El desesperado juez que terminó dándole casa por cárcel a un habitante de calle

La Policía de Bucaramanga y la Fiscalía lograron desarticular el grupo de delincuencia común conocido como “Los carritos”, que se dedicaba al tráfico de estupefacientes en el área metropolitana de la capital de Santander. Sin embargo, después, cuando acudieron ante a los estrados para formalizar las detenciones y demás resultados se llevaron una serie de sorpresas por cuenta del juez de garantías que dirigió la diligencia judicial.

Los investigadores trabajaron durante un año para lograr recaudar evidencia contundente en cada uno de los eslabones del grupo delincuencial: desde la recepción de los alijos de droga hasta su distribución entre los vendedores y el posterior micro-tráfico de la misma.

Una vez tuvieron un cúmulo de evidencias suficientes para judicializar a los delincuentes, las autoridades procedieron con los operativos. Hicieron 19 diligencias de registro y allanamiento y lograron la captura de 19 personas, 13 por orden judicial previa y otras seis en flagrancia. El golpe permitió la incautación de 400 libras de marihuana, 500 pastillas para control psiquiátrico, dos pistola y municiones para las mismas. Además , fueron judicializadas otras cinco personas que hacían parte de la red y que tenían labores de coordinación pero que delinquían desde su celdas en las varias cárceles de la región.

Mediante las diferentes actividades de Policía Judicial adelantadas durante la indagación, se logró establecer que este grupo de personas se dedicaban al empaque, almacenamiento y venta de sustancias estupefacientes en diferentes puntos del área metropolitana de Bucaramanga. Vista en conjunto fue una operación con importantes resultados. Las principales autoridades civiles y policiales de Bucaramanga aplaudieron el resultado al tiempo que los medios locales registraron el hecho.

Pero la historia tomó ribetes particulares cuando la fiscal a cargo y la Policía Judicial acudieron ante el juez de garantías para legalizar las capturas de los miembros de la banda Los carritos. El caso le correspondió al juez Ramiro Andrés Rivero Álvarez, titular del juzgado tercero penal municipal de Bucaramanga con función de control de garantías.

Por lo grande de la banda, las diligencias judiciales se extendieron por varios días. En total la Fiscalía presentó 19 capturados y solicitó que a todos se les impusiera detención preventiva intramural. Otros seis integrantes de la organización desmantelada ya estaban en la cárcel. Los capturados estaban en estaciones de policía y enlazarlos a todos a través de video conferencia para realizar la audiencia –además de los abogados, procurador y demás partes intervinientes– resultó un gran problema. Eso empezó a colmar la paciencia del juez Rivero.

“Usted, señora Fiscal, es una gran persona, pero usted no está capacitada para venir a estas audiencias” le dijo el juez a la delegada del ente acusador al cuestionar que la diligencia no hubiera sido breve como manda la ley, sino que se hubiera prolongado. El togado además se despachó contra la Policía Judicial.

El grupo que se encargó de adelantar la investigación por casi dos años en Bucaramanga y que aportó labores de agentes encubiertos, interceptaciones y más de 500 horas de grabación de cámaras de seguridad fue recriminado por el famoso episodio de los dos policías que detuvieron a Javier Ordóñez en Bogotá: “Los señores judiciales de Piedecuesta, me hacen el favor, cada vez que les de una indicación obedecen, sino les vamos mandar investigar. ¡Porque eso sí, para agarrar a la gente con los taser, para torturarlos, para agarrarlos a pata en los CAI, para matarlos sí sirven! Pero para colaborar con estas audiencias no”, dijo el juez. Y agregó en tono de regaño iracundo: “¡Me hacen el favor y se ponen serios. Acá no están hablando ni con la mamá de ustedes ni con su papá, les habla un juez de la república y ustedes están obligados a seguir las indicaciones!”.

En otro momento el juez —entre furioso y desesperado— se fue lanza en ristre contra la entidad coordinadora que le asignó la audiencia que lo sacó de casillas. “Esta situación no puede seguir así. Yo hoy estoy supremamente cansado, he trabajado toda la semana, anoche fui objeto de acoso por parte del Centro de Servicios Judiciales, hoy me obligan a hacer una audiencia cuando no estoy en turno, y encima no me colaboran. No sé qué vamos a hacer pero si esta audiencia no se puede hacer vamos a terminar compulsando copias a todo el mundo", dijo.

Y en el momento de mayor agobio el juez dijo: "Y dejo la constancia de que estoy supremamente estresado, estoy supremamente cansado porque a raíz del acoso laboral que me ha hecho el Centro de Servicios Judiciales tengo que realizar esta audiencia y al mismo tiempo cuidar a mi bebé!”

