El tijeretazo de Planeación Nacional a la JEP. | Foto: SEMANA

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El tijeretazo de Planeación Nacional a la JEP

La Justicia Especial para la Paz, que este año tuvo un presupuesto de inversión de 90 mil millones de pesos sufrirá un recorte del 30 por ciento de ese rubro. La tijera del DNP pasa en igual medida por la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. ¿Qué implica esto?

8 de julio de 2019

Este lunes llegó una mala noticia a la Jurisdicción Especial para la Paz. Una carta de apenas cuatro páginas contiene la determinación de recortarle a la entidad el 30 por ciento de su presupuesto de inversión. Mientras que este año la JEP tuvo 90.000 millones de pesos para el rubro de inversión, en el 2020 esa asignación se reduce a 63.000 millones. El recorte afecta seriamente la presencia de la JEP en territorio, los proyectos en distintas zonas del país y la atención que allí se contemplaba para las víctimas.

La presidenta de la JEP, Patricia Linares le dijo a SEMANA que para el próximo año la entidad solicitó 94 mil millones de pesos “y asignaron 63.027, lo que supone un recorte de poco más del 30 por ciento. Se trata de presupuesto de inversión lo que implica por ejemplo que programas previstos para desarrollar en territorio e implementación de sistemas como el de representación judicial de víctimas, apoyo psicosocial para ellas y otras tareas que no se podrían desarrollar”. 

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El tijeretazo del 30 por ciento también afecta a la Comisión de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas. Ambos entes, junto a la JEP, conforman el Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y no Repetición que según el acuerdo de paz debe ser un asunto de prioridad para el Estado colombiano. 

El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, también rechazó el recorte. Aseguró que: “Esto significa una afectación de fondo y para la Comisión de la Verdad puede implicar la imposibilidad de continuar con los avances en las Casas Territoriales para la Paz, que es una estrategia sustancial para las víctimas”. 

Por su parte, Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda, señaló que “este recorte no solo manda un mensaje de no priorización del sistema Integral como parte de la construcción de paz, sino que también limita la implementación de los mecanismos a nivel territorial. El dinero reducido son los recursos sobre los que se apalanca la presencia territorial de la Unidad de Búsqueda. Y la búsqueda de los desaparecidos no se hace en Bogotá, se tiene que hacer en los territorios”.

En la carta a la JEP el Departamento Nacional de Planeación explicó que el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) impuso una política de austeridad para cumplir las metas fiscales que lleven a “un mayor crecimiento económico y una estrategia de mayor eficiencia y reducción del gasto público”. 

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Aunque la Ley de Financiamiento (es decir, la norma de ajuste tributario) ayudó a asegurar nuevos recursos para cubrir los faltantes en el presupuesto de este año, también creó unas gabelas cuyos efectos sobre las finanzas públicas a mediano plazo preocupan. La baja de los impuestos a las empresas –por reducción en el impuesto de renta y la deducción del IVA a la importación de bienes de capital– generarán billonarios faltantes. Por eso hay quienes afirman que esta fue una “ley de desfinanciamiento” y temen que el país entre en la ruta de perder su grado de inversión o acudir a una nueva tributaria. 

De ahí la importancia del MFMP lanzado hace poco por el gobierno, que define la estrategia fiscal y macroeconómica del Ejecutivo para cubrir estos faltantes, reducir el déficit fiscal y visualizar la senda de crecimiento de la deuda pública. 

La primera gran sorpresa en el MFMP es que el Ministerio de Hacienda ratificó su meta de déficit fiscal del 2,4 por ciento para el 2019. Si bien el comité consultivo flexibilizó la Regla Fiscal y permitió un déficit de 2,7 por ciento para este año, dado el costo que representa la migración venezolana, el ministro Alberto Carrasquilla decidió mandar el mensaje de que “el panorama fiscal está despejado”. Como venimos de un déficit del 3,1 por ciento del PIB en 2018, esto significaría un ajuste de más de 0,7 puntos porcentuales.

El rigor de ese apretón fiscal se empezó a sentir con severidad en el Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y no Repetición. Al respecto la magistrada presidenta de la JEP aseguró: Entendemos la situación fiscal del país pero la verdad lo que no esperábamos era una reducción tan drástica. Teníamos la plena convicción de que con lo que teníamos, sin reducciones, haríamos nuestro mejor esfuerzo para seguir adelante. Pero la verdad nos sorprendió tan drástica reducción teniendo en cuenta que somos entes con un tiempo limitado en el cual debemos cumplir la tarea, sobre todo en territorio”.

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