El reto de la resocialización carcelaria en Colombia en medio de la pandemia

La pandemia del coronavirus supuso un reto para el país en términos económicos, culturales, políticos y sociales. Este último aspecto tuvo que ver mucho con cómo debería comportarse de ahora en adelante la comunidad, cómo debían socializar, cómo debían estudiar, interactuar, cuidar su salud y demás.

Una vez inició la pandemia, lo primero que hicieron las autoridades del mundo fue confinar a su población para así protegerla de la enfermedad, cada uno en su respectivo hogar sin posibilidad de ver a sus seres más queridos, tomar un café con sus amigos o incluso disfrutar de una cerveza. Sin duda alguna, hubo dos sectores de la población severamente afectados: los trabajadores del sector de la salud que tuvieron que dejar de ver a sus familias por meses, pero también los privados de la libertad.

En el primer semestre de 2020, las cárceles del país se convirtieron en el foco de atención de la opinión pública, los disparados casos de coronavirus y la imposibilidad de mantener el distanciamiento físico necesario para prevenir el contagio prendieron las alertas de las entidades del país que tuvieron que evaluar las medidas posibles para evitar mayor afectación en la población carcelaria.

Sin embargo, más allá de la prevención de contagios, los privados de la libertad tuvieron una seria afectación psicológica, ya que por meses no pudieron ver a sus seres queridos, la posibilidad de salir a tomar aire, practicar algún deporte o simplemente socializar se convirtió en un lujo. La pandemia fue un fuerte obstáculo para el proceso de la resocialización en el país, ¿qué se logró en medio de la contingencia y cuáles son los retos en términos de reincorporación y resocialización?

El temor de los privados de la libertad

Jesús Quintero y Óscar Gonzáles son privados de la libertad que están internados en La Picota, condenados a 10 y nueve años, respectivamente. No les interesa hablar de su pasado, de cuál fue la decisión que tomaron y por la que hoy están pagando ese error con el encierro en una celda.

Ambos coinciden en algo sencillo y simple en la vida de cualquier persona: hay esperanza, después de todo, la hay. Tanto para Jesús como para Óscar, la cárcel se ha convertido en una oportunidad de salir adelante, aprender de los errores y seguir para recuperar todo el tiempo perdido.

Jesús le faltan tres años para cumplir condena, pero mientras tanto quiso aprovechar el tiempo que iba a estar encerrado en una celda y así servirle a la sociedad una vez obtenga su libertad.

“Llevo privado de la libertad siete años y me encuentro estudiando administración de empresas en la Universidad Uniminuto, actualmente estoy en quinto semestre y este es un programa y un apoyo que nos ha dado el Inpec”, relata Jesús.

Para él, la idea de un proceso de reinserción, como el que se lleva a cabo en La Picota, “es afinar el proceso de resocialización que hemos empezado con nuestras familias y la meta es que cuando salgamos de este proceso como privado de la libertad nos podamos desempeñar como personas activas, y nuevas personas que podemos servir a la sociedad, además demostrar que este proceso nos sirvió para fortalecer nuestras vidas porque muchas veces uno piensa que llegar a este sitio es lo peor y no es así porque uno encuentra oportunidades que brindan en la cárcel”.

Son varios sueños los que tiene Jesús por cumplir, como otras personas privadas de la libertad que luego de culminar su condena, quieren poder recuperar el tiempo perdido y resarcir su error de una u otra forma. En este caso, Jesús quiere poder brindar empleo a otras personas al crear su empresa: “En la parte profesional, quiero desempeñarme como administrador de empresas y tener otra faceta en mi vida. De pronto antes de caer en este sitio teníamos unas profesiones o actividades económicas, pero ahora toca salir y trabajar por nosotros mismos, ser innovadores, crear empresas y guiar a otras personas para que no lleguen a estos sitios como nos pasó a nosotros”, contó a este medio.

En medio de este proceso que enfrenta en la cárcel La Picota, Jesús insistió en que lo importante es aprovechar las oportunidades que están brindando en los diferentes centros carcelarios. “Yo le digo a los compañeros que no han ingresado a estos programas, que lo hagan y aprovechen porque se ocupa mejor el tiempo libre, se prepara uno mejor, se está más satisfecho con uno mismo y ese proceso de resocialización contribuye más porque la educación es lo que cambia todo, es el pilar para cambiar todas las bases de la sociedad y transformar muchos paradigmas de nuestras vidas”, contó Jesús para el desarrollo de esta investigación.