La Fiscalía señaló que los detenidos debían responder por los cargos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir agravado, y exhibió las evidencias que los implicaban como miembros de la banda. Sin embargo, el juez decidió que ninguno de los traficantes integrantes de la banda debía ir a la cárcel. Por un lado, el juez concluyó que tal medida no era necesaria y de otra parte consideró que los centros de reclusión estaban llenos y que confinarlos allí sería vulnerar sus derechos y dignidad. Con esas observaciones el togado determinó que todos los procesados debían ir a detención domiciliaria.

La calle como cárcel

Pero el mayor desconcierto de la particular audiencia judicial vino cuando uno de los detenidos, Álvaro Ramírez Pedraza, dijo que en su caso la casa por cárcel no seria posible porque era un habitante de la calle, es decir no tenía domicilio.

Frente a eso el juez Rivero inició un inusitado sermón. Dejó a un lado los códigos y parámetros legales para dar paso a una perorata propia de un culto dominical: “Este señor que nos dice que es habitante de la calle. Yo le digo: todos somos iguales, el hecho de que uno sea habitante de la calle y que otro viva en una casa o en un palacio, eso no quiere decir que uno sea más que el otro. De hecho, si usted revisa en la Biblia en la la parábola de Lázaro y el rico epulón, Cristo es bastante enfático en que los ricos, o sea las personas que tienen bastante plata, se van a ir para el infierno porque ¿cómo va a entrar un camello por el ojo de una aguja? Y él dice que es imposible. Entonces es imposible que un rico vaya al cielo. Todos los ricos se van a ir al infierno”.

Todos los presentes en la audiencia audiencia judicial quedaron sorprendidos con la argumentación del juez, el propio habitante de la calle se veía asombrado con lo que escuchaba. Entretanto, el togado siguió:

“Entonces, usted, señor que vive en la calle, usted es muchísimo más importante en dignidad, desde el punto de vista de la religión cristiana y católica, porque Cristo nos está diciendo que todo este sufrimiento que usted tuvo hoy, en esta vida al ser habitante de la calle, le va a ser recompensada en la próxima. Todas las falencias o insuficiencias que tuvo le van a a ser recompensadas en la otra vida. Y por el contrario, a las personas que tenemos más facilidades económicas, que tenemos un trabajo y la oportunidad de estudiar y de tener una familia, pues nos vamos a ir para el infierno porque no somos pobres".

En ese punto Álvaro Ramírez Pedraza, el habitante de la calle cuya situación había provocado el sermón del juez, ya sonreía. Y faltaba aún que el togado le pidiera perdón. Lo hizo en estos términos:

“La Biblia también lo dice: para ir al cielo hay que dejarlo todo, todos los bienes, incluso despreciar a los padres y a las madres. En los párrafos en que habla Cristo de que se murió mi papá y mi mamá, hombre deje que los muertos los entierren, usted venga que acá lo que importa es Dios y las cosas véndalas y déselas a los pobres que usted no necesita nada. Si usted tiene el reino de Dios, nada necesita. Este mensaje es para el señor habitante de la calle, para expresarle mis respetos y pedirle perdón porque yo creo que está en peores condiciones en la estación de Policía de Piedecuesta que en la calle ejerciendo su libertad”, concluyó el juez.

Al final el juez ordenó que si Ramírez decía ser habitante de la calle pues que en ese lugar debía cumplir su detención domiciliaria. Pero surgió un dilema al llenar el formato oficial pues la norma exige que el imputado señale la dirección exacta donde cumplirá la detención domiciliaria a fin de que el Inpec lo traslade a ese lugar y verifique regularmente que efectivamente esta en ahí. En este caso Ramírez dijo que dormía donde lo cogiera la noche y señaló un sector que frecuentaba con mayor regularidad y de esa forma se llenó el requisito: “El imputado fija su residencia como habitante de calle en: calle 11 con carrera 3 -El Tabacalero- barrio La Feria”.

Pero una delegación de guardias del Inpec visitó el lugar y obviamente encontró que la dirección es solo un cruce de vías en Piedecuesta (ver video). Así que, por ahora, las autoridades penitenciarias de Santander no saben qué hacer pues nunca habían tenido una orden en estos términos: si dejan a Ramírez allí, en la práctica sería ponerlo en libertad y eso podría implicar favorecimiento a fuga de presos (conducta penalizada), pero no cumplir la particular orden del togado implicaría un desacato. Por su parte, el habitante de la calle insiste en que cuanto antes se cumpla la orden del juez de la républica.