El silencio empañado de los fusiles

La marcha final tal vez fue la imagen más poderosa del acuerdo entre el Gobierno y las Farc. El momento irreversible de una paz esquiva por décadas. A lo largo de enero de 2017, miles de guerrilleros de los frentes distribuidos por todo el país salieron de la selva en canoas, lanchas, camiones, en largas caminatas. Abandonaron sus campamentos hacia las 19 zonas veredales donde se concentraron. Así fue como el grupo armado más antiguo del continente dejó de existir.

Luego, las Farc entregaron sus armas. Fueron 8.100 y la ONU las recogió en contenedores. Las destruyeron y las convirtieron en monumentos. La guerrilla también reportó más de 1.000 caletas de armas que fueron recuperadas por la fuerza pública. Se concretó el silencio de los fusiles. Las reglas del desarme y el fin del conflicto habían sido consignadas en el punto 3 del acuerdo de paz, que a la luz de informes de organizaciones como el Instituto Kroc y el CERAC es el que más ha avanzado entre los seis que se pactaron en La Habana. Es un hecho indiscutible que la guerrilla entregó su arsenal y la contienda del Estado con esa organización terminó.

Pero la gran deuda viene en la otra mitad de ese punto acordado. No era solo que los combatientes dejaran de disparar, sino que pudieran reintegrarse a la vida civil en su más amplio sentido, con garantías que abarcaran desde la supervivencia económica hasta la posibilidad de su participación en la política. Y ahí falta mucho. Según las cuentas del partido FARC, alrededor de 230 excombatientes han sido asesinados desde la firma del acuerdo. Es decir que durante casi cuatro años, al menos un guerrillero desmovilizado ha sido asesinado cada semana.

Las regiones donde la masacre ha sido más despiadada son precisamente en las que hubo mayor presencia de las Farc, y a donde muchos excombatientes intentaron rehacer sus vidas. En Cauca han asesinado a 37, en Nariño a 26, en Antioquia a 24 y en Caquetá a 20. Son zonas que, tras la salida de las Farc, no fueron recuperadas plenamente por las autoridades, y donde hoy hay disputas brutales entre disidencias, ELN, grupos residuales del paramilitarismo y otras bandas. Los excombatientes cargan el estigma, y muchos también viven bajo el asedio de estas organizaciones que pretenden reclutarlos para explotar su experiencia en el mundo de la clandestinidad.

El 15 de julio se presentó una postal que retrató el fracaso que ha sido la protección de la vida de los excombatientes. El primer desplazamiento masivo de antiguos miembros de las Farc. Por las trochas de Ituango salieron varios camiones que llevaban a 93 personas con sus pertenencias, entre exguerrilleros y sus familias, que vivían en el antiguo espacio territorial de Santa Lucía, en ese municipio antioqueño. Iban escoltados por más de cien policías y en medio de un operativo del Ejército para asegurar su viaje hacia Mutatá, uno de los pocos lugares donde los excombatientes tienen tierra propia para hacer sus vidas. Porque ese es otro problema, con el fin de los espacios, muchos no tienen a donde ir.

Aunque la ARN recordó que los espacios eran una figura transitoria que ya se venció, los excombatientes explicaron que se desplazaron por falta de garantías de seguridad. Once excombatientes que vivían allí fueron asesinados y se hizo inviables su permanencia en una región, que está en disputa entre el Clan del Golfo, los Caparrapos, el ELN y dos disidencias de las Farc.

Y no se trata solo de que no puedan llevar su vida y trabajar en sus proyectos económicos, esa violencia también ha truncado su participación política que a la larga fue la gran apuesta de las Farc para dejar las armas. Resulta contradictorio que mientras Griselada Lobo, conocida como Sandra Ramírez, la pareja de Tirofijo, ocupa la vicepresidencia del Senado, hay excombatientes que no pueden ejercer las más simples actividades políticas.

En las elecciones regionales de 2019, el partido FARC presentó 301 candidatos en 23 departamentos. De ellos, 98 eran excombatientes. Algunos candidatos “no pudieron ejercer efectivamente sus derechos políticos, debido a la inseguridad y la estigmatización que vivieron por ser miembros de esta colectividad; incluso algunos se vieron forzados a retirarse”, dice el Instituto Kroc.

Una alerta alerta emitida por la Defensoría del Pueblo en mayo pasado para La Salina y Sácama, en Casanare, da cuenta de la presión de los grupos armados en contra de las aspiraciones políticas de los excombatientes. “Los líderes que promovieron el proceso de transformación de esa guerrilla hacia la conformación del partido FARC fueron forzados a desistir del proyecto político y de toda actividad relacionada con la conformación de bases en el territorio de ese partido, prohibiendo contacto con las comunidades. Fueron coaccionados para desistir en el posicionamiento del partido político FARC en la región o en su defecto a desplazarse del territorio”.

El Estado ha hecho un esfuerzo por investigar los crímenes y proteger a los excombatientes, pero las medidas no han frenado la matanza. La Policía ha implementado más de 300 esquemas de seguridad. La Fiscalía, por su parte, tiene teorías de los responsables en cerca de la mitad de los asesinatos de excombatientes, y en la mayoría ha encontrado a otros grupos armados. Es un alto porcentaje en las investigaciones, si se compara con los niveles de impunidad que rondan otro tipo de homicidios. Y ese avance se ha logrado en parte gracias a la conformación y trabajo conjunto de grupos élite de investigadores de la Fiscalía y la Policía.

Paradójicamente, y según las pesquisas de la Fiscalía, los viejos compañeros de armas de los excombatientes se convirtieron en su peor verdugo. Para el ente, los disidentes son responsables de al menos 30 asesinatos. También los señalan del plan de atentado contra Rodrigo Londoño, descubierto y frustrados a comienzos de este año. El surgimiento de las disidencias es el otro ruido que empaña del silencio de los fusiles.

En todos los acuerdos de paz se estima que un porcentaje mediano de los combatientes seguirán en la clandestinidad. Si bien es cierto que la mayoría de los guerrilleros que dejaron las armas se mantienen fieles al acuerdo, también es una realidad que el pequeño grupo de disidentes que se escindió de las Farc antes de la firma se convirtió en un grupo armado poderoso. Hoy la mayoría están aglutinados bajo el mando de Gentil Duarte, que con unos cuantos mandos medios y reclutando a cientos de nuevos combatientes, incluidos menores, hoy tiene la estructura ilegal más grande del país, con casi 3.000 hombres.

Iván Márquez, Jesús Santrich, el Paisa, Romaña y otros 17 mandos de las FARC le dieron uno de los golpes más duros al desarme en agosto del año pasado, cuando anunciaron su rearme y la fundación de la Segunda Marquetalia. Fue una imagen dura para la paz, que representaba la postal contraria a lo que en su momento fue la esperanzadora marcha final. Este grupo tiene hoy alrededor de 1.000 hombres. Según la ARN, hay poco más de 13.000 excombatientes acreditados y en proceso de reintegración. Es decir que los disidentes ya armaron estructuras que equivalen a la tercera parte de los hombres que se desmovilizaron.

Pese a las dificultades y falencias, el punto tres del acuerdo es el que más tiene de realidad. Este ofrecía el fin del conflicto y es evidente que los excombatientes se han mantenido firmes en la vida civil, pese a que muchos han sido asesinados. Los pocos que volvieron a la guerra conformaron nuevas estructuras que no tienen ni el poder ni las características de la antigua guerrilla que fue capaz de acorralar al Estado. Pero la promesa de que los excombatientes pudieran llevar una vida como la de cualquier ciudadano sigue siendo una deuda inmensa.