INVESTIGACIÓN
El tierrero del senador
El gobierno adjudicó miles de hectáreas baldías en Vichada a personas cercanas al polémico congresista Habib Merheg.
La semilla de un nuevo escándalo ronda al gobierno. Al menos 16.330 hectáreas de tierras baldías, un área superior a la mitad del perímetro urbano de Bogotá, fueron tituladas a finales del año pasado por el Incoder a 13 personas que son cercanas a la actividad del senador risaraldense Habib Merheg. En el listado hay personas de su Unidad de Trabajo Legislativo. Están su secretaria de varios años; su abogado que ha litigado sus pleitos penales; directivos de la empresa Cable Unión de Occidente, empresa con la que Merheg estuvo vinculado hasta 2002 cuando ingresó a la política, y otros funcionarios de la misma compañía, como recepcionistas y operarios. Las tierras están ubicadas en el municipio de Primavera, departamento de Vichada, que limita con Venezuela.
Es probable que la cantidad de tierras entregadas a gente cercana al congresista sea mayor. El 30 de octubre y el 17 de noviembre de 2006, fechas en las que se expidieron las resoluciones adjudicando las fincas a los conocidos del senador, se entregaron otras 21.805 hectáreas a 18 personas más. Lo llamativo es que todas ellas o son oriundas de Pereira Dosquebradas, áreas de influencia política del congresista, o han tenido relación con esa región, según lo constató SEMANA. Es llamativo que un paquete de adjudicaciones tan grande coincida en que todos los beneficiarios son de un mismo departamento que queda al otro extremo del país.
Vichada es el epicentro del más ambicioso megaproyecto agrícola del gobierno. Luego de siglos de abandono, unas pruebas revelaron cómo sus tierras tienen potencial para cultivos relacionados con la producción de biocombustibles. Con el anuncio de posibles inversiones millonarias extranjeras, sus parcelas, por las que antes nadie daba nada, hoy son apetecidas.
Gracias a su cercanía a la infraestructura vial que conecta con el centro del país, la Primavera es la zona que avanza más rápido en desarrollo. También es un lugar utilizado durante años por grupos al margen de la ley, en especial los paramilitares, para el ingreso de precursores y tráfico de estupefacientes al vecino país, como lo confirma la Policía departamental. El jefe paramilitar alias 'Macaco', hoy desmovilizado y recluido en Itagüí, tuvo uno de sus bloques ubicados en la región. Informes de inteligencia dan cuenta de que en la zona han visto recientemente al prófugo jefe paramilitar Vicente Castaño.
Según el senador Merheg, que es afecto al gobierno, llegó a la región hace cinco años, tras conocer a unos inversionistas noruegos que buscaban reactivar un proyecto congelado por mucho tiempo. Al ver el potencial de Vichada, compró la finca El Mirador, de 2.400 hectáreas, hace año y medio. Ha llevado a varias personas a la región para que conozcan las oportunidades del lugar. "Estoy emocionadísimo con el Vichada, dice Merheg para explicar sus gestiones con nuevos inversionistas. Todo se ha hecho bajo un interés legítimo empresarial para traer desarrollo a la región".
Que él y sus amigos adquieran tierras y lleven inversión no tiene ninguna objeción. El problema surge cuando es el gobierno el que se las adjudica de un plumazo. Los baldíos son tierras que pertenecen a la Nación y por ley sólo se pueden entregar a colonos que demuestren que llevan más de cinco años ocupando y explotando por lo menos el 80 por ciento del área. Lo máximo que se entrega por persona es lo que se llama la Unidad Agrícola Familiar (UAF), que corresponde a una porción de tierra que garantiza la subsistencia de una familia. Esa extensión varía de acuerdo con la productividad de la tierra y para Vichada, la UAF equivale a máximo 1.294 hectáreas.
Es claro que los amigos inversionistas del senador risaraldense no cumplen los requisitos de adjudicación, pues llevan menos de dos años en la zona. Incluso algunos de ellos, que hablaron con SEMANA, reconocen que nunca han ido a los Llanos.
Carlos Vega, abogado de Merheg y quien es uno de los beneficiados con la titulación, asegura que el senador efectivamente les comentó de la oportunidad de inversión que hay en esta región y que junto con un grupo de amigos compraron la posesión que sobre estos predios tenían unos antiguos colonos y luego hicieron los trámites de rigor ante el Incoder para que se los titularan. De acuerdo con la interpretación que Vega hace de la ley, al comprar las tierras a colonos, adquirieron el derecho del tiempo que ellos ya habían cumplido. Esta visión difiere de la del director del Incoder, Rodolfo Campo, quien dice que lo sucedido es ilegal y que se puede haber incurrido en un fraude procesal.
"El senador nunca intervino para nada. Espero que no nos maten la ilusión antes de que nazca", aseguró Vega. Lo sorprendente es que mientras campesinos de la región llevan años esperando el título de sus parcelas, este grupo de inversionistas logró hacerlo en tan sólo seis meses, pues la solicitud la pasaron en mayo de 2006. Vega dice que están buscando la mejor forma de asociarse, pues la expectativa es poder sacar adelante proyectos con los incentivos que da el Ministerio de Agricultura.
Por su parte, el senador Merheg dijo inicialmente a SEMANA que no sabía que estas personas tuvieran esas tierras, ni que su principal asesor estuviera allí. "Tal vez se animaron porque me han escuchado hablar mucho sobre el tema. Aspiro a que, en los dos próximos años, más de 2.000 empresarios pongan su nido en Vichada Si en eso tengo algo que ver, me sentiré muy orgulloso". En una charla posterior dijo que detrás de esas titulaciones "no ha habido ninguna agenda o intereses oscuros. Supongamos que hubo un error. Lo que hay es que deshacerlo y llevarlo de nuevo a su curso", comentó como buscando una salida.
Pero las cosas pueden no ser tan fáciles. Luego de que SEMANA consultó al Incoder y al Ministerio de Agricultura sobre lo sucedido, estas entidades anunciaron que tras revisar la información, elevaron la respectiva denuncia tanto a la Fiscalía como a la Procuraduría, pues entre los beneficiarios también hallaron a tres personas con antecedentes penales. Así mismo, suspendieron a los funcionarios que participaron en estas decisiones mientras la oficina de control interno aclara lo sucedido.
"Aquí no ha habido ninguna clase de pago de favor político", dijo el ministro de Agricultura, Andrés Arias, quien aseguró que, por el contrario, la posición del gobierno es de "cero tolerancia ante la corrupción".
Mientras aclaran lo sucedido con las tierras de los amigos del senador, el gobierno tendrá que dar una detallada revisión a lo que ha sucedido con la titulación de baldíos en esta zona del país. Pues no deja de ser llamativo que mientras en el año 2004 se titularon en Vichada 43 predios, y en 2005 fueron 15, en 2006 se entregaron títulos a 277 baldíos. ¿O será que el desarrollo propuesto para esta mitad del país viene de la mano de las mismas prácticas con la que se colonizó buena parte de la otra mitad?