El Salado: 20 años con heridas invisibles que no cicatrizan

La verdad de lo que ocurrió en El Salado lleva 20 años escondida. Ni en los estrados ni en las calles del corregimiento que las víctimas rescataron de la maleza logran encontrar las respuestas para entender por qué la muerte se ensañó con sus familiares.

Durante siete días, 300 paramilitares invadieron el pueblo, mataron a más de 60 personas de las peores maneras imaginables, y bebieron y bailaron como en una corraleja macabra. Hasta ahora, sin embargo, empiezan a despejarse muchas de las incógnitas y las víctimas comienzan a conocer la verdad casi por casualidad.

Así le pasó a Yirley Velasco, una líder defensora de derechos humanos. Cinco días antes de conmemorar dos décadas de la masacre se enteró de que en el Tribunal de Justicia y Paz existe, desde hace una década, un extenso relato del exjefe paramilitar Juancho Dique, protagonista de la barbarie ocurrida en febrero de 2000.

El Salado es considerado un laboratorio de paz y un ejemplo para los 170 municipios que tratan de abrir el mismo camino hacia el posconflicto tras la dejación de armas de las Farc. No obstante, la experiencia de este corregimiento de Bolívar tiene zonas grises. Se puede decir que ha avanzado significativamente hacia la reparación, pero las víctimas sienten que falta justicia y verdad, mientras se esfuman las garantías de no repetición.

En efecto, las amenazas nunca han cesado. Como el panfleto que le llegó hace poco a Velasco, con la frase “esa blusa blanca que tienes va a quedar empapada de sangre con tus sesos, te vamos a dar un tiro en la sien”. No puede permanecer en un solo lugar desde enero del año pasado. Menos desde que le prometieron terminar igual que María del Pilar Hurtado, la líder asesinada en Córdoba mientras su hijo gritaba desconsolado.

Ante la falta de respuesta de las autoridades, Yirley Velasco, sobreviviente de la masacre, tuvo que abandonar el territorio por las constantes amenazas.

Por otra parte, el desarrollo ha transformado a El Salado, pero muchas familias creen que el acompañamiento no profundizó en el tema imperativo de cómo sanar las heridas invisibles que dejó haber presenciado con sus propios ojos la masacre.

En 2002, cuando retornaron los primeros 100 habitantes, pusieron la primera piedra y de paso le abrieron camino al progreso. “Estábamos cansados de ver a sus vecinos y amigos mendigando en la calle, durmiendo arrimados donde familiares y embolatando el hambre con tinto”, le contó Luis Torres, un poblador de El Salado, a SEMANA en su momento.

Poco a poco la comunidad empezó a encontrar la forma de volver a echar raíces y pensar en un futuro más digno. Sin mucha experiencia, comenzaron a recuperar lo que alguna vez había sido suyo. Y, de la mano de la Fundación Semana, idearon un laboratorio de paz que les permitió trazar una ruta de reconstrucción colectiva.

Apoyados en más de 140 alianzas con organizaciones públicas y privadas, sacaron adelante más de 21 proyectos que han solucionado temas vitales. Entre estos, montaron una planta para purificar el agua; han mejorado la carretera a Carmen de Bolívar, que redujo en más de una hora el tiempo de viaje; y le han abierto espacio a la cultura.

Para incentivar el retorno de los saladeros desplazados, con el apoyo de la fundación pusieron en marcha el programa Aeiotü, que capacitó a maestros y adecuó las instalaciones para devolverles la educación a los niños. Montaron mesas temáticas para concertar sobre educación, infraestructura, salud, desarrollo productivo y comunitario, cultura, seguridad, y priorizaron las necesidades más urgentes.

En estos años El Salado ha tomado nuevo aliento. El sector privado impulsó varios procesos; y el Estado ha invertido 480 millones en el plan de reparación colectiva y más de 27.300 millones en reparaciones administrativas. A diferencia del promedio nacional, allí han indemnizado a más 4.951 personas, casi el total de la población.

De acuerdo con la Unidad de Víctimas, los avances de reparación alcanzan el 40 por ciento, con proyectos de restitución, titulación y legalización de predios; formación comunitaria; reparación y mejoramiento de redes eléctricas; fortalecimiento de las juntas de acción comunal; dotación para el colegio y programas de educación para adultos. Pero si el balance del aterrizaje institucional está en verde y podría impactar en un cambio real en el territorio, ¿por qué en El Salado persiste la sensación de que todo está por hacer?

¿Dónde está la falla?

A simple vista, varios factores han impedido que retoñe el desarrollo sembrado en El Salado. La falta de integralidad de los proyectos ha hecho, por ejemplo, que algunas familias accedan a la oportunidad de tener ganado, pero sin terreno para levantarlo; o que haya casos como el de las fincas La Quimera y La Conquista, adquiridas por el Estado para proyectos productivos que no vieron la luz por falta de un sistema de riego. O que se repitan situaciones como la de la red de alcantarillado, que presenta fallas porque la Alcaldía local no ha garantizado su mantenimiento.

Ahora bien, para los saladeros la discusión tiene mucho más de fondo. La falta de acompañamiento profesional para lidiar con las heridas que dejó la masacre está ocasionando estragos. “A mi mamá me la están matando poquito a poquito, psicológicamente está muy afectada. Cuando me violaron, mi mamá vio todo lo que me hicieron y desde ahí quedó con trastorno psiquiátrico. La hemos tenido que internar porque se ha querido quitar la vida”, asegura Yirley.

A raíz de una sentencia de tutela y de la Ley de Víctimas, el Ministerio de Salud tuvo que responsabilizarse del tema y diseñó el Programa de Atención Psicosocial y de Salud Integral a esta población. Pero el modelo no ha surtido efecto y la gente asegura que en el territorio apenas hay una psiquiatra que se encarga de atender a los habitantes priorizados. Es decir, quienes salieron favorecidos en el trámite del recurso legal. “Fui en una oportunidad, quería que me atendieran, pero me dijeron que no lo podían hacer porque no estaba en la lista. Que debía esperar. Además, antes debía ser valorada por un médico general”, agrega la defensora.

El conflicto no afecta a todos por igual. Expertos señalan que, ante experiencias traumáticas, solo un porcentaje mínimo requiere tratamiento psiquiátrico especializado. No obstante, en El Salado, la mayoría presenta alguna forma de dolor, que, si bien no es una enfermedad, plantea una carga que a veces no los deja vivir en paz. Especialistas señalan que, sin atención adecuada y oportuna, estas situaciones se podrían convertir en una patología mental o en un mal físico somatizado.

Ahora, en este caso también hay que tener en cuenta que los daños emocionales del conflicto trascendieron lo individual, pues acabaron con liderazgos históricos, sembraron desconfianza entre antiguos vecinos y amigos. Afectaron la esfera personal, social y hasta la familiar, porque si alguien no puede atender su propio dolor, difícilmente tiene capacidad para ocuparse de otro.

Si el país quiere hablar de posconflicto y reconciliación, debe atender los casos como lo merecen. Las víctimas, que aguantaron lo indecible y han mostrado una valentía enorme, necesitan recuperar su lugar en la sociedad como ciudadanos. En efecto, merecen reconocimiento y acompañamiento no solo para evitar que los episodios violentos se repitan. También para cicatrizar el dolor que la violencia les ha infligido.