El segundo bogotazo

Samuel Moreno sacó la más alta votación que hasta hoy ha tenido un alcalde en Bogotá y durante tres años demostró que, como en ese debate, no se detiene a reflexionar cuando de dilemas éticos se trata. Testimonios y documentos en poder de SEMANA, y  las pesquisas de la Fiscalía, revelan que en los tres años que estuvo al frente del gobierno distrital se dio el saqueo a gran escala más impresionante que se haya visto en Colombia.

Su mandato se convirtió en un segundo Bogotazo. Así como ese 9 de abril, de 1948, marcado por el caos y la destrucción, partió en dos la historia de la capital, con la administración Moreno Rojas Bogotá cayó del cielo al infierno.

Los bogotanos no tienen idea de hasta dónde llegó la devastación. Lo interesante de este caso, a diferencia de otros grandes descalabros del país, es que gracias a la confesión y a las pruebas entregadas por Emilio Tapia, todo se está descubriendo. SEMANA ha tenido acceso a información privilegiada –de investigadores del caso y testimonios de seis de los involucrados– para armar el rompecabezas completo.

¿Qué hace distinto este caso? Basta con decir que el saqueo fue de tal envergadura que tuvieron que montar un ‘gobierno en la sombra’ para poder mantener aceitada la maquinaria de los contratos y las mordidas. “Eso funcionaba como una empresa”, ha dicho Emilio Tapia, el hombre que sirvió de eslabón entre la cúpula del carrusel de contratos (el alcalde Samuel Moreno y su hermano el senador Iván Moreno) y los contratistas (que se encargaban de garantizar las ‘mordidas’).

Ese ‘gobierno en la sombra’ tenía una especie de ‘junta directiva’ que decidió cómo se repartía la torta del Distrito. La Uaesp, por ejemplo, que se encargaba de los multimillonarios contratos de recolección de basuras y del relleno de Doña Juana, le tocó al abogado Álvaro Dávila, según testimonios que ya están en la Fiscalía. 

El Acueducto fue para el contratista Andrés Cardona Laverde. Y en el IDU, que tenía 3 billones de pesos para invertir, se acogió la propuesta del contratista Julio Gómez de mantener a la directora que ya estaba. Por mencionar solo las tajadas más grandes. Cabe anotar que Julio Gómez ya llegó a un acuerdo con la Fiscalía, de diez años de prisión, a cambio de confesar y delatar otros engranajes del carrusel. Pero Cardona y Dávila –hoy detenido– han negado ser parte del carrusel.

El modus operandi de la ‘junta directiva’ era sencillo. Cada uno resolvía cómo repartía los contratos, pero tenía que garantizar un porcentaje para los hermanos Moreno Rojas. “Eso funcionaba como si fueran franquicias. Los Moreno le entregaban a un contratista una entidad para que les respondiera por ella y les tenían que pagar un porcentaje por cada contrato”, le explicó un exgerente del Acueducto a SEMANA.

Había una especie de código no escrito que todos seguían al pie de la letra: Samuel Moreno no se reunía con nadie. La cabeza del ‘gobierno a la sombra’ era Iván Moreno, hermano del alcalde y para ese momento senador. Cabe recordar que como alcalde de Bucaramanga fue cuestionado por malos manejos y porque aumentó el déficit de la ciudad en un 166 por ciento. 

Emilio Tapia era el ejecutor de la estrategia. “Las reuniones con Iván eran prácticamente todo el día, todos los días”, les ha dicho a los investigadores. Tapia nació en Sahagún, Córdoba, pero vivió en San Andrés, donde su papá fue director de la Dian. Se ganó la confianza de los Moreno Rojas porque su abuelo había sido amigo y vecino del general Gustavo Rojas Pinilla. Su centro de operaciones era una lujosa y amplia oficina cerca del parque de la 93. La tarea era tan exigente que adquirieron un avión, por leasing a nombre de Geos Investment. 

En el avión, Tapia viajaba de noche para llegar a primera hora ya fuera a Estados Unidos –para reunirse con algunos aliados allá o para invertir el dinero de las comisiones–o ya fuera a Perú –para ver cómo iba el negocio que iba a hacer la Empresa de Energía de Bogotá –o para Brasil– a concretar a los empresarios que ya estaban listos para construir las autopistas urbanas–.

La ‘junta directiva’ también se daba cita en Miami. En los registros de migración aparece que Emilio Tapia viajó a esa ciudad 53 veces entre enero de 2008 y diciembre de 2010. Y coincidió en 22 de esos viajes con el entonces senador Iván Moreno, en dos con el entonces alcalde Samuel Moreno, y nueve veces con Álvaro Dávila. 

En las reuniones en Miami, según documentos que conoció SEMANA, tomaban parte dos colombianos radicados allá: Saúl Campanella y Luis Cárdenas. Campanella es un cartagenero que vive en Miami y brinda asesoría para crear empresas offshore y colocar recursos en paraísos fiscales. Y Cárdenas es un barranquillero que se radicó en Miami tras lograr, en medio de muchos cuestionamientos, que ampliaran un jugoso contrato público por veinte años en su ciudad natal.

