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El “retaque”, la peligrosa práctica de los prestamistas “gota a gota” que amenaza a las víctimas de estos delincuentes
La Fiscalía logró la desarticulación de una organización criminal que en tres departamentos dominó el cobro de préstamos bajo la modalidad del “gota a gota”.
El “gota a gota” incluso rebosó la copa de quienes se encargan de hacer los violentos cobros a las víctimas de estos abusivos préstamos. El problema —dicho por los mismos cobradores— es que cuando se quieren salir del negocio, los convierten en blanco de las organizaciones criminales. Son ellos quienes contaron cómo funciona el llamado “retaque”.
La Fiscalía logró la desarticulación de una organización criminal que durante años se apoderó del negocio del “gota a gota” en tres departamentos. Eran los responsables de manejar los préstamos que incluían intereses del 200 %, todo bajo la amenaza de muerte como letra de cambio.
“La Fiscalía General de la Nación desarticuló en Pereira una red ilegal que estaría involucrada en millonarios préstamos concedidos bajo la modalidad ‘gota a gota’. Por estos hechos fueron judicializados Édison Eduardo Muñoz Castro, Dagnover Alirio Culman Ariza, Daniela Pinilla Marín y Wilmer Fernando Hernández”, señaló la Fiscalía tras entregar los resultados de la investigación.
En el marco de la investigación, el ente investigador explicó que algunas personas eran contratadas por la organización criminal para cumplir las labores de cobro o “retaque”, una amenaza directa a las víctimas de estos préstamos cuando dejaban de pagar los intereses. Era una estrategia criminal que incluía meterse a las casas, a la fuerza, para destruir los muebles y electrodomésticos de las víctimas.
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“Estas acciones eran cometidas en Pereira, Dosquebradas, La Virginia, Santa Rosa de Cabal, Apia y Balboa en Risaralda, además de los departamentos de Quindío, Caldas y Norte del Valle. Labores de policía judicial establecieron que a los deudores morosos y quienes no cancelaran sus deudas, les eran aplicados los llamados ‘retaques’; es decir, integrantes de la organización ilegal ingresaban a las viviendas de las víctimas”, señaló el ente acusador.
En el expediente de la Fiscalía y que permitió la judicialización de los cabecillas de esta organización, advierte que los cobradores que querían abandonar el oficio, convencidos de la ilegalidad del llamado ‘retaque’, terminaban convertidos en enemigos de la organización, incluso los obligaban a adquirir millonarios préstamos y pagar los elevados intereses.
“También sometían a las víctimas a escándalos públicos y debían sufrir la pérdida de sus pertenencias. En otros casos les eran impuestas “multas” que incrementaban de manera desmedida. Dichas sanciones en muchas oportunidades alcanzaban los 15 millones de pesos”, dijo el fiscal del caso durante las audiencias preliminares contra los cabecillas.
Por fortuna, la Fiscalía logró concretar la investigación, presentar las pruebas y llevarlos ante un juez para pedir, por respeto a la dignidad y garantizar la seguridad de las víctimas, que todos fueran enviados a una cárcel, por representar un peligro para la sociedad.
