Uribe, familiares de Iragorri, Lizarralde y otros, en líos por baldíos

Este martes, la Contraloría General de la República soltó una noticia de enormes proporciones. La entidad le pidió a la Agencia Nacional de Tierras que adelante acciones judiciales para anular ventas de baldíos en los casos en que se verifique acumulación indebida.

Se trata de un caso con mucho fondo, que sin duda dará de qué hablar durante las próximas semanas. Y no es para menos. El expresidente Álvaro Uribe, familiares del ministro de Agricultura Aurelio Iragorri y familiares de su antecesor Rubén Darío Lizarralde son algunas de las personalidades que aparecen en la lista.

El detonante fue una investigación que llevó a cabo el ente de control y que terminó demarcando 33 casos de supuesta acumulación irregular de predios de origen baldío, que equivalen a 322 predios y que concentran poco más de 123.482.89 hectáreas.

Según informó la Contraloría, los resultados fueron trasladados a la Fiscalía y a la Procuraduría para que determinen si existe responsabilidad penal o disciplinaria por parte de los funcionarios y particulares que aparecen asociados a cada uno de los casos.

Frente a las propiedades del expresidente Uribe, la Contraloría relaciona 11 predios de una extensión de 103 hectáreas a nombre de la Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo. "Es muy fácil investigar El Uberrimo porque no tengo testaferros y las escrituras han sido de acuerdo con la ley", dijo el jefe del centro Democrático minutos despúes de que se conoció la noticia.

Pero el tema de los baldíos también puso en la agenda nombres como Cerro Matoso, con 223 hectáreas divididas en cinco predios; la familia del ministro Aurelio Iragorri, con 3.816 hectáreas en tres predios; la organización Pajonales de Luis Carlos Sarmiento Angulo con 22.834 hectáreas en 21 predios y el exministro Rubén Darío Lizarralde con 5.064 hectáreas en cuatro predios.

Para el ente "es reprochable" la violación de los topes establecidos en la ley, como son las 450 hectáreas de la Ley 135 de 1961 o de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), que están orientados a promover la función social de la propiedad y a evitar la concentración de la misma. Es decir, la Ley 160 prohíbe expresamente conformar latifundios con tierra pública a través de la acumulación de baldíos porque se contraviene la esencia de la norma, que es darle tierra a quien menos tiene.

"Una vez el Estado adjudica los baldíos, estos salen del patrimonio de la Nación y pasan a formar parte del dominio privado del adjudicatario. A partir de allí, los actos negociables son de carácter privado y escapan al ámbito de acción deeste organismo de control, salvo que un juez anule las compraventas por encontrar probada la ‘mala fe‘ de los terceros adquirientes", se lee en el comunicado. Por eso la entidad le pide a la Agencia Nacional de Tierras tomar acciones para revertir esa acumulación. Ahora se espera que la ANT empiece a hacer un estudio de títulos para cada uno de los 33 casos. Solo así se podrá evidenciar si existen o no dos o más adjudicaciones de baldíos a las personas anteriormente mencionadas.

Se detalla en el informe que esta decisión se toma luego de valorar los informes presentados por la Contraloría Delegada del sector agropecuario en los años 2013, 2014 y 2015, sobre 33 casos referentes a 322 predios ubicados en los departamentos de Córdoba, Meta, Caquetá, Vichada y Antioquia. De los 43 casos que entraron a análisis de la Dirección de Vigilancia Fiscal, aún queda por resolver la situación de 10, que concentran 183 predios, que equivalen a 199.871.43 hectáreas.

"No tengo ni un sólo centímetro de tierra en Vichada": Iragorri

El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, le salió al paso a las declaraciones de la Contraloría que apuntan a solicitar medidas judiciales para anular la venta de tierras de origen baldío que pertenecerían a su familia.

"Nunca he hecho gestiones ante las entidades del Estado para favorecer la adquisición de tierras, ni para mí, mis familiares y terceros", advierte el jefe de la cartera quien negó tener "tierras en Vichada o en algún otro lugar de la altillanura colombiana".

A su juicio, es "inadecuado" que la información emitida por la Contraloría no se refiera a personas naturales o jurídicas concretas sino a "familiares de" generando un vínculo "hacia la opinión pública con mi persona, aunque el órgano de control no me hace ninguna imputación personal". Lo cierto, sin embargo, es que él no está vinculado directamente al caso pero sí hay familiares suyos en la lista que entregó la Contraloría.

"Creo en la buena fe y respeto la labor empresarial de mis familiares. Estoy seguro de que ellos sabrán dar las explicaciones correspondientes al país y a los organismos de control que las soliciten", puntualizó.

"No hay nada indebido": Lizarralde

Semana.com consultó al exministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde sobre el informe de la Contraloría. "Esa es una historia que están reviviendo de la época de mi ministerio, surge de un debate de los señores del Polo en los que juntaron unos predios de excuñados míos, de mi exseñora y otros amigos como si fueran comprados por mí, como si yo los hubiera puesto a nombre de ellos. Por supuesto los predios son de ellos, no hay una manipulación de UAF (Unidades agrícolas familiares)", dijo. 

Lizarralde agregó que cuando sus familiares compraron los predios, estos quedaron radicados en escrituras. "No es que el Gobierno los haya adjudicado, es que se los compraron a terceros. Ellos siguen siendo dueños y allí desarrollan una actividad productiva que está siendo dinámica. Iban a sembrar caucho, pero creo que en estos  momentos tienen marañón, ganado, cada uno tiene su propiedad y su desarrollo productivo".

También dijo que la Contraloría, en la era de Sandra Morelli, ya había investigado esos predios. "Una muy pobre investigación, por cierto. Di las explicaciones y cerraron el caso. Si hubieran encontrado algo me habrían sancionado. Quiero decir que este no es un caso de acumulación, esto tiene sus propietarios y todo está en regla".

El exministro terminó diciendo: "El Incoder tomó las aclaraciones del caso, todo se cerró de acuerdo a los estatutos legales. Ahora, nos estamos acercando a una campaña política y ahora quieren mover temas que ya estaban resueltos, pero pues, están en todo su derecho. Por lo menos en el caso nuestro no veo otra razón. Porque no hay el más mínimo indicio de haya algo indebido". Semana.com también intentó comunicarse con el ministro Aurelio Iragorri y con el expresidente Álvaro Uribe, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta.