El escándalo del cartel de la toga aterriza en la JEP

En un auto de 36 páginas están consignados los compromisos que asumió el capturado exsenador Álvaro Ashton ante la Jurisdicción Especial de Paz a fin de resolver allí parte de sus líos judiciales. El acuerdo de cooperación aceptado por los magistrados implica que deberá delatar a otros involucrados en el cartel de la toga y contar, entre otras cosas, todos los detalles de su carrera política de la mano de los paramilitares, incluyendo el papel de como el parapolítico jugó en el Congreso en la aprobación de la ley de Justicia y Paz.

El exsenador liberal Ashton es un viejo parapolítico que logró mantenerse incólume gracias a que usó al cartel de la toga para poner en el congelador el expediente que le seguía la Corte Suprema de Justicia por nexos con los paramilitares de la costa. Solo cuando el cartel de la toga se desmoronó salió a la luz el trasfondo de la buena suerte que por años lo acompañó en el máximo tribunal. El senador fue capturado y desde hace meses está tocando las puertas de la JEP a fin de encontrar allí beneficios judiciales.

La JEP resolvió asumir competencia sobre el caso con el argumento base de que la engavetada del caso Ashton en el la Corte Suprema sí tiene relación con el conflicto armado, pues por esa vía se trató de mantener la impunidad sobre la sociedad entre el político y los grupos paramilitares.

El panorama judicial del exsenador se empezó a enredar cuando el fiscal anticorrupción Gustavo Moreno fue capturado como una de los eslabones clave del cartel del toga. Esta red de corrupción judicial logró retorcer procesos en la Corte Suprema de Justicia y el expediente por parapolítica de Ashton fue uno de esos, según la confesión del propio Moreno.

Según Moreno, la plata que Ashton pagó fue repartida entre los magistrados Ricaurte, Jose Leonidas Bustos y Gustavo Enrique Malo. Moreno aseguró que el exmagistrado Francisco Ricaurte le dio instrucciones de reunirse con el senador Ashton para concretar una coima de 1.200 millones de pesos a cambio de archivar el proceso que cursaba contra el político en el máximo tribunal. El exfiscal explicó que él mismo tuvo dos encuentros con Ashton en cada uno de los cuales este le entregó 300 millones, y quedó pactado que pagaría los 600 millones restantes cuando fuera inminente la decisión de archivo.

A los graves señalamientos de Moreno siguió otro lío para Ashton. La Fiscalía, al capturar al exmagistrado Ricaurte y exponer la evidencia preliminar contra él, reveló que del expediente de Ashton habían desaparecido los discos con las interceptaciones hechas por el CTI al político. El despacho responsable del asunto en la corte resultó ser el del entonces magistrado Gustavo Malo, hoy detenido y de cara a un juicio ante la misma Corte Surpema.

La corte y la Fiscalía recuperaron una copia de las interceptaciones esfumadas y las reintegraron al proceso. Una de esas llamadas se filtró a la prensa y aumentó las sospechas sobre el senador. Se trata de una breve conversación telefónica en la que aparentemente un administrador del Hotel El Prado, de Cartagena, le habla a Ashton sobre la entrada al establecimiento de niñas menores de edad.

El caso de prostitución de menores fue rechazado

Apenas días después de ese escándalo –que el senador capoteó al negar enfáticamente participar en explotación sexual infantil–, salió la orden de captura en su contra. Esta, sin embargo, no tiene que ver formalmente con el cartel de la toga ni con trata de menores. La detención obedeció al viejo expediente por parapolítica que data de 2012, reactivado apenas llegó al despacho del magistrado Eugenio Fernández Carlier.

En ese expediente se investiga a Ashton por concierto para delinquir al presuntamente haberse aliado con paramilitares del bloque Norte. Comprende 40 cuadernos, con 38 testimonios, 11 inspecciones judiciales y 10 informes del CTI (dentro de estos el compendio de grabaciones recuperadas). En uno de esos documentos, 3 líderes paramilitares señalan expresamente a Ashton.

Ashton, arriconado y desde prisión levantó la mano para comparecer ante la JEP como un tercero voluntario. Y solicitó que la JEP asumiera todos sus procesos en curso. Pero los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas concluyeron que el expediente por presunta prostitución de menores de edad no tiene ninguna relación con el conflicto armado, por tanto este deberá seguir su curso en la justicia ordinaria. Ashton sí podrá resolver los otros asuntos judiciales en el tribunal de paz, siempre y cuando cumpla con los compromisos que anunció.

Los magistrados señalan que el excongresista deberá, por un lado, contar todo cuanto sepa sobre el cartel de la toga y para ello el compareciente tendrá que puntualizar los roles que en el entramado jugaron Gustavo Moreno así como los exmagistrados Francisco Ricaurte, José Leonidas Bustos y Gustavo Malo.

Por otra parte, Ashton tendrá que dar cuenta detallada de su “sociedad” con los paramilitares. En ese sentido tendrá que revelar los intríngulis de “la llegada de Fabián Ashton, sobrino del solicitante, como empleado del Hospital Materno Infantil de Soledad, Atlántico, entidad Estatal cooptada por el frente José Pablo Díaz de las AUC entre 2004 y 2006. Además el papel en las discusiones y aprobación de la ley de Justicia y Paz en el Congreso.

Específicamente la JEP espera conocer todos los detalles sobre la reunión de Ashton con Carlos Mario García Ávila, alias el Médico, comandante paramilitar en el Atlántico y allí tendrá que revelar quiénes más acudieron y cuáles compromisos asumieron con esa estructura armada.

De otra parte, Ashton también anunció una serie de medidas de reparación. Dentro de estas: “proveer brigadas de salud compuestas por psiquiatras y psicólogos para atención a víctimas del conflicto” especialmente en los departamentos de Atlántico y Magdalena. El exsenador también se comprometió a suministrar becas en la Corporación Universitaria Empresarial en Educación y Salud de la que es miembro fundador. Así mismo el político tendrá que crear “una fundación para la no repetición que permita la reintegración de víctimas y victimarios” en el municipio de Soledad.