En ese sentido, Óscar Gonzáles, quien ha estado cerca de nueve años privado de la libertad y que ya hoy está ad portas de dejar atrás ese episodio de su vida, dijo que tiene muchos sueños por cumplir y que no le teme a reincorporarse a la sociedad. Por ahora, sus esfuerzos están en conseguir el título de bachiller por el que está luchando en La Picota. “Pertenezco al grupo de validación y mi proyecto es aprender, resocializarnos para estar dispuestos y positivos para salir y así seguir estudiando para cumplir grandes metas que tenemos en propósito”, relató Óscar.

Así mismo, dijo que no tiene temor de enfrentar nuevamente la sociedad, pero siendo otra persona, sin embargo, reconoció que sí tiene ansiedad de estar con su familia.

Jairo López* es un privado de la libertad, quien actualmente se encuentra esperando su condena en la cárcel Distrital de Bogotá. Igual que los privados de la libertad de La Picota consultados para el desarrollo de la investigación académica, Jairo habló sobre sus objetivos, metas y propósitos una vez obtenga la libertad. En ese punto, dijo que cuando se le dé la oportunidad de salir le gustaría retomar su vida, no cambiar nada, pues antes prestaba servicio militar, aunque no quiso recordar su pasado.

Sin embargo, también reconoció sentir temor sobre algunos obstáculos que va a enfrentar una vez termine su proceso como privado de la libertad. “Mi temor por el momento es que salga con antecedentes y que por ese motivo las oportunidades no se me den bien, además me da miedo lo que digan las demás personas sobre mí”, contó Jairo.

Frente a los procesos de resocialización que se llevan al interior de la cárcel Distrital, Jairo señaló que le han ayudado mucho para enfrentar el encierro “porque hay veces que estoy aburrido y triste, pero hay programas que tienen muchas ventajas”, explicó.

Andrés Martínez* es otro privado de la libertad de la Distrital, su objetivo es redireccionar su vida y su carrera profesional. “Debo tener en cuenta que necesito ayudar a mi familia en la parte económica y tengo mucha ansiedad de volver a trabajar en lo que estaba haciendo y continuar con mis estudios. Tengo la idea de que este espacio que he podido vivir, me sirva para direccionar mi carrera, utilizar los centros carcelarios como un sitio de trabajo”, contó Martínez.

El privado de la libertad también coincidió con Jairo con respecto al temor que sentirá una vez salga del centro carcelario y se enfrente a la sociedad. “Mi temor y los obstáculos que veo es lo que pase con mi reputación ya que la gente tiene una mala imagen de las personas que pasamos por estos lugares y debemos superar la barrera de que las personas no piensen que uno, por pisar un centro carcelario, somos criminales, delincuentes o simplemente no podemos contribuir en la sociedad. Quiero esforzarme para romper esa barrera”, dijo Jairo. En ese sentido, los privados de la libertad consultados para esta investigación, así como los miles que se encuentran encerrados en los centros penitenciarios del país tienen algo en común: temor por cómo los pueda recibir la sociedad. Esto al ser conscientes que pertenecen, por cometer algún error, en una población estigmatizada y con pocas oportunidades para salir adelante.

En contraste a los privados de la libertad, se pudo evidenciar que la población pospenada ve otro punto de vista una vez cumplió su condena y se tuvo que enfrentar a la sociedad; hay metas, al igual de los internos, pero ya no hay esperanza o tanta ilusión. Ese es el caso de María Contreras*, una mujer de aproximadamente 45 años quien hace un poco más de tres meses logró recobrar su libertad, luego de haber pasado ocho años y nueve meses en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá.

María, oriunda de Pacho, Cundinamarca, es una mujer muy trabajadora, como ella misma se califica. “Trabajé en varios oficios, como mesera, camarera, barrendera, hacía cualquier trabajo, pero tuve una pareja y fui muy permisiva con ella”, contó.

La mujer sostuvo que su error fue permitir que su expareja la arrastrara a la venta de droga, por lo que las autoridades la capturaron el 28 de septiembre de 2013.

“Mi pareja les pagaba una vacuna a los agentes de policías de Pacho y a él luego lo capturaron. La policía de Pacho cree yo soy la que me quedo con el negocio de la venta de droga”, relató.

Sobre su pasado judicial, María señaló que en junio de 2013 tuvo problemas con un sargento de la Sijín, “él me amenaza, me dice que tengo que pagarle porque si no lo hago, me mata o me manda a la cárcel. El día que me arrestaron yo estaba con mi hija de 18 años y mi hermana, el señor de la Sijin me dice que viene con orden de allanamiento y yo ya no tenía nada que ver, pues yo trabajaba en un puesto de venta de naranja; el sargento me carga a la casa con 16 gramos de perico y bazuco y me hacen legalización de captura, yo acepté los cargos, aunque ya no teníamos nada que ver porque era un capítulo atrás”, relató entre lágrimas.

Así mismo, contó que a su hija también la llevaron a la cárcel El Buen Pastor, pero María se responsabilizó de todos los cargos con el único objetivo que era sacar a su hija de ese lugar, por lo que lo único que logró fue que le dieran cuatro años de condena en casa por cárcel, mientras que María purgó su pena en las rejas.

En el centro carcelario, María hizo varias labores, algunos pesados y que la obligaban a trabajar más de 12 horas, con el único objetivo de poder redimir la pena y así bajar algunos años su condena. “A los ocho meses empecé a descontar la pena en el área de lavandería, allí lavaba la ropa de los auxiliares y teníamos que lavar entre 300 y 400 tulas de ropa. Yo pedí ayuda porque quería salir rápido, pero también trabajé en el ‘Rancho’ (sitio del Buen Pastor donde se preparan todos los alimentos para repartir a las internas) y allí solo estuvo seis meses, me sacaron porque empecé ver muchas irregularidades”, reveló.

María tocó un punto muy sensible e importante para esta investigación académica: no hay condiciones dignas para las personas que pasan años privados de la libertad, o por lo menos eso era lo que había denunciado la mujer sobre la cárcel El Buen Pastor.

“Allá me tenían como una líder porque yo no me callaba, yo peleaba mucho por el gramaje que se daba para las internas y paré repartos porque la comida estaba dañada o la porción que les daban era insignificante, solo 35 gramos, yo denuncié eso y lo pasé al consejo de disciplina y nunca vimos respuestas”, comentó.

Así mismo, denunció el presunto maltrato al que fue sometida ella y muchas de sus compañeras por parte del personal carcelario: “No nos respetaban, nos esclavizaban, no nos daban comida, aguantábamos mucha hambre y además el horario de trabajo era 2 de la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde”, dijo María.

También denunció que las privadas de la libertad no tienen acceso a un sistema de salud acorde o por lo menos “decente”. Contó que hubo una compañera de su mismo patio que resultó quemada y gravemente herida por una explosión que se produjo en el ‘Rancho’ y nunca fue atendida. Además, aseguró que diariamente estaban expuestas a condiciones de maltrato y agresión tanto física como verbal.

“Lo más difícil fue ver cómo una dragoneante trató te meterse al patio quinto a sacar a una compañera que se llamaba Esperanza Marín*, que era lesbiana. La insultó, le pegó y le decía cualquier cantidad de vulgaridades, constantemente le pegaban sin motivos”, aseguró.

Entre muchas otras irregularidades, María denunció que en el Buen Pastor les pagaban un salario mínimo a las internas que trabajaban, pero el 10 por ciento de este sueldo era propiedad del Inpec: “No entiendo porque el Inpec se queda con el 10 por ciento del sueldo de nosotras de todos los meses, a veces nos decían que era para cuando nosotras saliéramos, pero nunca vi ese dinero”.

Así mismo, señaló que su temor, una vez salió a la libertad, fue ver la estigmatización a la que ella, como muchos otros pospenados, están expuestos.

“Lo más difícil al salir a este mundo de cemento es ver cómo uno va a pedir trabajo y la gente lo primero que mira es la hoja de vida y al ver los antecedentes, inmediatamente lo rechaza y como todo en este país, no hay oportunidades para nadie”, comentó.

Frente a los procesos de resocialización, María dijo que en el Buen Pastor no se interesan por resocializar a las internas, no hay programas o si los hay nunca terminan y quedan suspendidos: “Si me pregunta la resocialización por la resocialización en el Buen Pastor, no la hay. Sí, yo cometí un error, pero nunca entré con una mentalidad de la maldad, ¿resocialización es barrer, cocinar o lavar? Eso lo aprende uno en la casa”, denunció.

No obstante, reconoció que hubo varios programas del Sena al que fueron varias internas, pero nunca las dejaban terminar. María estuvo en un programa para poder fabricar correas y bolsos de cuero, el curso lo estaba haciendo con una universidad y duraba seis meses, de los cuales solo les permitieron, según ella, hacer 20 días.

