El trino del presidente Gustavo Petro que rebosó el vaso en el Consejo de Estado y generó su rechazo en bloque

El pasado 12 de diciembre, en un extenso trino publicado a las 7:43 de la noche, el presidente Gustavo Petro enfiló sus cuestionamientos a la decisión del Consejo de Estado que anuló la elección de José Luis Bohórquez López como alcalde del municipio de Duitama (Boyacá) por incurrir en doble militancia.

En cinco párrafos, el jefe de Estado se fue lanza en ristre contra los magistrados que habían firmado la decisión, asegurando que estaban desconociendo la voluntad popular. “Aquí hay una perfidia”, reseñó el primer mandatario al asegurar que se había desconocido la coalición del Pacto Histórico.

“Colombia necesita jueces justos para acabar su violencia y desigualdad”, continuó el Presidente alegando que la decisión hacía parte del “lawfare” que se ha puesto en marcha en contra de los dirigentes del Pacto Histórico, desconociendo los resultados de las urnas.

“En algunos corazones de la vieja política en la justicia que quieren a como de lugar detener el cambio” (sic), señaló el jefe de Estado en su extensa publicación que generó todo tipo de reacciones en diferentes sectores. “Colombia necesita jueces justos para acabar su violencia y desigualad”.

Estas palabras no cayeron en gracia en el interior del Consejo de Estado que este lunes, en su Sala Plena, emitió un fuerte pronunciamiento. En una rueda de prensa atípica, que contó con la presencia de 17 de los 32 togados, se leyó un comunicado en el que le exigieron respeto al presidente Petro por las decisiones de la justicia.

En la sala, donde se suelen reunir a debatir y discutir, los magistrados sentaron su posición ante los “graves, sistemáticos e irrespetuosos mensajes emitidos por parte del señor presidente de la República”. Para el alto tribunal, este tipo de mensajes “ponen en entredicho la honorabilidad, integridad y eficacia con la que actúa esta Corporación, manifiesta a la opinión pública y a los organismos internacionales su contundente rechazo”.

El hecho que se calificara de “perfidia” las decisiones tomadas van en contravía de la separación de poderes que está protegida por la Constitución Política y la ley. Recordaron que cada uno de los fallos se realiza en Derecho, evaluando ponencias y discutiendo argumentos meramente jurídicos.

“Las sentencias, los conceptos y todas sus decisiones y actuaciones, que adopta como suprema autoridad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y como juez de los actos del gobierno y, en general, de la administración pública, son el resultado de procesos ajustados a la Constitución y a la ley, y están orientados por los principios de autonomía e independencia judicial”, señaló el presidente del Consejo de Estado, Milton Chaves, quien fue el encargado de leer el comunicado.

Por esto, rechazaron que se pusieran en tela de juicio los fallos y, mucho más, que se les diera un tinte político. “La Corporación rechaza categóricamente las afirmaciones sin sustento alguno que sugieren que las decisiones judiciales se toman con fines políticos o en detrimento de la voluntad popular, pues estas distorsionan la realidad y envían un mensaje equivocado a la sociedad”.

Citando lo manifestado durante los últimos meses por el presidente Petro que ha cuestionado directamente la decisión de la Sala de Consulta del Consejo de Estado que señaló que el CNE sí tenía las facultades para investigar las presuntas irregularidades en su campaña presidencial en 2022 el máximo tribunal de lo contencioso administrativo aseguró que se desconoce la calidad de los jueces y sus competencias.

“Cuestionar las sentencias y pronunciamientos de esta Corporación como actos de golpe blando y perfidia, es decir, de deslealtad o traición a los principios democráticos, desconoce la función del poder judicial, que actúa libre de todo tipo de presión”, señala uno de los apartados del pronunciamiento.

Por eso, le hicieron un llamado al Presidente de la República a que reflexione sobre “el deber de respetar la independencia y autonomía judiciales que son la base del equilibrio y separación de poderes y del funcionamiento de una democracia sólida y estable. La confianza en las instituciones es esencial para que la justicia siga siendo un pilar de nuestra sociedad, pues su debilitamiento solo favorece a aquellos que buscan el beneficio propio en lugar del bienestar colectivo”.