El valor histórico de los archivos que se retirarán del Centro Nacional de Memoria Histórica

La hermana Maritze Trigos se enfrentó más de una vez a la verdad que le arrojaron las exhumaciones que hizo. Sus acompañantes, mujeres siempre, fueron un grupo de Trujillo, Valle del Cauca. Allí no faltó nunca una cámara para documentar el desentierro, “para constatar que la tortura de la motosierra no fue un invento”, recuerda con voz pausada y gastada, pero de palabras precisas. Maritze todavía guarda esas fotografías.

El desenlace de esa búsqueda fue la inauguración del Parque Monumento a las víctimas de Trujillo: osarios que desde lo lejos parecen escalones de un piso incrustados en la montaña, que conmemoran el asesinato y desaparición de 235 víctimas.

Trigos acompañó a la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo (Afavit), una de las 90 organizaciones sociales que firmaron junto a 30 líderes un comunicado en que ratificaban “falta de confianza y el retiro de nuestros archivos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)”.

La primera razón fue por el nombramiento de Darío Acevedo, quien ha demostrado una postura negacinista del conflicto armado así como de rechazo y estigmatización a víctimas y organizaciones. La segunda es más preocupante: muchas organizaciones tienen miedo de que se tenga un manejo poco ético de esos archivos, dado que existen muchos testimonios que comprometen a líderes políticos y ganaderos, así como señalamientos a perpetradores.

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Para muchos, esos archivos, que fueron copiados bajo la dirección de Gonzalo Sánchez, podrían ser pistas para que la revictimización en muchas personas no sea solo un miedo, sino una oscura realidad.

Alrededor de Darío Acevedo la polémica y los pronunciamientos en contra de su ombramiento no han parado. En una carta firmada por los profesores de la Universidad Nacional, sede Bogotá, manifiestaron su preocupación y decepción por la posición del historiador, y su sorpresa por haber aceptado el cargo.

La presentación de Acevedo intentó suavizar el ambiente, pero no funcionó. Los archivos se van a retirar y ese acto merece se tratado en su justa dimensión.

La primera masacre por la que se condenó al Estado

Maritze Trigos es testigo de que se ha reunido la mayor información posible desde hace más de 20 años. Según ella, el archivo General de la Nación y el CNHM clasificaron “de una forma muy profesional” los archivos, que contienen documentos como procesos jurídicos de casos que el colectivo de abogados ha logrado convertir en memoria jurídica. Hay testimonios de víctimas, manuscritos e informes que sirvieron de fuente para la publicación de Trujillo, una tragedia que no cesa.

Hojas escritas a puño y letra por una mujer que en diez páginas narra desgarradoramente lo que le sucedió, Tiberio vive hoy: testimonios de la vida de un mártir –sobre un sacerdote vilmente decapitado–, y un libro a mano que la ONU declaró como memoria de la humanidad son algunos de los objetos valiosos que Trigos recuerda.

Portada de las memorias del padre Tiberio. 

Hay testimonios donde la gente omitió sus nombres para que sus palabras pudieran publicarse en ese primer informe. Aquellos documentos reposan en el CNHM. “La gente tiene miedo de lo que pueda pasar”, es la frase repetida por distintas voces.

Jesús Abad Colorado acompañó a las matriarcas, mujeres luchadoras, a una de las audiencias contra el Alacrán en Buga. Siempre, afuera del juzgado, congelaba los momentos con su cámara. Y el grupo infantil Jimmy García Peña, de la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo, publicó 16 libros. En cada uno se contó la historia de seis matriarcas desde voces infantiles. El grupo fue premiado por el Programa Nacional de Estímulos 2015 del ministerio de Cultura.

Las historias de seis matriarcas contadas por niños

La persecución a defensores de derechos humanos

Carlos Ruiz es miembro del Movimiento Cívico "Ramón Emilio Arcila", víctima del Conflicto Armado en el Oriente antioqueño. Es un fuerte crítico de la llegada de Acevedo al Centro de Memoria. “La memoria histórica tiene una connotación de restablecer las relaciones entre las ciudadanías con base en la sinceridad, que lleva al perdón. Pero cuando usted niega la historia, que no hubo conflicto armado, y en cambio dice que hubo actos de violencia, pues las reglas de la guerra no entran a operar”, señala.