Como muchos, María salió con ganas de cumplir sus sueños y metas: “Quiero seguir adelante y trabajar sin importar en qué, empezar de cero y conseguir mi propia casa, no quiero que no rechacen por haber cometido un delito”, pidió.

María criticó la situación carcelaria por lo menos en El Buen Pastor, sin condiciones mínimas de dignidad humana para sobrevivir los años de condena, ni programas de resocialización u oportunidades para aprender y aprovechar el tiempo del encierro. Lo cierto, es que ella siguió insistiendo en la necesidad de estudiar y trabajar.

¿Qué dice el Inpec?

A pesar de la percepción que tiene María como una pospenada más de la sociedad, funcionarios del Inpec insisten en que han sumado esfuerzos para mejorar los programas de resocialización y que cada vez sean más los privados de la libertad que accedan a ellos.

SEMANA consultó al entonces director del Inpec, el general Norberto Mujica, quien aseguró que uno de los índices de éxito en el sistema penitenciario son los datos de hacinamiento, que para 2020, consiguió su nivel más bajo en la historia.

De acuerdo con las cifras brindadas por el director del Inpec, el sistema carcelario pasó de tener 126 mil personas privadas de la libertad, población que estaba en los centros penitenciarios antes de que se diera la pandemia del coronavirus, es decir, a inicios del 2020. Esto indica que en el país había un hacinamiento del 55%, “hoy tenemos 21 % con 98 mil privados de la libertad”, señaló Mujica. (Ver las cifras actualizadas a junio de 2021)

De igual forma, sigue existiendo un nivel de hacinamiento en Colombia, pero las cifras reflejarían que habiendo menos privados de la libertad en los centros carcelario, habría más oportunidad y campo para que los internos puedan acceder a los distintos programas que se realizan en las cárceles.

Esto, según el exdirector del Inpec, quiere decir que “hay más espacio en las cárceles y no quiero ver a privados de la libertad colgados en los baños o uno encima del otro; le estamos apuntando a una verdadera resocialización”, indicó antes de salir de su cargo.

Frente a las señales de estigmatización que hay en la sociedad con respecto a la población pospenada, el entonces director del Inpec insiste en que la gente piensa que las cárceles son universidades del crimen, pero según él, las cifras marcan algo distinto y es que los niveles de reincidencia están en un 20%, y ese dato se podría reducir generando educación “para que las personas se capaciten y generen competencias que le permitan sentir que pueden hacer algo diferente con su vida”, dijo Mujica.

Así mismo, desde el punto de vista del exfuncionario, la idea es que si una persona fue capturada por hurto y su pensamiento solo está centrado en hurtar, el “arte” del Inpec debe ser cambiarle la mentalidad a esa persona y que su mentalidad se concentre en alguna capacidad de fabricar, hacer artesanías o trabajar la madera; actividades que se realizan en las cárceles. Frente a las oportunidades de empleo para este tipo de población, el general Mujica comentó que hace cinco meses, había 400 o 500 pospenados que ya se han vinculado a grandes empresas.

Por su parte, Diana Medina Rueda, dragoneante del Inpec en la cárcel La Picota, decidió vincularse al área de educación para los privados de la libertad e incentivarlos a que accedan a los programas de estudio. Para ella, estos procesos motivan a los internos y los llena de positivismo para salir adelante y enfrentar la sociedad una vez recuperen la libertad.

Así mismo, Emilio José Buitrago, quien es dragoneante hace 18 años, quiso impulsar un programa de educación física como agente resocializador. “Este es un programa en el cual le permite a estos chicos tener un espacio de recreación, deporte y acondicionamiento físico, Esto los saca de la ansiedad y encierro en el que viven, pues la idea del deporte es que los niveles de estrés y conflicto que manejan en el pasillo puedan soltarlo en las canchas.

De acuerdo con el dragoneante Buitrago, estos programas y el personal están disponibles para tenderle la mano a los privados de la libertad que decidieron dejar la droga y cambiar su mentalidad para que cuando salgan de la cárcel tengan un pensamiento diferente y sean útiles a la sociedad.

Qué debería hacer la sociedad

Rosembert Ariza es docente del departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia y especializado en temas carcelarios, administración de la justicia, constitucionalismo plurinacional, entre otros temas.

