El revolcón a la formación de policías que está a punto de ser ley

Cada vez se han vuelto más cotidianos los choques entre civiles y miembros de la Policía Nacional, una institución que, a pesar de ser fundamental en el país, se encuentra en sus mayores niveles de desprestigio.

Y no es para menos. Según un informe de la ONG Temblores, durante el reciente paro nacional se documentaron 4.285 hechos de violencia cometidos presuntamente por miembros de la fuerza pública.

Las más de 4.000 denuncias incluyen 1.486 víctimas de violencia física, setenta víctimas de agresiones oculares, 215 de disparos de arma de fuego, 28 de violencia sexual, ocho de violencia basada en género, así como 1.832 detenciones “arbitrarias” de manifestantes, 734 intervenciones violentas en el marco de las protestas pacíficas, treinta casos de uso de arma Venom por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y 41 casos de afecciones respiratorias por el uso de gases lacrimógenos.

En contraste, las autoridades han señalado que tienen evidencia de que los actos vandálicos contaron con presunta financiación de organizaciones ilegales, como las disidencias de las FARC y el ELN.

Para empezar a frenar estos constantes choques entre civiles y personal de la Policía, cuya función es, precisamente, velar por el ciudadano, el Congreso de la República está a punto de convertir en ley una iniciativa presentada por el Gobierno nacional que da un vuelco en la formación de los uniformados.

La iniciativa, en esencia, crea nueva categoría llamada Patrulleros de Policía y se establecen mayores y mejores condiciones para ellos, tales como reconocimientos e incentivos económicos, tiempo de servicio, buen comportamiento y profesionalismo de los policías.

Pero uno de los puntos más importantes de esta norma, que ya superó tres de sus cuatro debates correspondientes, es el que hace referencia al mejoramiento de los planes de estudios para formación y cursos de ascenso de oficiales y nivel ejecutivo, así como la puesta en marcha de nuevos programas académicos con énfasis en derechos humanos, gestión comunitaria, labor del policía de vecindario y docencia policial.

“Los ascensos serán más exigentes, se evaluará no solamente la parte intelectual, también la emocional y física, superación de los cursos y la certificación de la idoneidad, para quienes en determinado momento sea necesario utilizar la fuerza”, explicó el representante Alejandro Chacón, coordinador ponente del proyecto.

La iniciativa establece, por ejemplo, que los uniformados deberán asistir periódicamente a cursos en derechos humanos y validar permanentemente competencias en atención al ciudadano, la ejecución de los procedimientos policiales, la promoción y el respeto de los derechos humanos y el uso legítimo de la fuerza.

“Para la formación policial en derechos humanos, harán parte del cuerpo de docentes personal civil con trayectoria y reconocimiento por sus estudios o investigaciones en materia de derechos humanos, derechos de las mujeres y población LGTBI”, indica el texto del proyecto.

Salud mental

Está claro que la labor en la Policía puede constituirse en una de las más estresantes, pues los uniformados están constantemente bajo presión.

Por eso, la iniciativa establece que se deberá ejecutar un programa de prevención y promoción de la salud mental con el fin de proteger, mejorar y conservar la salud mental del personal uniformado en el servicio público de policía.

“La Policía Nacional realizará un monitoreo a la salud mental del personal policial. Para estos efectos mínimo cada año el uniformado, previa citación deberá presentarse para su respectiva valoración”, apunta el proyecto.

El texto también establece que para ingresar a la institución se debe no haber sido condenado penalmente, ni estar vinculado formalmente a investigaciones por violaciones a los Derechos Humanos.

La iniciativa queda pendiente solo de su último debate en la Plenaria del Senado para pasar a sanción presidencial y convertirse en ley, un proceso que se podrá surtir pronto pues la iniciativa tiene mensaje de urgencia.