El tumacazo

Después de 23 días sin servicio de energía eléctrica, la noche tumaqueña por fin pudo verse iluminada. Pero no por el alumbrado callejero, pues el fluido eléctrico seguía suspendido, sino por las altas llamaradas que salían de las barricadas y de varios edificios públicos que fueron incendiados ese día, por una multitud desaforada de hombres, mujeres y niños que blandían machetes y gritaban consignas de independencia de ese puerto sobre el Pacífico. Un puerto nada pacífico a juzgar por el saldo de la jornada: más de 15 muertos y, por lo menos, un centenar de heridos.

Como suele suceder, la historia había comenzado muchas veces. La primera, tal vez, con todas las décadas de olvido a que ha sido sometido Tumaco. La segunda quizá, cuando después del devastador maremoto de hace nueve años, un alto porcentaje de los auxilios y dineros que debían invertirse en la reconstrucción del pueblo, se extravió. Y la tercera, cuando la imprevisión de las autoridades locales y nacionales desencadenó una crisis en el servicio de energía eléctrica, que dejó sin luz al municipio el 24 de agosto.

Desde entonces, las protestas de los tumaqueños --una población integrada en su inmensa mayoría por gentes de raza negra-- comenzaron a sentirse. Hubo manifestaciones, marchas y paros. La gravedad de la situación pudo medirse por primera vez hace dos semanas, cuando algunos funcionarios locales, encabezados por el alcalde Eric Sai del Santos, fueron secuestrados por un grupo de manifestantes, que los mantuvo retenidos durantes varias horas. Un coletazo de la crisis de Tumaco agudizó los enfrentamientos de las distintas facciones en que se encuentra dividido el liberalismo en el departamento de Nariño: a mediados de la semana pasada, el gobernador Eduardo Romo Rosero quien se había posesionado de su cargo apenas seis días antes, renunció desesperado por las presiones burocráticas de los caciques regionales.
Mientras esto sucedía, un movimiento cívico llamado "Tumaco Alerta SOS", decidió convocar para el viernes a una manifestación de protesta, en la que debía izarse a media asta la bandera de Colombia y leerse una proclama, en la que se anunciaba "a las naciones del mundo, que de continuar la indiferencia del gobierno con nuestros problemas nos veremos en la penosa obligación de continuar en el proceso hasta lograr la separación definitiva de nuestro territorio de la República de Colombia".

Nada de esto fue suficiente para que sonaran las alarmas a nivel de las autoridades departamentales y nacionales. El caso de Tumaco se siguió viendo como una sucesión de episodios anecdóticos, de cuyo desenlace no cabía esperar nada grave. Centenares de tumaqueños se encargaron el viernes de demostrarle al gobierno que estaba equivocado en esta apreciación. Hacia el medio día, unas 10 mil personas se encontraban reunidas en la Plaza de San Judas, preparándose para hacer un juramento a la bandera colombiana izada a media asta, y para escuchar la proclama.
Hay distintas versiones sobre la forma como este acto degeneró en desórdenes. Según algunas fuentes consultadas por SEMANA, la chispa estalló cuando agentes de la Policía penetraron en la manifestación y, entre otras cosas, trataron de impedir que la periodista de televisión Pilar Hung y su camarógrafo, filmaran el desarrollo de la protesta. La multitud se indignó y los organizadores de la manifestación intentaron persuadir a los agentes. De pronto, sonaron varios disparos en medio de la multitud. Policías e infantes de la Marina respondieron al fuego con más fuego. En medio de gritos y del terror que producen los tiroteos en una multitud, la gente trató de dispersarse en un verdadero "sálvese quien pueda". Sobre la Plaza de San Judas quedaron tendidos en el suelo los primeros heridos y, quizá también, los primeros muertos.
Pasadas las dos de la tarde, la jornada comenzó a alcanzar un alto grado de violencia. Grupos de manifestantes se dirigieron al edificio de la alcaldía, lo apedrearon y luego le prendieron fuego. Algo similar sucedió luego con los juzgados, el Bienestar Familiar, el Seguro Social, y las sucursales del Banco Popular, el Banco de Colombia, el BCH y la Caja Agraria. El almacén de esta última fue además saqueado: según algunas versiones, de allí fueron robados 400 machetes con los que la gente se armó y se enfrentó a policías y marinos, que no tuvieron más remedio que refugiarse en la Base Naval, pues el recién inaugurado edificio de la Policía también fue atacado por los manifestantes.
Pero ninguno de estos ataques fue tan significativo y violento, como el que emprendieron algunos grupos de tumaqueños contra la sede política del congresista Samuel Alberto Escrucería. No sólo la apedrearon.
No sólo la incendiaron. Sino que además, penetraron en ella y sacaron por las ventanas todo lo que había adentro --muebles, documentos, etc.-- para prenderle fuego en la calle. "Esta es la cuenta de cobro, a sangre y fuego, de la deuda que la clase política nariñense tiene con Tumaco", dijo a SEMANA un dirigente del movimiento cívico.

Al anochecer, el toque de queda dictado por la gobernadora encargada María Ximena Santander, no fue acatado por los tumaqueños, entre otras cosas porque la única emisora por la cual podía ser transmitido el decreto, Radio Mira, no estaba operando. Las barricadas ardían, así como la alcaldía y otras edificaciones.
La acción de los bomberos se veía a su vez limitada por los problemas de falta de presión del agua, cuyo suministro, como el de la luz, es escaso en Tumaco.
Hacia las ocho de la noche, la única respuesta del gobierno, que reconoció por boca del ministro César Gaviria Trujillo que había "varios civiles muertos", fue el envío de refuerzos militares, con tanques y vehículos artillados, elementos más bien inútiles para resolver los problemas del puerto sobre el Pacífico. Mientras tanto, Robin Biojó, el único médico cirujano del pueblo, hacía esfuerzos desesperados a la luz de las velas, para extraer balas y coser heridas en el hospital, en una de las escenas más significativamente dramáticas de lo sucedido.

Al final de la semana quedaba en claro que, a la violencia guerrillera, a la del narcotráfico, a la paramilitar y a la de la delincuencia común, el país debía sumarles ahora la de las multitudes desesperadas porque las más mínimas manifestaciones del progreso les son ajenas. En el caso de Tumaco, no se le podía echar la culpa a la guerrilla. Como le dijo a SEMANA un vocero del movimiento cívico, "los subversivos aquí son los politiqueros".--