El sector hotelero está al borde de la quiebra en Pasto: ¿qué fue lo que pasó?

Los integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de migrantes conversaban en clave: “Llevó 11 negros para el Bahía”. Se referían a migrantes haitianos que atravesaron la frontera con Ecuador y buscaban llegar a Estados Unidos, pero antes debían alojarse en Pasto. “El Mono pregunta que para dónde los manda. HD responde que para el Castillo Real”. Se trata de dos interceptaciones en las que se refieren a hoteles, ahora objeto de extinción de dominio por aparecer en lenguaje cifrado de los llamados coyotes.

SEMANA conoció las interceptaciones, en poder de la Fiscalía y la Dijín, que se convirtieron en una poderosa prueba contra una organización dedicada al tráfico de migrantes, que los investigadores bautizaron como Invisibles Darién. Al menos 11 personas fueron capturadas por llevarlos de manera ilegal desde la frontera con Ecuador hasta el llamado Tapón del Darién, en el Chocó, frontera con Panamá.

La investigación por tráfico de migrantes derivó en un operativo de extinción de dominio, que ahora es un verdadero drama para el sector hotelero de Nariño. Una docena de hoteles fue objeto de esta medida, y sus propietarios aseguran que lo único que hicieron fue alojar a personas en habitaciones dignas y a bajo costo. “Se cobraba por persona entre 10 y 15.000 pesos la noche, con desayuno”, señala un propietario de hotel en Pasto.

Los argumentos que expuso la Fiscalía en la resolución, de 159 páginas, que ordenó la extinción de dominio de 77 bienes señalan que los dueños de los hoteles no verificaron la nacionalidad de sus huéspedes, no exigieron la documentación necesaria; incluso, ignoraron los rasgos físicos de quienes llegaban a sus instalaciones, claramente diferentes al nariñense promedio, y, además, los nombres de los hoteles aparecían en las interceptaciones.

“En el hotel Bahía Star los administradores autorizaban el ingreso de los migrantes que eran en su gran mayoría haitianos y cubanos, por lo que en su momento debía llamar la atención dado que la etnografía de la ciudad de Pasto está compuesta por mestizos, blancos y población indígena. La población afrodescendiente tiene su asentamiento en la parte costera del Pacífico”, señala la resolución de la Fiscalía, que conoció SEMANA.

Crisis migratoria

Un llamado del Gobierno de Estados Unidos para recibir a casi 30.000 haitianos generó una diáspora que arrancó desde países como Chile, Brasil, Perú y Ecuador. Miles de refugiados querían atravesar el continente y cumplir la cita con el sueño americano, debían cruzar también por Colombia, y ahí estuvo el problema.

El propio embajador de Haití en Colombia, Jean Mary Exil, advirtió que sus compatriotas vivían en diferentes naciones desde hace muchos años; pero los problemas económicos en cada país, agravados por la pandemia, provocaron el desplazamiento y, de paso, una crisis migratoria que obligó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con algunas recomendaciones para los Estados, entre ellos Colombia.

“En el contexto de las emergencias y crisis enfrentadas por Haití, los Estados deben implementar acciones coordinadas con el objetivo de reducir los riesgos y fortalecer los procesos de acogida”, dijo la CIDH al emitir la resolución de ‘Protección de las personas haitianas en movilidad humana: solidaridad interamericana’, justamente ante la grave crisis humanitaria en la frontera con Panamá en octubre del año pasado. Un mes después, la Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio los hoteles.

SEMANA habló con algunos propietarios de hoteles que no fueron afectados con la medida de la Fiscalía y reconocieron que los llamados coyotes escogen lugares cerca de las terminales de transporte por el bajo costo, no porque exista complicidad, sino porque minimizan los gastos. “Son los coyotes los que deben responder. Nosotros ofrecemos servicios de alojamiento, ellos traen a las personas que se hospedan en condiciones dignas, en habitaciones, no hacinados”, dijo el hotelero al advertir que hay temor en el gremio.

