El revelador documento que entregará Duque a la JEP sobre la violencia contra la fuerza pública

Cuando se habla de víctimas en Colombia, generalmente se hace referencia a la población civil, que evidentemente fue la más afectada por el conflicto, a los miembros de grupos ilegales, muchos de los cuales fueron reclutados ilegalmente siendo menores, pero rara vez se hace alusión a los soldados y policías que han resultado afectados por la guerra incluso en acciones producidas fuera de los campos de combate.

Por eso, según se conoció, el presidente Iván Duque le solicitará formalmente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la apertura de un macrocaso que investigue los crímenes de guerra contra los miembros de la fuerza pública de parte de grupos ilegales al margen de la ley.

Pero además, el Gobierno tiene listo un extenso libro, de más de 700 páginas, que será entregado al Centro Nacional de Memoria Histórica.

En el libro se evidencia la crudeza de las hostilidades durante más de cinco décadas, en que las organizaciones armadas ilegales generaron diversos patrones sistemáticos de violencia y graves violaciones a los DD. HH. e infracciones al DIH en contra de los miembros de la fuerza pública y la población civil desde el año de 1964, hasta el punto de generar 403.352 víctimas al interior de la fuerza pública. Entre los patrones plasmados en el libro se encuentran el secuestro, los ataques terroristas, las desapariciones, el uso de minas antipersona, la tortura y el desplazamiento forzado.

Los miembros de la fuerza pública, según se detalla, sufrieron altísimas tasas de victimización como resultado de la acción de los grupos armados organizados. El libro inicia con un recuento histórico de los principales momentos que marcaron la segunda mitad del siglo XX y las dos primeras décadas del XXI, considerando sus impactos en la doctrina militar.

Posteriormente, avanza sobre la evolución del despliegue territorial de la fuerza pública en respuesta a las circunstancias de orden público del país.

En un siguiente momento habla de la aplicación de la normatividad en términos de Derechos Humanos de parte del Ministerio de Defensa Nacional. Seguidamente plantea la discusión alrededor de los patrones sistemáticos de violencia a los miembros de la fuerza pública y sus repercusiones en términos de victimización.

Finalmente, concluye con un recuento de los principales aportes de la fuerza pública a la construcción de paz. ”El 87,52 % de los secuestros de miembros de la fuerza pública ocurrieron entre los años 1990 y 2002, donde el 27,27 % de estos casos tuvo lugar en la zona de retaguardia estratégica y de permanencia histórica de las Farc-EP, lo que coincide con que este grupo armado ilegal haya sido el autor del 38,22 % de los secuestros de miembros de la fuerza pública ocurridos en todo el país, seguidas por el ELN, con el 10,47 %”, dice el documento.

Como consecuencia de esta realidad, argumenta el Gobierno que se configura en el escenario la pertinencia de la apertura de un macrocaso que abarque la victimización de miembros de la fuerza pública. La razón de tal magnitud de victimización en gran medida corresponde al uso sistemático de medios y métodos no convencionales de guerra.

La prohibición de estos medios y métodos por el DIH obedece a que desconocen los principios de distinción y limitación. Existe una larga tradición en el derecho internacional para limitar el uso de estos recursos no lícitos y así evitar el sufrimiento de quienes participan en las hostilidades y quienes no participan en ellas. Las condiciones en las que los grupos armados organizados privaron de la libertad a miembros de la fuerza pública y a civiles se alejan de ella, e involucraron elementos como tortura y violencia sexual, entre otros.

Adicionalmente, la privación de la libertad obedeció a una estrategia de los grupos armados organizados para financiarse o para presionar el Estado colombiano en busca de sus propios intereses. Por otro lado, el uso de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados fue amplio en el espacio y el tiempo, y obedeció a la existencia de un plan emanado de la más alta dirección de estas organizaciones ilegales. Estas actividades generaron un gran número de víctimas producto de graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Por lo anterior, indica el Ejecutivo, es necesaria la apertura de un macrocaso sobre medios y métodos no convencionales para garantizar a las víctimas los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición en el marco del sistema de justicia transicional. El documento podrá ser consultado de manera libre y contará con un soporte audiovisual que resume cada uno de los capítulos. Con este documento el Ministerio de Defensa espera que las nuevas generaciones de colombianos reconozcan y no olviden lo sucedido en las diferentes etapas de la violencia que vivieron de cerca los uniformados. El documento podrá ser consultado de manera libre y contará con un soporte audiovisual que resume cada uno de los capítulos.