JUSTICIA
El tatequieto de juez federal de Columbia a Mancuso: negadas medidas cautelares
El funcionario judicial cerró la puerta para intervenir en la decisión del Ejecutivo de enviar a Mancuso a Colombia hasta que se agote todo el procedimiento administrativo. Rechazó todas las peticiones que hizo el exjefe paramilitar.
En cuestión de horas, el caso de Salvatore Mancuso en Estados Unidos dio un giro crucial y pasó de tener un pie en Italia a tenerlo en Colombia. Como lo reveló SEMANA, un recurso de última hora fue activado por los embajadores Francisco Santos y Philip S. Goldberg, en respaldo de los departamentos de Justicia, de Estado y de Seguridad. El resultado fue que este miércoles se produjo el pronunciamiento discrecional de parte del Secretario de Seguridad Nacional, Chad Wolf, en el que se ordena deportar a Mancuso a Colombia, con el argumento de que no hacerlo sería perjudicial para los intereses de Estados Unidos.
La decisión desató una reacción en cadena de los abogados de Mancuso —Hector G. Mora, Manuel J. Retureta, Joaquín Pérez—, quienes han interpuesto una serie de recursos administrativos y judiciales. En cuanto al recurso administrativo de reposición, el trámite se adelanta ante el mismo Departamento de Seguridad y este se podría tomar un par de semanas para dar su veredicto final.
En contexto:
Paralelamente, los abogados radicaron la solicitud temporaria de restricción (una especie de medida cautelar) y una moción, recursos que provocaron este miércoles el pronunciamiento tajante del juez federal del Distrito de Columbia, Richard J. Leon. Los reclamos de Mancuso básicamente se enfocaron en tres cosas: 1.) Que fuera expulsado a Italia sin más demoras. 2.) Que fuera dejado en libertad para que él mismo pudiera hacer los trámites de su traslado. 3.) Que el Gobierno de Estados Unidos asuma el costo de los honorarios de los abogados, cuyo monto se desconoce, pero que podría ser altísimo.
En cuanto a la moción, los abogados de Mancuso reclamaban por un "error" en la orden discrecional del secretario de Seguridad, al considerar que esta debía venir firmada por el fiscal general Willia Barr. Fuentes consultadas por SEMANA en Estados Unidos dudan que este argumento prospere, pues en la práctica es el secretario de Seguridad el funcionario a cargo de estos pronunciamientos y en anteriores oportunidades el tema ha recibido el aval de los jueces.
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Todas las solicitudes fueron rechazadas por el juez Leon, quien además cerró la puerta para que haya más litigio alrededor del tema hasta que no se agote todo el procedimiento administrativo. Al negar cualquier posibilidad de intervenir en la decisión del Ejecutivo, el funcionario citó a audiencia en dos semanas para hacer verificación del caso. Y dejó que, por ahora, Mancuso —que lleva 12 años privado de la libertad— siga cubriendo los honorarios del equipo de abogados que contrató.
El caso Mancuso puso a prueba la cooperación entre las autoridades de Estados Unidos y Colombia frente al regreso de jefes paramilitares que fueron extraditados, pero que aún guardan los secretos más ocuros de la guerra en Colombia.
De haberse adelantado una solicitud de extradición sólida y a tiempo, Colombia y Estados Unidos se habrían evitado la inversión inusual de recursos diplomáticos para defender lo que debía ser una garantía en defensa de los derechos de las víctimas. Por ahora, la Corte Suprema colombiana ya puso la lupa a través de una acción de tutela y entrará a evaluar los aciertos y errores de las autoridades colombianas en este procedimiento.
