EL TEMA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Se esperaban críticas al proceso de paz, por blando, desde adentro: por parte de los congresistas en un debate al gobierno sobre el proselitismo armado y la falta de garantías electorales. Pero las críticas llegaron antes desde afuera, y no referidas a la blandura de las autoridades, sino a su dureza: por parte de Amnistía Internacional, que en su informe de este año asegura que el respeto a los derechos humanos en Colombia sigue dejando mucho que desear (ver más adelante el documento de A.I. sobre Colombia). El mismo informe le da un espaldarazo al proceso señalando que gracias a él la situación es menos grave que en años anteriores. Pero critica a las Fuerzas Militares por continuadas ejecuciones extrajudiciales en el preciso e incómodo momento que nuevas acusaciones al respecto han surgido con motivo de la muerte de once militantes del M-19 que robaban leche en el suroriente de Bogotá (ver recuadro).
Para empezar, es necesario aclarar algo que al parecer no es todavía lo suficientemente conocido. Amnistía Internacional, pese a los dimes y diretes que tuvo con el ex presidente Turbay Ayala, no es una organización subversiva a sueldo de la URSS. Por el contrario, los países socialistas la miran con gran desconfianza y ocasionalmente la acusan de estar a sueldo del imperialismo norteamericano. Amnistía no es tampoco, como muchos altos oficiales parecen creer sinceramente, una organización dedicada exclusivamente a criticar a las Fuerzas Armadas colombianas. Ni es Colombia el único país que contemplan sus informes. Son 123 países, desde Albania hasta Zimbabwe. Con regímenes de izquierda como Nicaragua y de derecha como El Salvador. Potencias continentales como Estados Unidos o la Unión Soviética, e islas como Cuba o la Gran Bretaña. Se trata, pues, de una organización independiente e imparcial, y universalmente respetada -o temida-. Sus denuncias deben ser en consecuencia tomadas en serio, máxime cuando vienen a sumarse a las del informe reservado de la Cruz Roja Internacional publicadas por El Espectador el 26 de septiembre, referidas también a excesos cometidos por las Fuerzas Militares. Según la Cruz Roja, el 70 por ciento de los detenidos por razones políticas entrevistados por ella "se quejaron de haber sido víctimas de brutalidades, malos tratos graves e inclusive torturas, infligidos en los lugares de detención provisionales y centros de interrogatorio dependientes de las Fuerzas Militares". Semanas, e incluso meses después (cuando fueron visitados por la Cruz Roja), aún quedaban huellas de maltrato en ocho de 105 detenidos.
El informe de Amnistía Internacional, por su parte, advierte que "la organización recibió muchas menos denuncias acerca de tales abusos (ejecuciones extrajudiciales y desapariciones llevadas a cabo por algunos sectores del Ejército y de la Policía) que en años anteriores". Y subraya que al respecto se han adelantado numerosas investigaciones. Pero concluye acogiendo una declaración del procurador Carlos Jiménez Gómez según la cual "el país no ha tomado en serio la defensa de los derechos humanos".
Tal vez no hubiera en ello relación de causa a efecto, pero lo cierto es que el presidente Betancur deshizo las maletas para su previsto viaje a Europa, durante el cual -además de visitar al Papa y a diversos jefes de Estado- iba a ser "huésped de honor" de la propia Amnistía Internacional en Londres para una conferencia sobre la paz en Centroamérica. Recordó, sin duda, los embarazosos interrogatorios periodísticos que le tocó sufrir en viaje semejante al ex presidente Turbay Ayala, dedicado a explicar en cada escala que en Colombia el único preso político era él y que los detenidos se autotorturaban, para ser recibido a su regreso por un concienzudo pero algo desdeñoso Alberto Lleras con la frase de que "no se solidarizaba" con los excesos cometidos quizás por personal subalterno de las Fuerzas Militares. El viaje de Betancur, pues, fue cancelado. Pero, además, y más significativamente, el ministro de Justicia, Enrique Parejo, salió a declarar que el gobierno tomaba muy en serio las denuncias de Amnistía Internacional y se sentía en la obligación de investigarlas. Se trata de un giro de ciento ochenta grados con respecto a la postura del gobierno anterior, cuando tales acusaciones eran calificadas sin examen como meros "inventos de la subversión".