Mientras todo esto ocurría en la sombra, en el Palacio Liévano, en pleno corazón de Bogotá, Samuel Moreno convocaba a consejos de gobierno. “Pone poca atención a lo que se discute. Se la pasa conversando con su secretario general y poco atiende lo que los demás decimos”, se quejaba en esa época uno de los miembros de su gabinete a SEMANA.

El fiscal delegado ante la Corte Suprema que lleva el caso, Juan Valbuena, dijo en una audiencia que todo fue fríamente calculado. “Desde diciembre del 2007 y hasta junio del 2010, Samuel Moreno, su hermano Iván, el abogado Álvaro Dávila y los empresarios Emilio Tapia y Julio Gómez se pusieron de acuerdo para cometer delitos contra la administración pública”.

Hace dos años, en un allanamiento a la oficina de Emilio Tapia encontraron un documento de tres páginas que, ahora, ha cobrado gran importancia. Es una ‘agenda’ en donde aparecen tareas pendientes de esa ‘junta directiva’. ¿En qué consiste? Se trata de un listado de 35 frentes del Distrito en los que había ‘mordida’ y en cada uno se asignan tareas en el manejo de los contratos.

En la ‘agenda’ hay apelativos como Yoyi, M, el chiquito, Dávila y Lucho, que al parecer corresponden a Emilio Tapia, Iván Moreno, Andrés Cardona, Álvaro Dávila y Luis Cárdenas, respectivamente.

Por ejemplo: el punto 2 dice “Basuras. Responsabilidad de (aparece un nombre tachado) y Lucho. Esta semana deben quedar listos los acuerdos con las empresas brasilera y argentina”. 

Se refieren al contrato de recolección de basuras por 2,5 billones de pesos. El mismo que en ese entonces no se pudo firmar y que hace poco generó la peor crisis del gobierno de Gustavo Petro. Para la época, una empresa brasileña aspiraba a quedarse con una de las seis zonas de recolección de basuras. Se trata de la misma a la que le dieron el relleno sanitario Doña Juana, en medio de un escándalo. Y como ese punto hay muchos más en la ‘agenda’.

Este no es el único documento revelador que tiene la Fiscalía. Hay otro en Excel de once páginas, una especie de ‘acta’ de una reunión de la ‘junta directiva’, el 6 de junio de 2010, en Miami. El documento se llama: “Reunión de asignación de tareas, fechas y compromisos” y fue revelado por El Espectador.

La bitácora de ‘mordidas’ que aparece es extensa. Tanto, que los contratos que dieron origen al escándalo, los de los Nule, son apenas una pequeña porción de uno solo de los 35 puntos de la ‘agenda’. 

Y es que Bogotá, para su desgracia, estaba con los bolsillos más llenos que nunca. El presupuesto de 2008, por ejemplo, fue de 13,1 billones de pesos y el de 2010 llegó a 16,81. Con el ‘agravante’ de que el 80 por ciento es para inversión. Eso sin contar contratos como el del recaudo del SITP, el de basuras o los de la Empresa de Renovación Urbana en los que las millonarias ganancias vienen del negocio mismo, y no del erario público.

En el listado hay muchas ‘mordidas’ que hasta ahora no se conocían. Pero la más impresionante es la del contrato del recaudo del Sistema Integrado de Transporte (más conocido como Sirci). En toda la historia de Colombia no ha existido un contrato público tan jugoso como ese. 

El ganador de ese ‘premio gordo’ maneja desde enero de este año 3.150 millones de pesos diarios, que corresponden a los pasajes del Sistema Integrado de Transporte –hoy se venden 1,8 millones de pasajes-, pero el cálculo es que en agosto del año entrante sean 12.250 millones de pesos –cuando el SITP llegue a 7 millones de pasajes diarios– Ese monto, en efectivo, solo es comparable con el que manejan cada día los más grandes hipermercados o las empresas de telefonía celular. Eso suma, cada año, 4,4 billones de pesos. Y, como se firmó a 16 años, el negocio es de ¡64 billones de pesos!

La mordida –para los Moreno y Emilio Tapia–según el acta mencionada era la bobadita de 8 pesos por cada pasajero: lo cual, multiplicado por 7 millones de pasajeros, equivale a 56 millones de pesos diarios. Eso suma 20.000 millones de pesos al año. Durante 16 años.

Para tener un punto de comparación de lo que significa la fortuna que se puso en juego, basta decir que los dos contratos más grandes de los últimos tiempos en Colombia son Hidroituango, que se firmó por 5,5 billones de pesos, y la Ruta del Sol, por 3,8 billones de pesos.

Consultado al respecto, el presidente del consorcio Recaudo Bogotá niega que haya mordidas: “¡Imposible! Nosotros no estamos asociados con cualquiera. LG-CN cotiza en las principales bolsas del mundo. Además el gobierno coreano nos financió. Ellos no se meten en un negocio donde hay el mínimo asomo de corrupción. Además la Procuraduría estuvo encima todo el tiempo”.

En efecto, la Procuraduría hizo un acompañamiento preventivo y, según pudo establecer SEMANA, encontraron irregularidades. Sin embargo, contrario a la celeridad que caracteriza al procurador en otros frentes, todavía no se han dado a conocer los resultados.

Otro gran ponqué al que le cayeron como niños con hambre fue el de la salud. Allí, exprimieron hasta lo que no tenía. Primero, inflaron escandalosamente los gastos de los hospitales del Distrito. ¿Cómo opera la ‘mordida’? A un concejal se le da un hospital. Y allí se nombra un gerente amañado. El gerente entonces empieza a generar facturas de pacientes que no atienden o exámenes especializados que no se hacen o por los cuales se pagó menos de lo facturado. 

Por eso no es extraño que mientras en 2005 el Distrito les giraba a sus hospitales 500.000 millones de pesos, en 2010 la cuota se disparó a 1,3 billones. Y por eso, también, el secretario de Salud actual, Guillermo Alfonso Jaramillo, denunció que durante el gobierno de Samuel Moreno se manipuló la selección de por lo menos seis gerentes de hospitales.

En la Fiscalía hay denuncias de operarios que tenían que pagarle la mitad de su sueldo al concejal de turno. Una de ellas dice: “El concejal José Juan Rodríguez, que es ‘el dueño del Hospital de Kennedy’, los funcionarios de cierto rango nombrados por él tienen que entregarle mensualmene la mitad de sus salario, como ocurrió con la señora…”. No en vano, en la Fiscalía investigan si Jorge Salamanca era el dueño del Hospital Santa Clara; Jorge Durán Silva del San Rafael; Andrés Camacho del de Chapinero y Fontibón; Soledad Tamayo de La Victoria; Darío Fernando Cepeda del San Blas, y el exsecretario de Salud Héctor Zambrano del de Meissen.

La segunda estrategia para sacar ‘mordidas’ de la salud consistía en construir nuevos hospitales. No contento con la abultada billetera del Distrito, el entonces alcalde Samuel Moreno pidió en 2010 al Concejo que le aprobara 200.000 millones de pesos de vigencias futuras para cinco nuevos hospitales. “Un hospital equipado ‘full’ puede costar 42.000 millones. Se roban entre el 25 y el 30 por ciento”, le contó a SEMANA alguien que manejaba las cuentas en esa época.

Eso sin contar del contrato de las ambulancias –la tercera estrategia del saqueo a la salud–. Emilio Tapia reveló a la Fiscalía cómo se entregó ese negocio: “Una noche en el apartamento de Hipólito Moreno, que queda en Rosales, debajo de la Circunvalar, nos reunimos Héctor Zambrano, secretario de Salud, Julio Gómez y Federico Gaviria, que trabaja con el concejal, y se les dijo que ese contrato de las ambulancias era para Hipólito. 

Eso quiere decir que él puso los precios e hizo los pliegos de la licitación y Zambrano adjudicó”. La Fiscalía ya logró establecer que ese contrato se ejecutó con tan solo la mitad de los 67.000 millones de pesos y lo demás fue ganacia para los involucrados. Luc Gerard, presidente del Fondo Tribeca, del que hace parte Emi, la firma líder en el servicio de ambulancias, recordó que ellos perdieron la licitación porque no quisieron pagar la ‘mordida’. “Nos dijeron que nos descalificaron por ser demasiados baratos”, contó Gerard.

Y como si fuera poco también crearon la EPS distrital. Figura como uno de los 35 frentes de negocio de la ‘agenda’ que le encontraron a Emilio Tapia. La composición era peculiar, pues si bien el 51 por ciento era del Distrito y el 49 por ciento del privado, en este caso Salud Total, era este último el que ponía el gerente y en últimas controlaba. 

En la Fiscalía investigan si es cierto, como les dijo Tapia, que “todas las EPS son un negocio. Giran una plata por afiliado y realmente se gastan menos de la mitad”. El actual secretario Guillermo Alfonso Jaramillo denunció en abril del año pasado: “Capital Salud es una EPS de papel”. Tenía 471.980 afiliados que, en realidad, estaban carnetizados en la EPS Salud Total. Y hace unos pocos días, anunció que se iba a liquidar.

La otra gran piñata fue el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). El 2 de junio de 2010, Samuel Moreno se vanagloriaba diciendo: “La capital de la República vive una transformación nunca antes vista”. Y calificó como “grandiosa” la inversión de 3,6 billones de pesos en obras viales. “Nunca en los presupuestos del IDU se había hecho una inversión de tal magnitud”.

En la ‘agenda’ de Emilio Tapia esos 3,6 billones ocupan solo un punto de los 35. La tabla de ‘mordidas’ en el IDU, según varios testimonios en la Fiscalía, va del 6 al 10 por ciento. Pero el negocio es aún más suculento porque en el caso de Bogotá, según le contaron a SEMANA dos contratistas, los precios de las obras están inflados en un 30 por ciento.

