El riesgo que tendría eliminar la pena de cárcel para quienes incumplan con inasistencia alimentaria

En los próximos días se podría presentar una fuerte polémica por cuenta de la petición que haría el Gobierno del presidente Gustavo Petro al Congreso para eliminar la pena privativa de la libertad a algunos delitos menores.

La finalidad de esta propuesta sería eliminar el hacinamiento que se presenta en las cárceles del país, pero desde ya hay quienes dicen que, por ejemplo, eliminar la cárcel para la inasistencia alimentaria podría generar problemas y más cuando no está claro cuál será el servicio alternativo que se aplicaría al condenado.

Por esa razón el exviceministro de Justicia, Camilo Andrés Rojas, indicó que la reforma que ha planteado el ministro Néstor Osuna, debe ser evaluado a fondo para evitar que por solucionar un problema, lleguen otros adicionales.

Como se ha dicho que una de las penas a las que se les quitaría la cárcel es a la inasistencia alimentaria, Rojas dijo que debe precisarse detalladamente cómo operaría la justicia en este delito para determinar las medidas sustitutivas.

“Hablar de la despenalización del delito de la inasistencia alimentaria no sólo es un cambio sustantivo del Código Penal sino que se debe pensar en mecanismos que permitan realmente el cumplimiento que tienen los padres con sus hijos y en algunos casos de los hijos con su padres”, dijo el exviceministro.

Agregó que el Congreso aprobó recientemente el llamado ‘Datacrédito’ para reportar a quienes no cumplen con sus pagos de cuota a través del Registro Único de Deudores Morosos Alimentarios, generando un castigo porque se les impide contratar con el Estado cuando no cumplan las obligaciones. En ese sentido, Rojas cree que la reforma propuesta por el Gobierno iría en contra de esa ley de la República.

Lo cierto es que la propuesta ya tiene el aval del Consejo Superior de Política Criminal para aliviar el hacinamiento carcelario. El concepto dice que es positivo el servicio no remunerado que prestaría la persona condenada a favor de las instituciones públicas, organizaciones sin ánimo de lucro y no gubernamentales.

El exviceministro dijo que este tipo de iniciativas son válidas pero debe haber precisiones para determinar claramente cuáles serán las labores que cumplirán quienes incumplan la cuota alimentaria. ”En materia penal, las cifras de la Fiscalía General de la Nación indican que se han presentado en la última década más de 700 mil denuncias por este delito, lo cual resulta no ser solo la carga para la entidad pública sino que también es ineficiente para quien resulte condenado por este delito y al ser privado de la libertad no podrá generar los recursos para los alimentos”, explicó el saliente viceministro de Justicia.

Agregó que “en materia jurídico criminal uno pudiera pensar en un beneficio positivo en el hacinamiento carcelario, pues ya no estarían en los establecimientos de reclusión y que además podrían con medidas alternas salir a generar actividades que les permita generar actividades que cumplan con la cuota alimentaria”.

Aún no está claro cuando llegará esta iniciativa al Congreso de la República pero el borrador ya se está trabajando y antes de finalizar el año sería presentado. En todo caso también se propondrá una sustitución de prisión para condenados que cumplan con ciertas características, como estar condenados a menos de seis años, que no sea por conductas contra de la libertad, integridad y formación sexual, entre otros requisitos.