El reversazo del Consejo de Política Criminal frente a la cadena perpetua para violadores

El tema de imponer la cadena perpetua para los violadores y abusadores de niños ha sido una de las principales banderas del presidente Duque desde la época de la campaña. Es bien sabido que este es uno de los puntos primordiales para la base de votantes del Centro Democrático y en consecuencia se ha convertido en un bastión programático para el jefe del Estado y para el partido de Gobierno.

Sobre este asunto han existido todo tipo de discrepancias y encontrones pues, por más que así lo quisiera, el presidente no puede imponer este cambio de manera unilateral. Para hacerlo, se necesita adelantar una reforma constitucional que debe surtir las vueltas necesarias en el Congreso para ser aprobada. Esto, por que en Colombia la figura de la cadena perpetua siempre ha estado expresamente prohibida en la Constitución. En los últimos meses, hubo dos episodios alrededor de este asunto que evidenciaron un conflicto entre las opiniones de los técnicos y las pretensiones de los políticos sobre la cadena perpetua que, como se sabe, es una de las banderas electorales más efectivas por estas fechas.

El primer episodio llegó cuando el Consejo Superior de Política Criminal emitió concepto negativo sobre la conveniencia de la cadena perpetua para violadores de niños. Ese pronunciamiento se dio en respuesta a una solicitud del propio gobierno que había acudido a esa instancia para darle una validación técnica a este aspecto de su agenda política. El Consejo de Política Criminal es presidido por el Ministerio de Justicia y lo integran miembros de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Superior de la Judicatura, la Procuraduría, la Fiscalía y el ICBF, entre otros.

En ese entonces, el organismo consideró que la cadena perpetua era improcedente por varias razones. En primera medida, el documento anotaba que no existían evidencias de que la aplicación de esa figura se tradujera en una disminución en los casos de violación a menores. Además, afirmaba que la certeza de una condena de por vida minaba las posibilidades de resocialización del preso y se convertía en un costo significativo para el Estado. Según el informe, los recursos que se destinan para mantener a un recluso podrían ser mejor utilizados en programas de educación y de atención y reparación a las víctimas. Para terminar, el documento anotaba que la cadena perpetua iba en contra de los derechos humanos y que no ayudaba a subsanar la precaria situación carcelaria que hoy vive Colombia.

La publicación del documento elaborado por el Consejo de Política Criminal coincidió con los últimos días de Gloria María Borrero al frente del Ministerio de Justicia. La entonces ministra coincidía con las tesis y el enfoque planteado en dicho informe. A los pocos días de que se hiciera pública la recomendación del Consejo de Política Criminal, el presidente Duque advirtió que a pesar de los hallazgos técnicos, su gobierno seguiría adelante en su cruzada de aplicar la cadena perpetua a los violadores de menores. Luego de esa declaración, Margarita Cabello, la nueva jefe de la cartera de justicia, advirtió que lo dicho en el documento no tenía un carácter vinculante ni hacía parte de la agenda del gobierno. Estas declaraciones del presidente y de la ministra terminaron en la renuncia de Ricardo Posada, quien entonces presidía la Comisión que emitió el informe.

El segundo episodio vino de la mano de una inesperada discrepancia política. Contra todo pronóstico, la representante a la Cámara Margarita Restrepo, del Centro Democrático y muy cercana al expresidente Uribe, pidió que el proyecto de ley que está en curso para modificar las penas para violadores de niños fuera aplazado hasta después de elecciones o hasta que se conociera el nuevo informe de la Comisión de Política Criminal. El grito de independencia de Margarita Restrepo no cayó nada bien el en uribismo pues aplazar la discusión de ese proyecto no solo despojaba al Centro Democrático de una de sus principales banderas de cara a las elecciones sino que en la práctica, por los tiempos del Congreso, implicaba que el proyecto se hundiera.

A pesar de las presiones que le llegaron a Restrepo desde el núcleo de su partido, la representante se mantuvo firme en sus convicciones y defendió la postura de la inconveniencia de la cadena perpetua.

En las últimas horas el tema volvió al centro de debate pues ese mismo Consejo que hace apenas unos meses había emitido un concepto negativo sobre la cadena perpetua ahora, con algunos nuevos miembros, se pronunció en el sentido absolutamente opuesto. En una voltereta difícil de explicar desde el punto de vista técnico, los expertos consideraron que, con ciertas consideraciones, es procedente dar vía libre a la aplicación de la cadena perpetua para violadores de menores. Con esta nueva realidad, teniendo ya una aval técnico que sustente la batalla política, el tema volverá al seno del Capitolio y se convertirá de nuevo en una de los puntos centrales del debate electoral.