La ‘junta’ tenía muy claro que en el IDU los negocios eran tres: “Las adiciones, el mantenimiento de malla vial y la valorización” (punto 11 de la ‘agenda’). Porque dos días antes de Samuel Moreno asumir como alcalde ya se había entregado el contrato de TransMilenio de la 26 por 1,3 billones.

Lo de las adiciones a contratos ya existentes fue escandaloso. Casi 850.000 millones de pesos fueron asignados, de esa manera a dedo, según el informe que lideró en su momento el concejal Carlos Vicente de Roux. “Las razones alegadas por la administración para haber adicionado esos recursos sin los trámites de rigor fueron, en varios casos, deleznables”, dice el informe.

En cuanto al mantenimiento de la malla vial, el alcalde dividió la ciudad en seis partes. Curiosamente dos de ellas, por 187.000 millones de pesos, le tocaron a empresas ‘satélite’ de Julio Gómez, ambas en consorcio con los primos Nule. Esos dos contratos son los que tienen en la cárcel a la mayoría de los implicados en el escándalo del cartel de la contratación: entre ellos, al alcalde Samuel Moreno y a su hermano Iván, a Julio Gómez, a Álvaro Dávila y a Manuel, Miguel y Guido Nule.

Y el tercer punto, el de valorización, también fue la debacle. Se entregaron 36 obras y Julio Gómez ‘se quedó’ con 11 de ellas. Según denunció hace poco el contralor de Bogotá, Diego Ardila, cuatro no se terminaron. Una de ellas, el puente deprimido para resolver el trancón de la 94 con novena, una obra de 45.000 millones que quedó en manos de Julio Gómez, pero nunca arrancó. Ardila además cuestionó que el paquete de valorización que empezó costando 528.000 millones de pesos, con las adiciones terminó en 638.000 millones.

Lo que en ese momento no advirtió Iván Moreno es que con valorización cometió uno de los errores que pueden complicarle la vida a él y a su hermano. Iván Moreno mandó llamar a la directora del IDU, Liliana Pardo, para que le rindiera cuentas. Pero como ella estaba de vacaciones quien apareció con el listado de contratos fue el subdirector, Luis Eduardo Montenegro. Y cuando Iván se dio cuenta que a Julio Gómez le habían tocado muchos contratos y eso los ponía en evidencia ante la opinión pública, se salió de la ropa. “Casi me golpea”, le oyó decir un investigador. Montenegro ha decidido colaborar con la Justicia. Y esa historia es otra evidencia del modus operandi del cartel.

El ‘gobierno a la sombra’ estaba tan entusiasmado con las ‘mordidas’ a las obras públicas que la ‘junta directiva’ empezó a explorar de dónde podían sacar más dinero. En la ‘agenda’ aparece que estaban viendo cómo sacarle un pedazo a la sobretasa a la gasolina (punto 14 del ‘agenda’) para dedicar a la pavimentación restante. Lo de la sobretasa no les salió, pero entonces abrieron otro frente de ‘negocios’ con la Unidad de Malla Vial. 

A diferencia del IDU, que se dedica a las obras grandes de la ciudad, esta es una dependencia que repara vías locales y que tenía en el bolsillo más de 200.000 millones de pesos para la repartija. Allí pusieron a Iván Hernández, ficha del concejal Andrés Camacho. “Cuando llegó eso se lo tomaron los concejales. Por la mañana llegaba Hipólito Moreno, y por la tarde Andrés Camacho. 

Orlando Parada era tan descarado que citaba a sus líderes de barrio en la sala de juntas del piso 16”, le contaron a SEMANA tres funcionarios de la entidad. “Vivíamos aterrados. De pronto uno oía en el pasillo a alguien que reclamaba: ‘¿Cómo así que los contratos se los llevaron para Rosales?’. Y era que se los llevaban al apartamento de Hipólito Moreno para acomodarlos allá”. Llegaron incluso al extremo de mandar a pavimentar un conjunto residencial en Usme, con maquinaria y material del Distrito, por petición de uno de los concejales que estaba en campaña, según consta en una investigación interna.

Otro frente del que poco se ha hablado, pero al que le sacaron mucho jugo fue el de la renovación urbana. La idea es convertir sitios decadentes de la ciudad en espacios modernos. La encargada de esta tarea es la ERU (Empresa de Renovación Urbana) y al frente estuvieron, durante la alcaldía de Samuel Moreno, fichas claves de Emilio Tapia como Néstor Eugenio Ramírez, que luego pasó al IDU, y Diego Muriel.

Tanto en el ‘acta’ como en la ‘agenda’ aparecen los tres grandes megaproyectos de renovación del centro de la ciudad (Centro Comercial de San Victorino, La Hoja –en el Centro Administrativo Distrital– y La Manzana 5 –en Las Aguas–) y el negocio es, entre otras, quedarse con un porcentaje de la venta a los privados. 

El ‘gobierno a la sombra’ solo alcanzó a avanzar con la renovación de San Victorino, que consistía en coger ese inmenso lote ya recuperado, al que el Distrito le invirtió sumas multimillonarias en los gobiernos de Mockus y Peñalosa, para convertirlo en un “Centro Internacional de Comercio Mayorista”. En total son tres manzanas, entre la Caracas y la carrera Décima, y entre calles 9 y 10, que permitirían la venta de miles de locales cuyo valor-ventas podría ascender a 780.000 millones de pesos. 

