“El río que se volvió un lugar de terror por esta práctica de la muerte”: presidente de la JEP por el reconocimiento del Cauca como víctima del conflicto

En las últimas horas trascendió la noticia de que la JEP acreditó al río Cauca como víctima del conflicto armado por haber sido una fosa común de los grupos armados durante el desarrollo de los combates por décadas. Siendo esta, la primera vez que un río es considerado judicialmente víctima de la guerra que azota a Colombia. Esto en el marco de que el tribunal respondió a una petición de los consejos comunitarios afrocolombianos. Por años, miles de cadáveres fueron arrojados a estas aguas.

Con respecto a este tema, el magistrado Carlos Roberto Vidal, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz habló en Canal Institucional al respecto. “Está en el contexto del caso 05 que estudia la situación en el norte del departamento del Cauca del Sur del Valle del Cauca y atiende al ataque que habrían hecho grupos paramilitares en alianza con la fuerza pública arrojando decenas, a veces miles de cadáveres al río, lo cual habría producido tremendos efectos, no solo físicos sobre la corriente, sino efectos irremediables entre la relación entre las comunidades ribereñas y el río”, manifestó.

“El río que se volvió un lugar de terror por esta práctica de la muerte, en un sitio que originalmente era un sitio para la vida”, dijo el magistrado que aseguró que esta iniciativa es novedosa y sin antecedentes en el país. “Están hablando de algo así como 10 años de conflicto en los que se generalizó esa práctica y por desgracia al contrario de los cementerios, el lanzar los cadáveres a los ríos hacía que desaparecieran y entonces las cuentas son muy especulativas sobre la cantidad que hubo”.

De igual manera, el funcionario manifestó el terror que vivían los ciudadanos con estas prácticas. “Lo que tenemos son los testimonios de la gente en las riberas, donde entre otras cosas, por ejemplo, en esa región o incluso aguas abajo porque cuando las personas salían en las lanchas a los ríos bajaban los cadáveres por decenas y era una un espectáculo dantesco que hizo que la gente retrocediera y tuviera que vivir de espaldas al río”.

Acerca de poder reconocer a las comunidades de los ríos como víctimas, el magistrado Vidal manifestó que así será. “Por supuesto, la idea de reconocer el río es la posibilidad de vincular a todas estas personas que vivían junto al río. Sabemos que se hizo la práctica de recoger cadáveres, adoptarlos y enterrarlos en los municipios de las orillas. Todo esto son historias que solo ocurren en este país, pero que el país tiene que reconocer”.

El comunicado de la JEP

“La JEP acreditó por primera vez a un río como víctima de graves afectaciones sufridas en el conflicto armado en Colombia. La decisión se tomó en respuesta a la petición que presentaron los Consejos Comunitarios Afrocolombianos del norte del Cauca, que han señalado las graves afectaciones que ha sufrido el río Cauca a causa de su utilización como fosa común, el uso de mercurio para la minería ilegal y el vertimiento de químicos derivados de la producción de sustancias ilícitas, por parte de grupos al margen de la ley”, señaló un comunicado de prensa de esa entidad para narrar la trascendental decisión que tomó ese alto tribunal.

Los hechos que recoge esa providencia datan de los años 2000 a 2004, en los cuales, a juicio del trabajo realizado por esa jurisdicción, “se realizó una conducta sistemática permitida por la fuerza pública, y realizada por grupos paramilitares, que consistió en asesinar personas y arrojarlas al río Cauca para que nunca pudieran ser encontradas. Esto no solo afectó la vida de estas personas, sino también al medio ambiente”.

La JEP ha escuchado por años a los protagonistas y víctimas del conflicto en esta región, una de las más golpeadas por el continuo enfrentamiento de los grupos armados ilegales. Lo ha hecho en el marco del caso 005, que caso prioriza las violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado en el Valle del Cauca y el Cauca. El caso estudia especialmente los hechos sucedidos en los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla y Puerto Tejada en el Cauca, y Palmira, Pradera, Florida, Candelaria y Jamundí, en el Sur del Valle del Cauca.

En sus relatos, víctimas como victimarios han contado como durante los tiempos más crudos del conflicto, miles de cadáveres fueron lanzados al río. “Esto afectó sus aguas, las especies que lo habitan y vulneró, profundamente, la relación de decenas de comunidades étnicas con la naturaleza”, señala el documento.

Así lo han reconocido los principales líderes del extinto Bloque Calima de las AUC que, además, “han referido la existencia de alianzas de esa organización con miembros de la fuerza pública que operaban la región para desaparecer a sus víctimas. Esta información ha sido confirmada en diversas fuentes como versiones libres realizadas en Justicia y Paz, informes y narraciones de las víctimas”.