El ‘SOS’ de la justicia en Colombia por la impunidad en casos de violencia de género

“Me escondo, me encuentra. Me cambio de ciudad y me persigue. La Fiscalía me entregó un papel con un número de teléfono como medida de protección. No vale la pena denunciar”, contó a SEMANA una mujer, al advertir que su calvario de violencia intrafamiliar empeoró cuando decidió denunciar. “Hasta que a uno no lo ven muerto, no pueden hacer algo, si no me he muerto entonces no es importante, porque para ellos un morado es una bobada”, dijo.

Otra víctima, incluso, terminó pagando una fuerte suma de dinero a su agresor, mientras esperó dos años por un resultado de Medicina Legal que finalmente confirmó las agresiones y el daño psicológico que padeció en siete años de convivencia. “No volvería a denunciar, es triste saber que en este país no hacen nada, termina uno debiendo a los agresores. No hay ayuda de ninguna entidad. Mi experiencia ha sido mi peor pesadilla con la justicia”, reiteró.

El relato de estas víctimas coincide con los reparos de altos representantes de la justicia, como el propio presidente de la Corte Suprema y del Tribunal Superior de Bogotá, con un jalón de orejas a la Fiscalía en lo que consideran una ineficiente actuación de los fiscales a cargo de procesos por violencia intrafamiliar. “La Fiscalía no probó como es debido, por ineficiencia de la Fiscalía, y esa impunidad es de la Fiscalía, no de los jueces”, dijo el magistrado Antonio Hernández, al mencionar tres veces a la Fiscalía en una sola frase sobre impunidad.

Lo peor de denunciar, según las víctimas, es encontrarse con funcionarios que ven en la mujer un problema, un expediente más que deben resolver y un “chicharrón” que los obliga a trabajar más. Las víctimas deben llenarse de valor para denunciar, luego enfrentarse a las filas, los trámites y el señalamiento. “Vi cómo una mujer muy pobre llegó a la Fiscalía con brazo roto, la cara muy golpeada y así la mandaban a sacar fotocopias, le tocó salir a pedir plata en la calle”, se quejó.

Cuando las mujeres logran superar la barrera de los trámites, llegan a los despachos y empieza otro suplicio. Deben relatar de forma reiterada y ante cada cambio de fiscal los hechos que las convirtieron en víctimas. “Estuve presente por más de siete horas en una diligencia, mientras me ofendían y tuve un ataque de ansiedad, se entumecieron las manos, no podía respirar o hablar con claridad. El comisario de familia no hizo nada, incluso, firmó por mí al cierre de la diligencia”, afirmó.

Todo lo podrían aguantar, dicen las víctimas, si al final del proceso encontraran respuesta de la justicia. Pero son años esperando, un espacio de tiempo que los agresores aprovechan para amenazar, intimidar, ofrecer dinero y hasta denunciar a las víctimas. “Comencé a recibir amenazas, porque hice pública la demanda, incluso, terminó por denunciarme por daño de imagen, ahora tengo ese problema”, explicó.

Estas experiencias serían, de acuerdo con el presidente de la Corte Suprema, el argumento que lo llevó a concluir que el sistema penal colombiano fracasó en la protección de los derechos de las mujeres y de la familia. “Funciona mucho menos para enfrentar crímenes contra las mujeres, crímenes contra los niños en el seno de las familias, al igual que abuso sexual”, dijo.

En igual sentido, el presidente del Tribunal de Bogotá le remitió una carta al fiscal general Francisco Barbosa, reiterando la obligación de los fiscales de preparar sus actuaciones, que cumplan con su obligación constitucional y no revictimicen a las mujeres. Para el magistrado, la Fiscalía no cumple con la “carga” que le corresponde y esto “intensifica la violencia de género e implica el incumplimiento por parte del Estado colombiano”, dijo el magistrado José Joaquín Urbano.