Pero allí también se dio otro descalabro: casi cuatro años después, cuando se habían girado más de 7.000 millones de pesos y no había pasado nada. Se dieron irregularidades como que el contrato se le entregó a dedo a una empresa de fachada de Emilio Tapia, la interventoría a una firma de los Nule y aumentaron los honorarios de la Gerencia del proyecto de 19 a 89 millones de pesos mensuales a pesar de que no se había visto ningún resultado.

Y así, uno a uno, podría hacerse una historia de los 35 frentes que aparecen en la ‘agenda’. Hay contratos, por ejemplo, de los que nadie ha hablado hasta ahora. Como uno para cobrar multas de tránsito vencidas por 2 billones de pesos, según contó uno de los involucrados a SEMANA. El que gana este contrato se queda con el 40 por ciento de la cartera que logre cobrar y la ‘mordida’, en este caso, era miti-miti.

En otros frentes se está apenas descubriendo la dimensión de la rapiña. 

Como es el caso de la Empresa de Acueducto, en la cual uno solo de los contratos que entregó con ‘mordida’ –según testimonios que reposan en la Fiscalía– vale 250.000 millones de pesos, es decir, más que la suma de dos de los contratos de los Nule que prendieron la chispa del escándalo.

Eso sin contar los contratos de menor cuantía que sirvieron para mantener ‘aceitados’ a los concejales. Eran de 200 a 500 millones de pesos, en los que el concejal se quedaba mínimo con un 20 por ciento. Si le daban 10 de 500 se ganaba 1.000 millones. “En algún mes yo alcancé a contar que se les dieron 130”, contó Emilio Tapia a la Fiscalía. Entre 2008 y julio de 2010, el Acueducto entregó contratos por 1,3 billones de pesos.

Y la historia de ese contrato es un buen ejemplo del Macondo urbano que a veces es Colombia. Se trata de la construcción de un túnel de ocho kilómetros para llevar las aguas negras residuales de Bogotá hasta la futura planta de tratamiento Canoas, ubicada en Soacha. En el túnel debían construirse varios pozos de inspección, pero uno de ellos, el número 12 no se hizo porque no se compraron los terrenos. 

La solución fue sencilla: no construirlo, cambiar el trazado inicial y terminar el túnel. Pero no se percataron de un pequeño detalle: era por ese pozo por donde debían sacar las dos enormes máquinas de excavación que estaban trabajando el túnel. De manera que las dos máquinas quedaron enterradas a 60 metros de profundidad, el Acueducto está pagando daños y perjuicios por ellas y, lo peor, es que si no las sacan no se puede utilizar el túnel para descontaminar el río Bogotá. Sacarlas, como informó CM&, cuesta 35.000 millones de pesos.

Curiosamente, mientras la entrega del contrato del recaudo del SITP que era 

megamultimillonario mereció una reseña simple en los diarios; el del relleno de Doña Juana, que era más ‘pequeño’ (230.000 millones de pesos), fue todo un espectáculo. Primero, por la conversación que de manera providencial presenció un periodista de El Espectador en un restaurante del norte de Bogotá, en la que participaba la secretaria jurídica de la Uaesp, entidad encargada de entregar el contrato. Según un diagrama que dejaron escrito en el mantel, exploraban cómo contratar a dedo un operador. 

Se explicaba cómo se iban a repartir las ganancias y aparecían signos de pesos al lado de iniciales como A.D. (que se interpretó eran de Álvaro Dávila, ‘dueño’ para ese entonces de la franquicia de la Uaesp). Después, cuando se iba a dar el contrato, a través de la televisión se vio cómo la procuradora María Eugenia Carreño –una de las pocas que intentó ponerle freno a la orgía de desperdicio–llamaba la atención sobre las posibles irregularidades. La administración de Samuel Moreno decidió entregar el negocio antes de que llegara la procuradora. Se descalificó a dos firmas y se dio un bochornoso espectáculo por un billete de 2.000 pesos que debía estar en una de las propuestas de los consorcios eliminados.

Otro escándalo que apenas hace poco comenzó a sonar es el del sistema de cámaras de vigilancia que se debía montar en las fronteras de la ciudad, en las patrullas y motos de Policía, y en 190 colegios. El contrato fue entregado por la administración de Samuel Moreno en octubre de 2010, pero hoy es un dolor de cabeza para Gustavo Petro. 

El contralor distrital ha puesto el grito en el cielo porque faltan la mitad de las cámaras de los colegios, las de la patrullas de la Policía no funcionan porque son incompatibles y el contratista pidió una adición. Hace poco le mandó una carta al alcalde Petro en la que muestra cómo el contratista tumbó al Distrito de entrada en 45.000 millones de pesos, porque “el valor cobrado al Fondo de Vigilancia por los equipos (72.978 millones de pesos) es superior al valor real (27.877 millones de pesos) según la información de importación suministrada por la Dian y según cotizaciones realizadas por la Contraloría”.

