El ‘tire y afloje’ entre la Superintendencia y EPS chocoana por cartel de traslados

El llamado cartel de los traslados que salpicó a la Superintendencia de Salud en los años 2016 y 2017, cuando Eva Carrascal, delegada para la supervisión institucional de la época, realizó movimiento de usuarios de EPS de manera ilegal a cambio de favorecimientos, sigue dando de qué hablar. Ella, en su momento, en medio de la firma de un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, confesó las acciones delictivas e, incluso, entregó los nombres de las empresas que habría utilizado para sus fines lucrativos.

Entre las prestadoras de salud que habrían sido víctimas de sus decisiones arbitrarias está la EPS chocoana Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó (Ambuq).

“Nosotros somos una EPS que ha sido muy perseguida por el actual Gobierno”, dijo David Palacios, presidente de la junta directiva de la entidad, quien cuenta que Carrascal no solo le decretó una medida de vigilancia con restricción de afiliación, sino que ordenó que la entidad tenía que salir de La Guajira con 54.000 afiliados, los cuales fueron asignados a otros EPS.

Cajacopi EPS recibió más de 37.000.000 usuarios de esta y otras EPS de la región que fueron nombradas por Carrascal durante su negociación con la justicia.

Desde ese entonces empezó una lucha jurídica en la que los directivos de Ambuq argumentan ser víctimas y exigen recuperar los usuarios; aseguran estar extrañados por la manera en la que la Superintendencia ha manejado el control de las entidades que vigila, pues, en lugar de admitir que la EPS ha sido una víctima de los manos manejos del ente de control, se ha dedicado a argumentar que la decisión que se tomó en el momento obedece a irregularidades que Ambuq venía presentando con sus afiliados, afirman.

Palacios no comprende por qué razón en 2019 el superintendente Fabio Aristizábal ordenó sacar a Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó (Ambuq) de los departamentos de Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca, con el argumento de que no estaban en capacidad de atender a sus usuarios y, paralelamente desde el año 2013, las calificaciones entregadas a las evaluaciones de la EPS alcanzaron a ser superiores a 98 %, ubicándose algunos años entre las cinco mejores del país.

Por lo anterior, Ambud decidió demandar penalmente la decisión de la SuperSalud y el juez los favoreció con una medida cautelar, razón por la cual no se dio el traslado de los afiliados en esa época, pero el superviniente ordenó la liquidación de la EPS en esos departamentos el 8 de febrero de 2021. Palacios denuncia que Aristizábal se ha dedicado a desacatar las órdenes judiciales y a continuar con lo que él califica como una persecución.

Una de las medidas cautelares que solicitó Ambuq en Chocó fue negada, la EPS apeló y ahora se encuentra en evaluación del Consejo de Estado. Por otro lado, radicaron una tutela en Barranquilla que también salió a favor, falló ejecutoriado en segunda instancia y pasó a posible selección de revisión en la Corte Constitucional. Sin embargo, denuncian una posible irregularidad procesal, pues el liquidador que no forma parte de la demanda, alegando verse afectado con la decisión presentó una tutela ante la Corte Suprema de Justicia y la admitieron con medida cautelar suspendiendo la primera, mientras deciden la primera instancia. Algo que, según algunos juristas, es arbitrario.

De hecho, la red de veedurías a nivel nacional, en cabeza de Pablo Bustos, ha advertido de las presuntas irregularidades que estaría cometiendo la SuperSalud. Sin embargo, el superintendente Fabio Aristizábal aclaró en SEMANA que las decisiones que ha tomado nada tienen que ver con lo sucedido con Eva Carrascal y, por el contrario, señaló que la SuperSalud hace evaluaciones y seguimientos técnicos, periódicos y rigurosos en que se evalúan a las EPS. Fue así que precisamente encontraron que Ambuq EPS presentaba una de las más altas tasas de mortalidad materna, perinatal, menores de cinco años por desnutrición, por infecciones. Además, incumplía el tiempo de espera para el inicio de tratamiento en cáncer de mama y no cumplía la meta de tamización con mamografía a mujeres mayores de 50 años, entre otras irregularidades sumadas al no pago de sus prestadores de servicio.

Cada una de las versiones está siendo analizada y será la justicia quien determine quién tiene la razón. El pasado primero de diciembre de 2021, la Corte Constitucional anunció las tutelas que quedarán resueltas antes de mitad de mes, entre las que se encuentra la de Ambuq.

La tensión crece entre las partes, mientras los usuarios quizás ni se percatan de toda la lucha que hay para definir quién se quedará con ellos.