Por el lado del Congreso, entre tanto, también al gobierno le llovieron las críticas, pero desde una posición exactamente opuesta. El pospuesto debate liberal sobre la paz y las garantías electorales se inició por fin, y la mayoría de los participantes censuraron severamente el manejo del procesó de paz por parte del gobierno. El secretario general del Partido Liberal, Guillermo Plazas Alcid, aseguró por ejemplo que los acuerdos de paz sóla han servido para que se fortalezca la guerrilla. Edmundo López Gómez recordó que el propósito guerrillero, pese a los acuerdos, sigue siendo el de derrocar por las armas el sistema democrático y criticó la "comisionitis" del gobierno. Santofimio Botero, por su parte, habló del "fracaso total" del proceso de paz, afirmando que la abundante retórica presidencial no se ha materializado en ninguna reforma.
En eso estuvieron de acuerdo también los defensores del proceso. El candidato conservador, Jota Emilio Valderrama, por ejemplo, dijo que no se puede hablar de paz en el país mientras no se hagan las necesarias reformas sociales. El nuevo liberal Emilio Urrea, insistió en que sólo si se aceleran las reformas vendrá la paz y el Ejército podrá volver a sus cuarteles. El liberal Federico Estrada Vélez instó también a las reformas, "no por el acoso de la guerrilla, sino porque la sociedad así lo reclama". Y el dirigente socialista, Gerardo Molina, recordó que el gobierno no ha sido capaz de sacar adelante ninguna de las reformas prometidas, y que tampoco el Congreso lo ha respaldado en eso. Hubo, sin embargo, una voz discrepante: la del senador, José Manuel Arias Carrizosa, quien criticó la "abyección" frente a la guerrilla mostrada por algunos de los oradores anteriores y exigió del gobierno "el restablecimiento del Estado de Derecho", desmantelado por el proceso de paz.
Sin embargo, y pese al mal ambiente que imperó en el debate parlamentario, la conciencia de que el proceso de paz y de diálogo con los subversivos es necesario, parece estar imponiéndose en el país. Así tiende a demostrarlo una reciente encuesta adelantada por la firma Opinión Pública, a la cual SEMANA tuvo acceso (1.106 encuestados en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, con un margen de error de 1.5% hacia arriba o hacia abajo). Según sus resultados, un 53 por ciento de las personas interrogadas son partidarias de que se prolongue el acuerdo de cese al fuego con las FARC. Un diez por ciento ignora en qué consiste el tema, y solamente un 37 por ciento considera que el acuerdo no debe prolongarse.
El gobierno no se ha pronunciado todavía al respecto. Pero las más recientes declaraciones del presidente Betancur siguen mostrando que su voluntad de continuar el proceso de paz continúa intacta -al menos verbalmente-. Y eso, en medio de los "excesos" denunciados y pese al recrudecimiento de la guerrilla rural en el Valle y el Tolima, sigue siendo una garantía de que el peso del trabajo por venir recaerá más en la Procuraduría con sus investigaciones que en la represión pura y simple de otros tiempos.

¿PENA DE MUERTE O TACTICA SUBVERSIVA?