Como si todo eso fuera poco, también le echaron mano a la burocracia. Los contratos por prestación de servicios en Bogotá entre 2010 y 2011 aumentaron en cerca del 300 por ciento, es decir que se pasó de tener 12.000 contratos, a 38.000. “El empleo público le ha costado al Distrito, en contratación por prestación de servicios desde el 2009, 2,6 billones de pesos. Con eso se habrían construido fácilmente las troncales de la avenida Boyacá y de la 68”, afirmó el director del Servicio Civil, César Manrique.

La paradoja es que con tantos contratistas las metas no se cumplían. Por ejemplo, la Secretaría de Integración Social con una planta de personal de 1.741 funcionarios y 3.149 contratistas solo cumplió el 52 por ciento de sus metas. Esa secretaría fue otra víctima del saqueo. Le inflaron su chequera con un presupuesto por año de 290.000 millones de pesos, es decir, un 350 por ciento más que durante el gobierno de Lucho Garzón. Ahí pusieron a Mercedes Ríos, una de las fichas del kínder del contratista Julio Gómez. Modificaron el manual de funciones de la Secretaría para poder nombrarla, pues era una líder comunitaria, que se convirtió en alcaldesa local, pero no tenía estudios profesionales. 

La rapiña fue tal que ni siquiera dejaron al sacerdote Javier de Nicoló en el Idipron. Llevaba 40 años en el cargo, atendiendo a niños y jóvenes de la calle, pero eso no significó nada para el cartel que tenía ojos solo para ver el jugoso presupuesto de 134.000 millones de esa entidad. Le pidieron la renuncia “porque había llegado una protesta de un ciudadano que decía que tenía ya más de 80 años”. La versión que tiene la Fiscalía, según publicó El Tiempo, es que “Julio Gómez se apoderó del Idiprón; el concejal Salamanca se metió ahí y empezó a obtener beneficios para la campaña, como los mercados, juguetes, comidas y demás”. 

La ‘junta directiva’ en sus reuniones en Miami repasaba la mayoría de esos contratos y otros no mencionados. Por ejemplo, en el del recaudo del SITP aparece que la comisión de éxito es de 8 pesos: “Pago del valor que le corresponde a ET por cada pasajero durante todo el término de la concesión”. ET es Emilio Tapia. Pero esa ‘mordida’, ha dicho él a la Fiscalía, era compartida con los hermanos Moreno Rojas. 

Y en el caso de la Avenida Longitudinal (ALO) se da una idea del modus operandi. En la columna de tareas dice: “Elaboración del vehículo jurídico que garantice la participación de ET en la ejecución y utilidades de la obra correspondiente al 22 por ciento. Asegurar comisión de éxito del 8 por ciento”. Esta obra no se llevó a cabo.

Lo más dramático es que mientras en Miami hacían cuentas y se enriquecían, Bogotá, que marchaba como un cohete y vivía su cuarto de hora, comenzó a padecer un verdadero calvario. Los resultados del ‘Bogotazo’ de la Alcaldía de Samuel Moreno saltan a la vista.

Hace menos de un mes, el superintendente de Servicios Públicos, César González, reveló que muestras del agua de Bogotá resultaron no aptas para el consumo humano. “Las muestras encontradas generan mucha preocupación. El caso es muy delicado”, dijo. La Superintendencia investiga el ocultamiento de información relacionada con el tratamiento de agua en Bogotá. 

En materia de salud el panorama no es menos alentador. En 2010 se presentaron en la capital 1.200 casos de tuberculosis, una enfermedad que se suponía erradicada. La red pública de hospitales de Bogotá, que hasta 2007 tuvo un balance positivo en su operación, a partir de 2008 se desplomó: los hospitales de tercer nivel terminaron el 2010 con 30.000 millones de déficit. Y la EPS que se creó, Capital Salud, luego de que les resolvió el problema a otras EPS que se salieron del negocio y les recibió a sus pacientes, hace dos semanas se dijo que sería liquidada.

En materia de movilidad se vive una tortura. En Bogotá está el único sistema integrado de transporte en el mundo que funciona con tarjetas diferentes. Y en el cual se ven por las calles unos modernos buses azules vacíos. ¿Cómo puede ser posible que el Distrito haya entregado un contrato multimillonario –el del sistema de recaudo del SITP a Recaudo Bogotá– a sabiendas de que sus tarjetas no estarían sincronizadas con las de otro que ya operaba en la ciudad –el de Angelcom–? 

Por no hablar del ya mencionado túnel del Acueducto, ni del puente para descongestionar el cruce de la Novena con 94, que ‘comenzó’ desde 2008 y no se ha hecho. Ni menos del elefante blanco que hay en pleno corazón de la ciudad: tras invertir cerca de 20.000 millones de pesos en la 26 con Séptima, donde se supone debía haber unas discretas plataformas para conectar el Parque Bicentenario con el Museo de Arte Moderno y la Biblioteca Nacional, desde hace más de tres años hay una inútil mole de concreto de hasta ocho metros de altura.