Para el sociólogo, en la población colombiana hay un fracaso de la resocialización carcelaria y eso tiene que ver con varios temas. El primero es que esto es un desacierto de la política criminal, el problema es que es incoherente. Una sentencia de la Corte, según Rosembert, habla de tres problemas graves: excesivo uso de la cárcel, es decir el punitivismo; la hegemonía de un derecho profundamente penalista, es decir el penalismo punitivo; y la debilidad institucional del sistema judicial hablando del sistema penitenciario y el sistema social en términos de socialización y resocialización, ya que, para él, el fracaso de la resocialización es el fracaso de la misma socialización.

Ariza insiste en que el gran inconveniente es el problema social que tiene que ver con la marca de la persona que ha sido “víctima de la institución social del castigo. Esta es una marca muy fuerte porque la sociedad colombiana es muy moralista católica e influenciada por los temas religiosos”, según sostiene el sociólogo.

Así mismo, indicó en esta investigación que existe la estigmatización social del expresidiario, la falta de compresión de la sociedad de lo que implica la cárcel para la persona y además, para Ariza, la cárcel es un escenario donde la gente entra en circuitos del delito. “Pareciera que al sistema le interesa que eso suceda, no que deje de suceder”, aseveró.

¿Los altos niveles de reincidencia en Colombia son responsabilidad de la misma sociedad? Frente a esta duda y evaluar si es posible quiénes son los culpables de tener reincidencia en el país, Rosembert explicó que en principio lo que

lo que lleva a una persona a que ingrese a la cárcel desde temprana edad es que “son los mismos pobres, negros que están en los sectores marginales, en las zonas rurales y normalmente este tipo de personas son parte de la población usuaria de la cárcel”.

Para el sociólogo, el Estado “no hace nada” para prevenir la reincidencia ya que los programas de reincidencia “son mucho más débiles que los programas de prevención del delito”. Además, insiste en que las universidades no juegan ningún papel y el propio mundo penitenciario tampoco está diseñado para eso.

Frente al rol que tiene que cumplir la sociedad, el experto en el tema sostiene que es la misma estructura la que expulsa a los pospenados y no permiten el ingreso de los mismos al sistema de economía formal y ni siquiera informal, porque “están condenados al circuito ilegal y pareciera que el Estado hiciera todo para mantenerlos en el circuito ilegal”, argumentó.

¿Cómo romper el circuito ilegal? En este punto, Ariza sostiene algo de suma importancia y es plantear como una solución acabar las cárceles en el país.

“En las cárceles de alta, mediana y mínima seguridad he visto procesos de resocialización y eso es un saludo a la bandera, porque no atiende las necesidades reales de la gente. Allá es obligación darles la comida y ya, pero no les interesa brindarles a los internos una dieta mínima o que tengan una buena salud. Por eso hay que acabar las cárceles porque nosotros creamos instituciones totalitarias para expulsar los problemas y no enfrentarlos. El hecho de que tengamos un asesino en serie guardado no significa que no pueda matar desde la cárcel y el hecho de que tengamos un violador guardado con cadena perpetua no significa que no haya más violadores y no sigan reproduciéndose violadores”, dijo Ariza.

Contrario a lo que señala el director del Inpec frente a que las cárceles no son universidades del crimen, el sociólogo Ariza sostiene que el problema es que la misma comunidad saca de su barrio a un ladrón que robaba pequeñas cosas y lo manda a la cárcel, donde ahora ya no es cositero, sino que aprendió allí a ser ladrón de las grandes ligas como para robar bancos. “No se resuelve nada con encerrar a una persona por 20 años porque sale a delinquir a organizar bandas, ya que todos los grandes crímenes de este país pasan por las cárceles. A la cárcel deberían ir a estudiar, y deberían ir dos o tres días a la semana y de resto estar en la casa porque el encierro total no soluciona nada en el siglo XXI”, explicó el sociólogo.

Finalmente, sobre el tema de la estigmatización hacia los pospenados, Rosembert dijo que es un problema de educación, ya que, si una persona que tiene una deuda con la sociedad la paga, es alguien que debería tener un reconocimiento y ascender socialmente y no descender. Así mismo, sostuvo que una persona que pasa por la cárcel y cumple condena debería tener un privilegio en la sociedad y ser tenidos en cuenta para conseguir empleo.

*Los nombres verdaderos de las fuentes se ocultaron por petición de las mismas El nombre verdadero de la fuente se ocultó por petición de la misma