"Yo no me siento feliz de haber visto abatidos once compatriotas, hombres y mujeres del M-19, porque interfirieron un carrotanque de leche. El precio es terriblemente trágico", dijo el senador Emilio Urrea en el debate por la paz y las garantías electorales realizado en el Senado el miércoles 2 de octubre. La expresión del Senador se sumaba a las varias que se han dejado oír en relación con los sucesos del lunes 30 en los barrios surorientales de Bogotá, donde una célula del M-19 asaltó unos camiones de leche huevos y gaseosas para repartirlos en el sector, y posteriormente se enfrentó a tiros con fuerzas combinadas de la Policía, el F-2, el DAS y la Escuela de Artillería del Ejército, dejando un saldo de 11 muertos y 18 detenidos. Los muertos son los que han dado de qué hablar; o mejor, la forma como murieron. El mismo día de los hechos, apareció un testigo en televisión afirmando que él había visto cuando acribillaron a los guerrilleros, ya dominados y sin defensa. "Venían caminando tranquilos y la Policía los paró, los tendieron bocabajo en el piso, los esculcaron y les encontraron una bomba. Ahí fue cuando se les subió encima uno de los detectives y los acribilló, y en ese momento se agarraron a darles plomo entre todos", aseguró en el Noticiero de las Siete, Benedicto Ramírez García. Para el ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe, estas denuncias son sencillamente una más de las tácticas de la guerrilla y respondió para el mismo noticiero de televisión: "La subversión recurre a este tipo de testimonios para desprestigiar a las Fuerzas Armadas. Ellos acuden en ocasiones a testimonios y acusaciones que a uno le parecen raros, pero que para ellos son normales. Esos testigos son preparados por la subversión".
SEMANA visitó los barrios Diana Turbay, San Martín de Loba, Bochica y Altamira, en donde se presentaron las balaceras, y habló con algunos de los vecinos. Casi todos insisten en que "lo que dijo el compadre Ramírez en la televisión es la pura verdad". El mismo ratifica: "Eso fue un simple asesinato a la luz pública porque esos muchachos ya estaban indefensos". La señora Sagrario Fandiño, dueña de una tienda en el barrio Diana Turbay, afirma haber visto cuando "uno de los detectives se subió a la buseta y disparó varias veces contra esos muchachos, que ya estaban tendidos en el piso"; y continúa: "también vi cuando subieron con una cosa que parecía una curuba y se la pusieron en la mano a uno de los que ya estaban muertos mientras llegaban los de los periódicos".
Un joven estudiante del colegio Antonio Ricaurte, cuenta que él vio casi todo lo que pasó en el barrio Bochica. "Hubo como veinte minutos de disparos, pero no se dieron. Después fue que los del F-2 se encontraban con alguien y de una vez los iban encendiendo a tiros. A un amigo que estaba durmiendo en una cueva, lo iban a matar. Se salvó porque todavía estaba muy dormido", cuenta al reportero de SEMANA.
Jairo Colmenares, el chofer de la buseta en la que se produjo uno de los tiroteos, afirma que "a la buseta se subieron esos antisociales y enseguida se subió el del F-2. El los capturó después de que habían lanzado el explosivo y ahí mismo les dio candela".
La versión oficial es bien distinta. El general Delgado Mallarino entregó un comunicado en el que hablaba del asalto del M-19 a los carros de leche y Coca Cola, y afirma que "al ser interceptados por la Policía, ésta fue recibida a tiros; como resultado se encuentra un suboficial gravemente herido y 11 subversivos muertos".
Preparados por la subversión o no, los testigos han levantado polvareda y la Procuraduría ya ha anunciado una investigación sobre la muerte de los 11 guerrilleros. Por lo pronto llueven quejas de madres afirmando que sus hijos, que resultaron muertos o detenidos en la operación, no son ni tienen nada que ver con la guerrilla. Y eL senador Gerardo Molina, en una constancia presentada al Senado, afirma que en Colombia, so pretexto de combatir la subversión, se ha institucionalizado la pena de muerte. "El lunes fueron sacrificados en el suroriente de Bogotá varios jóvenes que estaban tendidos en el suelo, sin capacidad de agredir. Lo natural y lo ajustado al derecho era aprehenderlos y llevarlos ante la justicia correspondiente", dijo el Senador.