La historia es fácil de contar, pero encontrar a dónde ha ido a parar la plata es lo más difícil. Cada uno de los contratistas la sacó a su manera. Los primos Nule abrieron cuentas en Suiza, una información que está en manos de un fiscal de extinción de dominio. El abogado Álvaro Dávila, como lo reveló la revista Dinero, fue en 2001 hasta una notaría, renunció a los bienes de la sociedad conyugal y quedó insolvente. Los concejales, como lo reveló SEMANA en marzo pasado, compraron todo tipo de lujosas casas y fincas. Julio Gómez invirtió en Estados Unidos. Y lo que ha pasado con Andrés Cardona es aún una incógnita.

SEMANA pudo confirmar por dos fuentes distintas, y con documentos, un dato que lo dice todo: el tamaño de la ‘empresa’ era tal que, por ejemplo, la compra del edificio de River Oaks en Miami, que adquirieron inicialmente por 25 millones de dólares, representa apenas un 5 por ciento del ‘producido’ de Bogotá para los Moreno Rojas y Emilio Tapia. Es decir, en tan solo tres años, con el ‘gobierno a la sombra’ habrían logrado ‘utilidades’ de cerca por 900.000 millones de pesos.

En Miami tenían expertos que saben cómo invertir el dinero. En medio de sociedades por acciones, empresas offshore, cuentas en paraísos fiscales  o compras inmobiliarias, el rastro desaparecía. Uno de los que ayudó fue Saúl Campanella. Su firma Overseas Equity Advisors prestaba servicios de corretaje de dinero a empresas como Geos Invesment, representada por Tapia, y Arkgo Corporation, presidida por la esposa del contratista Julio Gómez. 

Otra de las firmas que la Fiscalía tiene entre ojos es Novela Law, un bufete de abogados con oficina en la avenida Brickell de Miami (Florida). Esta, según le dijo Emilio Tapia a la Fiscalía, se encargaba de inversiones en bienes raíces del carrusel de la contratación en Estados Unidos. 

En su momento, Daniel Coronell en su columna de SEMANA reveló que el senador Iván Moreno Rojas tenía dos cuentas en las Islas Vírgenes, a nombre de las empresas Saymor y Balmore, registradas a su nombre. En su momento, el senador Moreno aseguró que las empresas creadas en Miami y registradas en Islas Vírgenes no habían tenido actividad alguna. Sin embargo, ¿para qué va a tener alguien unas cuentas abiertas, cuando el sostenimiento de cada una puede costar hasta 10 millones de pesos, si no las utiliza?

Hasta ahora estaba claro que a Bogotá se la habían robado. Pero lo que no parecía contundente era el papel del alcalde Samuel Moreno. El heredero más carismático de la dinastía política de los Moreno Rojas había logrado cierto blindaje ante la Justicia. Y frente a un sector de la opinión, sus defensores decían que su papel en el escándalo era más ingenuidad que maquiavelismo. Pero ya hay mínimo tres testigos que lo señalan. “Samuel sabía todo”, le ha dicho Emilio Tapia a la Fiscalía. Y este es un testigo fiable porque es buen amigo de Moreno y se refiere a él como un hombre “demasiado noble”.

Al de Tapia se suma un testimonio que revela hoy SEMANA. El del subdirector del IDU Luis Eduardo Montenegro, que le contó a la Fiscalía cómo en alguna oportunidad, cuando estaba como director encargado, tuvo que hablar con Samuel Moreno sobre un contrato y él le dijo: “Hable eso con Emilio Tapia”.

El tercer testigo es Inocencio Meléndez, quien contó que cuando estaban discutiendo la construcción del TransMilenio de la Séptima, el alcalde Samuel decidió que se hiciera por adición a otro contrato que ya estaba en ejecución y no por licitación. Es decir, a dedo. Meléndez, que era el director jurídico del IDU, se opuso “porque –dijo– era ilegal”. Pero el alcalde lo llamó y “me pidió que mirara a ver cómo se podía sacar”.

Comparado con los grandes escándalos de corrupción en Colombia, el del carrusel de la contratación de Bogotá tiene todos los elementos para pasar a la historia como un caso ejemplarizante. Por primera vez los protagonistas están confesando y entregando información. Y la Fiscalía está haciendo una tarea juiciosa. Hace apenas unos días, el fiscal Juan Valbuena señaló a Samuel Moreno de ser “uno de los que encabezó y dirigió este concierto para delinquir”. Y peor aún, asegura que “con destino suyo y de su hermano iba dirigida la mayor cantidad de dinero producto de los sobornos solicitados a los contratistas”.

Ahora solo falta que los jueces demuestren que tienen un compromiso serio con el país: extrañamente le han puesto todo tipo de trabas a los acuerdos de la Fiscalía con Emilio Tapia y con Julio Gómez. Y mientras no den su aval, el proceso se frena.

El alcalde, tal vez, quería pasar a la historia como su abuelo. El gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla se destacó por las grandes obras de infraestructura que dejaron huella en Bogotá: construyó el aeropuerto Eldorado, el Hospital Militar, la calle 26 el Centro Administrativo Nacional (CAN). Samuel Moreno Rojas, en el papel, parecía querer seguirle los pasos: había prometido dejar comenzado el metro y prácticamente tenía contratadas cinco autopistas urbanas, de las que se pagan por peaje.

