“El tal cese al fuego no existe”: gobernador de Sucre arremete contra la ‘paz total’ del Gobierno nacional

Durante la cumbre de mandatarios que se desarrolla en Armenia, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa Oliver sostuvo que el “tal cese al fuego y de hostilidades no existe”, que lo que se ha visto es un incremento de la violencia en el Caribe y que falta la articulación y la integralidad de la política de seguridad del estado.

“Tenemos las mismas dinámicas de violencia en la región Caribe y estamos desesperados con ese tema del Clan del Golfo. El tal cese al fuego y de hostilidades no existe, la violencia cada vez es mayor y tenemos una presión enorme con ocasión del crecimiento de la disponibilidad de droga en el mercado internacional e interno del narcotráfico, hoy son 300 mil hectáreas, cuando en el 2010 teníamos 50 mil y actualmente hay unas 4,5 cosechas año”, afirmó el gobernador sucreño.

El mandatario recalcó que, en Sincelejo, se duplicaron los homicidios en los primeros dos meses del año y cree que es la misma dinámica que llevan las demás ciudades del Caribe.

Espinosa Oliver explicó que este flagelo de la comercialización de la droga ha incrementado los niveles de violencia en el territorio y a pesar de contar con autoridad, la comandancia de la fuerza pública es precaria y no es clara.

“Tenemos una responsabilidad y para poder atenderla no tenemos los elementos suficientes para responder y, a pesar de las denuncias y los consejos de seguridad, vemos cómo se va reduciendo la fuerza pública y su moral, observamos como hay problemas de comunicación que los desestimulan y estimulan al delincuente”, anotó Olimpo.

Durante el evento, el mandatario departamental informó que el contrabando se ha disparado en las subregiones San Jorge y Mojana, la cual es compartida con Bolívar, Córdoba y Antioquia.

“Extorsionan a todo el mundo, al que vende patilla, al que vende naranja, leche, carne, en los hospitales y esto se ha ido agravando, al señor de la finca, al de la obra pública, se la paran, le queman la máquina; tienen extorsionados a todos los alcaldes y con la intención en otras regiones de incidir en las elecciones. Cuentan con canales de comunicación con los funcionarios públicos y están intimidando en el territorio”, dijo Héctor Olimpo.

Los gobernadores Colombia, reunidos en el municipio de Quimbaya, Quindío, denunciaron una seria situación de orden público en todo el territorio nacional.

“Rechazamos la violencia en todas sus formas y la instrumentalización de la población civil, en especial de menores de edad y personal de la Misión Médica y de grupos vulnerables. Los actores armados ilegales tienen que entender que la voluntad de paz se expresa con hechos de paz, no de guerra”, indicaron en un documento que compartieron a la prensa.

El presidente de la Federación Nacional de Departamentos y gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, expresó que los demás mandatarios coinciden en asegurar que “el uso indiscriminado de la violencia contra la población, la infraestructura y la institucionalidad los aleja de la reconciliación que el país desea”.

Los gobernadores le entregaron su respaldo a la acción de la fuerza pública para hacer frente a los actores armados y organizaciones violentas que atormentan a las regiones. “Todo nuestro respaldo para defender la democracia y garantizar el respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos y seguir construyendo la confianza en el control institucional del territorio”.

Unidos, los mandatarios advirtieron: “mientras que el Gobierno nacional continúe desconociendo la legitimidad de las autoridades locales y el entendimiento que tienen de las circunstancias y situaciones diferenciales de cada uno de los territorios, no habrá éxito en la implementación de la política de paz”.

El comunicado conjunto es aprovechado para invitar a los estamentos de verificación y monitoreo a generar una medición urgente del impacto del cese al fuego que se tiene en el país, y cuestionan que estando en un escenario de incremento de la violencia y de las acciones criminales en los territorios y que ese tenga que ser el costo de la paz.

“Ratificamos nuestra voluntad de contribuir en todos los escenarios que el Gobierno nacional disponga para el éxito del desarrollo de los procesos de negociación y diálogo en el marco de la política de paz”, afirmaron.