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En la década de los ochenta, Ruiz vivió en carne propia cómo Turbay Ayala estableció el Estado de Sitio y el Estatuto de Seguridad: "Hubo negación de derechos y había procesos bajo represión. Las Fuerzas Militares estaban entrenadas para perseguir a defensores de derechos humanos”. Mataron a mucha gente de la dirigencia cívica y por eso se consideran víctimas del conflicto armado.

Ramón Emilio Arcila, lider del Movimiento Cívico

Ruiz sabe que del Movimiento Cívico a nivel nacional “hay de todo: acuerdos, socializaciones, y eso se advirtió en los congresos nacionales y se pidió la autorización, pues ayudaba a reconstruir la memoria histórica”. Estos archivos dejan registros de los congresos nacionales de movimientos cívicos en 1984 y 1986.

"En la ONU o Suiza podríamos consignar los archivos retirados"

“Son más de 300 organizaciones las que le han entregado archivos al Centro Nacional de Memoria Histórica”, dijo Diana Sánchez, miembro de Asociación Minga. Esa organización puso a disposición del CNMH 25 años de trabajo.

“En estos años la entidad logró acercarse como nunca a los territorios para poder reconstruir memoria. Eso sí, mucha de esa información está sistematizada pero eso no quiere decir que haya sido intervenida”, aclara. Tuvieron que arrendar una bodega en donde reposan las cajas clasificadas en orden cronológico.

Sánchez asegura que van a buscar una alternativa, como una plataforma internacional en la ONU o Suiza.

Los documentos son variados porque es una organización que hace un trabajo integral. Hace litigio, lleva casos por violación a derechos humanos como masacres, asesinatos, desplazamientos o desapariciones. Solo esa área tiene un volumen de información abultado. Por poner un solo ejemplo: durante la intervención paramilitar en el Catatumbo entre 1999 y 2004 hubo una permanente interlocución con el Gobierno manifestando situaciones críticas. Se tienen registros de alertas tempranas, acciones urgentes y denuncias sobre casos concretos. Esa información tiene nombres, fechas, sitios y posibles autores. Hay información muy importante de reparación y de acciones populares, en la Gabarra y Filogringo, por desplazamiento forzado.

La más horrible de las masacres

Leyner Palacios, el vocero de las víctimas de Bojayá, siente “frustración porque el Gobierno decide sobre temas claves de verdad y memoria nombrando personas que desconocen la historia del conflicto armado”.

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El CNMH tiene en su poder testimonios de todos los que sufrieron. Un material que fue grabado y organizado. Además, existen más de 600 comunicados que emitieron las organizaciones en el marco del conflicto. Ahí se reflejan nombres de victimarios y hasta responsabilidades de distintos actores. En gran parte existe esa información gracias a que se hicieron distintos talleres con las comunidades, líderes y víctimas.

Una carpeta con archivos por cada víctima

La Organización Reiniciar ha hecho una labor titánica: cada víctima del genocidio de la Unión Patriótica tiene una carpeta donde están sus fotografías, recortes de prensa, el proceso judicial si lo tiene, documentos de familiares con registro civil, el carnet de la UP. Hay 6526 carpetas.

Es un trabajo de 25 años, “muy devoto porque se ha hecho con las mismas víctimas en 20 departamentos de Colombia y creamos organización en cada uno de ellos”, afirma Jahel Quiroga, directora de Reiniciar. Así fue como existió la coordinadora de victimas del genocidio de la UP en Huila, Córdoba, Antioquia y en otros 17 departamentos. “Cuando las organizamos empezamos a documentar cada caso”.

Retratos de víctimas del genocidio de la UP en el plantón por los líderes sociales de 2018. Foto Santiago Ramírez.

El Centro Nacional de Memoria Hiatórica copió esos archivos, aunque en la base de datos no va sino hasta 2002 –Reiniciar va hasta 2006–, pues ese año se perdió la personería jurídica. "Nosotros cortamos en 2006, cerramos el caso en la comisión y no íbamos a llevar más nombres”. Esas capetas se retirarán del archivo.

Sobre las copias muchos se preguntan si de verdad el Centro de Memoria no tendrá más acceso a reproducciones. Bajo el miedo de que se vaya a contar una verdad oficial, organizaciones y líderes sienten que sus archivos están mejor en sus manos, y el temor a las amenazas, persecuciones y represalias es serio.

Tal vez esos archivos regresen ya no al Centro Memoria, pues le quedan dos años, sino al Museo Nacional de Memoria Histórica, cuando empiece a existir. Ese retorno no sería porque exista un gobierno de un lado o de otro, sino por tener la garantía de que quien dirige no niega la existencia del conflicto.