Pero no logró ninguna de las dos obras. Y para desgracia suya, tal y como van las cosas, lo que sí podría ocurrir es que termine pareciéndose a su abuelo pero solo en la cara trágica de la historia: el general Rojas fue declarado indigno por mala conducta en el ejercicio de su cargo por el Congreso de la República, entre otras cosas por haber multiplicado por 40 su patrimonio y el de su esposa y sus hijos, sin explicación, mientras fue presidente (de 194.500 pesos en 1952, a poco más de 8 millones en 1956).

Y lo que en este momento se está descubriendo en el búnker de la Fiscalía es la más escalofriante operación de saqueo que se recuerde en Colombia. 

1) En 2010 se presentaron en la capital 1.200 casos de tuberculosis, una enfermedad que se suponía erradicada. La red pública de hospitales de Bogotá, que hasta 2007 tuvo un balance positivo en su operación, a partir de 2008 se desploma: los hospitales de tercer nivel terminaron 2010 con 30.000 millones de déficit. Y la EPS que se creó, Capital Salud, luego de que les resolvió el problema a otras EPS que se salieron del negocio y les recibió sus pacientes, hace dos semanas se dijo que sería liquidada.

2) En Bogotá está el único sistema integrado de transporte en el mundo que funciona con tarjetas diferentes. Y en el cual se ven por las calles unos modernos buses azules vacíos. ¿Cómo puede ser posible que el Distrito haya entregado un contrato multimillonario –el del sistema de recaudo del SITP a Recaudo Bogotá– a sabiendas de que sus tarjetas no estarían sincronizadas con las de otro que ya operaba en la ciudad –el de Angelcom-?

3) Tras invertir cerca de 20.000 millones de pesos en la 26 con Séptima, donde se supone debía haber unas discretas plataformas para conectar el Parque Bicentenario con el Museo de Arte Moderno y la Biblioteca Nacional, desde hace más de tres años hay una inútil mole de concreto de hasta ocho metros de altura que además tiene bloqueado el tráfico. Un verdadero elefante blanco.

4) La construcción del túnel de ocho kilómetros para llevar las aguas residuales de Bogotá hasta la futura planta de tratamiento en Soacha es otro monumento al absurdo. Por un cambio de planes cuando ya lo estaban construyendo, cerraron el túnel sin percatarse que se les quedaron dos enormes máquinas de excavación a 60 metros de profundidad. Si no las sacan no se puede utilizar el túnel. Y sacarlas cuesta 35.000 millones de pesos.

El exsecretario de Salud, Héctor Zambrano, decidió también colaborar con la Fiscalía. La situación se le puede poner más difícil al exalcalde de Bogotá Samuel Moreno. 

El jueves, la W difundió una noticia que decía: “Exalcalde Samuel Moreno Rojas estudia colaboración con la Fiscalía”. Sin embargo, luego publicó otra en su página web que decía que una fuente cercana a Moreno había dicho que no era cierto.

Más allá de cuál de las dos versiones terminará siendo la verdadera, lo cierto es que con el paso de los días se va cerrando el círculo alrededor del exalcalde Samuel Moreno. El testimonio de Emilio Tapia y las evidencias que él le ha entregado a la Fiscalía le complican la situación jurídica al burgomaestre. De hecho, a la primera imputación que le habían hecho al alcalde en la Fiscalía de Vivian Morales, se le sumó hace unas semanas otra, y eventualmente podrían venir más imputaciones en la medida en que van apareciendo indicios en su contra, como por ejemplo, el contrato de ambulancias, que ya tiene en la cárcel a su secretario de Salud, Héctor Zambrano. 

Con él, ya son dos secretarios de Samuel Moreno en la cárcel.

A las revelaciones de Tapia, se suma un testimonio que conoció SEMANA, el del entonces subdirector del IDU, Luis Eduardo Montenegro, que le ha dicho a la Fiscalía que Samuel Moreno le dijo que se entendiera con Emilio Tapia sobre un contrato que le estaba preguntando. Y a ellos se añade el ya conocido de Inocencio Reyes, quien era director jurídico del IDU, que también deja mal parado a Moreno.

El exalcalde está detenido desde octubre de 2012 en la sede de la Policía de carabineros del Parque Nacional, y su juicio no se ha podido llevar a cabo por una serie de aplazamientos que más parecen obedecer a una estrategia de dilación, que a verdaderas necesidades del proceso.

¿Por qué querría Samuel Moreno admitir su culpa? No parece fácil que eso suceda. Sin embargo, en la medida en que se involucran más personas al proceso, la Fiscalía puede recoger más testimonios o pruebas contra el exalcalde. Y este puede verse expuesto a juicios cada vez más difíciles de controlar para él. 

Si admite su culpa, no solo no iría a juicio, sino que el sistema penal acusatorio le ofrece descuentos significativos de pena.