que hacían parte de una modalidad ilegal de trata de personas. El fiscal delegado contra la violencia de niños y niñas del ente investigador, Mario Gómez, afirmó que las mujeres, la mayoría de ellas indocumentadas, estaban en establecimientos nocturnos del sector conocido como Bomba El Amparo.
Explicó que en los allanamientos se constató "la existencia de una modalidad ilegal de trata de personas interna en la que jóvenes, especialmente venezolanas y de diferentes zonas de Colombia, son convencidas de viajar a Cartagena para atender supuestas expectativas laborales, cuando en realidad serían obligadas a ofrecer servicios sexuales".
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Las 23 venezolanas, que no tenían documentos de identidad, quedaron a órdenes de Migración Colombia para verificar su ingreso al país y realizar los trámites administrativos de ley. Detalló que el grupo de mujeres rescatadas estaban en hospedajes ubicados en sótanos y en precarias condiciones y que dos de ellos se comunicaban entre sí por un pasadizo secreto.
Añadió que los delincuentes les retenían los documentos de identidad para "tener control sobre sus movimientos, las explotaban sexualmente y la mayor parte de los recursos obtenidos eran tomados por la misma red, a título de ‘cobro‘, por el alojamiento y manutención".
Los proxenetas llevaban libros en los que registraban los dineros recibidos por las mujeres por los servicios sexuales y también las "multas que adeudaban por el aparente incumplimiento de las restricciones impuestas y el promedio de servicios sexuales que debían cumplir en cada jornada".
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El fiscal Gómez dijo que ahora las investigaciones se centrarán en ubicar a los integrantes de las bandas de proxenetas compuestas por personas que cumplían distintos roles que iban desde el reclutamiento de las mujeres hasta su control y amedrentamiento que les impedía escapar. Las edificaciones en donde funcionaban los negocios serán sometidas a los procesos de extinción de dominio (expropiación).
Esta es la segunda fase de la ofensiva contra redes criminales con tantáculos en el exterior que funcionan desde Cartagena.
*Con información de EFE