Apoyo humanitario

Mientras que la Fiscalía insiste en que los hoteleros no exigieron los documentos ni informaron a las autoridades migratorias sobre el alojamiento de los haitianos, la CIDH un mes antes advertía a los Estados que exigir ese tipo de requisitos migratorios para personas en tránsito vulneraba sus derechos. “La prohibición de expulsiones colectivas, la no sanción por ingreso o permanencia irregular, y la no detención migratoria”, dijo la CIDH.

El llamado de la Comisión lo entendieron las autoridades departamentales. Por un lado, la Alcaldía de Pasto destinó más de diez hoteles para alojar a los haitianos que estaban varados en la terminal de transporte. La Gobernación, por su parte, dispuso de 1.500 tiquetes de buses, vendidos a los haitianos para continuar con su recorrido.

El apoyo fue agradecido por la Embajada de Haití a través de su primer secretario, Jean Huges Miracle, quien participó y respaldó las gestiones de las autoridades de Nariño en beneficio de sus compatriotas. Según él, los haitianos no pretendían quedarse en ese departamento y no ingresaron de manera irregular, lo hicieron por la frontera y no les exigieron documentos migratorios, que luego reclamó la Fiscalía.

El drama para los hoteleros afectados con las medidas de extinción de dominio apenas empieza. Alejandro Carranza, representante legal de los propietarios, aseguró que el riesgo es muy alto y el mensaje que se envía a la comunidad es equivocado. “En medio de una crisis humanitaria, judicializar a los dueños de hoteles que prestan un servicio, que no hacen parte de organizaciones criminales, porque en ningún momento los vinculan, termina siendo una amenaza para el resto de hoteles en el recorrido que hacen estos migrantes”, dijo el abogado.

Las pruebas

La Fiscalía insiste en que los migrantes estaban en condición de irregularidad, pues su ingreso a Colombia forma parte de las actividades criminales que desarrollaba el grupo delincuencial de los Invisibles Darién. Son al menos 11 personas dedicadas al tráfico de migrantes, que exigían hasta 150 dólares por persona para iniciar un periplo en buses de servicio público hasta Antioquia y luego al Chocó, a la región de Urabá, para completar el recorrido en el municipio de Acandí, a un paso por lancha o trocha de Panamá.

Advierte la Fiscalía que los propietarios de los hoteles, al permitir el alojamiento de estos “migrantes irregulares”, se convierten en un eslabón más de una cadena criminal, un concierto para delinquir, pues no era posible llevar a los haitianos a hospedarse sin una previa coordinación.

Según la Fiscalía, en su decisión, “los titulares de estos bienes destinaron o permitieron su destinación, tanto por acción como por omisión, para que en ellos se desarrollaran fines ilícitos, contrarios a la función social de la propiedad”.

Muchos de los hoteles estaban en condición de arriendo, existían contratos firmados entre los propietarios y los administradores. Sin embargo, no es excusa para no asumir responsabilidad y menos evitar la extinción de dominio, según la Fiscalía. “No bastaría con decir que el establecimiento pertenece a otra persona para desligarse de la responsabilidad que tiene todo ciudadano de velar por el cuidado y la destinación de su propiedad”, señaló el ente acusador.

Los negocios fueron ocupados cuando estaban en plena reactivación económica, en vísperas de la Navidad y el Carnaval de Negros y Blancos, en Pasto. Los afectados acudirán a la CIDH para exigir que se respete el debido proceso. Por ahora, las propiedades quedaron en manos de la Sociedad de Activos Especiales. Pero ante la decisión hay vientos cruzados.

La Fiscalía los asume como parte de la cadena de tráfico de personas; pero los propietarios ahora con la puerta de sus hoteles cerrados se preguntan: ¿no son estos lugares para dar alojamiento? ¿Es el origen de una persona un motivo para negarle la estadía?