Fue muy contundente el Tribunal de Bogotá en el llamado de atención a la Fiscalía. Lo hicieron al reconocer que absolvieron a un hombre procesado por violencia intrafamiliar, solo porque la Fiscalía no aportó el material de prueba “de forma legal y oportuna”. Esto obliga al fiscal, dijo el magistrado Urbano, a instruir a los delegados para que hagan lo se supone deben hacer: “ejerzan sus competencias de tal manera que, en los procesos penales por violencia de género, descubran, soliciten y practiquen las pruebas”.

Los reparos de los representantes de la justicia a la Fiscalía nacen de las mismas experiencias de las víctimas y tienen soporte en las cifras de la propia justicia, en materia de violencia intrafamiliar.

SEMANA conoció un informe de la Corporación Excelencia en la Justicia sobre el avance de los procesos en este escenario. Son más de 100.000 las investigaciones en 2020 y más del 80 por ciento siguen en etapa de indagación, y apenas el uno por ciento en ejecución de penas.

El mismo escenario quedó dibujado en años anteriores y la explicación, según el exdirector de Medicina Legal Carlos Eduardo Valdés, está en la escasa participación que tiene la Fiscalía y cómo los investigadores ignoran la prueba científica o no le dan el análisis que corresponde. Dejan pasar el tiempo y no recaudan la prueba, convierten una investigación en escenario que lleva al fracaso.

“Grandes fallas que se tiene en la investigación como desestimar la gravedad de los hechos, no se le da la connotación necesaria a ello y los sentimientos de culpa que se le generan a la víctima y resulta asumiendo la responsabilidad de lo que ha sucedido”, dijo Valdés.

El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Hermes Dario Lara, va más allá al explicar de qué manera la falta de profesionalización de los funcionarios de policía judicial y de los fiscales contribuye a ese fracaso del sistema penal, en particular con esta clase de delitos, aunque advierte que la situación se repite en casi todas las conductas que investiga la Fiscalía.

“Yo tuve la oportunidad de tener conductores que no sabían conducir, técnicos criminalísticos que no podían ver un muerto, fiscales especializados que no sabían diferenciar entre una preclusión y un inhibitorio, los ejemplos se multiplican precisamente porque no hay una verdadera política de administración del sistema de investigación en la Fiscalía”, explicó el magistrado y presidente de la Corporación de jueces y magistrados.

La Fiscalía, por su parte, presenta de manera periódica los resultados de jornadas contra la violencia de género y cifras del esclarecimiento en casos de feminicidios, que en algunas regiones está por encima del 90 por ciento. Para las víctimas, no hay duda, el problema está en los hechos anteriores al feminicidio.

Las agresiones y los insultos se anticipan, de acuerdo con el exdirector de Medicina Legal, como una señal de alerta que el instituto forense venía analizando a través del programa de valoración de riesgo y que podía advertir si una mujer víctima de violencia intrafamiliar era una potencial víctima de feminicidio. “Como resultado tenemos una tasa elevada de situaciones de riesgo extremo que se da a conocer a las autoridades como la Fiscalía”, dijo Valdés.

Otro factor que contribuye a elevar el margen de impunidad, según el magistrado Lara, es la falta de personal en la Fiscalía, pero de personal capacitado, “no es contratar porque sí, o de lo contrario, lo que se aumenta es la burocracia”, como ocurrió, de acuerdo con el magistrado, en la administración de Eduardo Montealegre en la Fiscalía. “Crear cargos burocráticos, direcciones, subdirecciones, todo ese dinero lo invirtió creando unidades donde los mismos funcionarios decían, no se hacía nada”, dijo Lara.

El panorama es peligrosamente desolador para las víctimas. Los jueces y magistrados advierten que si la Policía y la Fiscalía no hacen su trabajo, “pues el juez de control de garantías no puede ir contra las pruebas, ir contra los derechos fundamentales” y, en otras palabras, tendrán que dejar en libertad a los agresores y nuevamente poner en riesgo a las víctimas, que ya no quieren denunciar.