El viacrucis de propietarios cuyo terreno será expropiado para explotación minera en San Francisco, Cundinamarca: “Desastre ambiental”

En redes sociales circula un video en el que se advierte de la inminente explotación de materiales de construcción en el municipio de San Francisco de Sales, en Cundinamarca. Denuncian que el territorio, que se encuentra ubicado en el escarpe oriental, a orillas de la sabana de Bogotá, donde nacen las aguas del río Gualivá, se encuentra en serio peligro.

El video expresa su preocupación por la afectación a municipios aledaños que dependen de los nacimientos de aguas en la zona. Además, fauna y flora propia del paisaje andino se vería afectada, restando riqueza a una zona del departamento.

A pesar de las alertas en redes sociales, la explotación minera en la zona es casi un hecho, ya que los propietarios de los predios recibieron la notificación del inicio de un proceso de expropiación.

Todo comenzó con una licencia de exploración técnica de yacimiento de materiales de construcción, entregada en 2006 por el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) a dos particulares, sobre un área de 1.000 hectáreas.

Posteriormente, en 2009, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (Car) le otorgó una licencia ambiental a dicho particular sobre un poco más de 25 hectáreas de las 1.000 previamente aprobadas por la autoridad minera.

“Para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción y demás concesibles, ubicado en la cuenca 2306 río Negro, subcuenca - río Tobia, vereda La Laja y EI Peñón del municipio de San Francisco de Sales, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta resolución”, se lee en el documento de la Car, al que SEMANA tuvo acceso.

Esas 25 hectáreas son una parte de dos fincas, que son propiedad de la comunidad salesiana y una familia.

“El impacto de la minería en esa zona es gigante. En esas hectáreas hay agua. Así digan que se puede hacer minería, también hay animales y todo tipo de plantas. Además, no solo serán esas 25 hectáreas las que serán explotadas, seguramente se extenderá por las 1.000 de la licencia minera que emitió la Agencia Nacional de Minería”, indicó Paola Casabianca, abogada de dos de los propietarios de una de las fincas.

A pesar de que la familia y la comunidad religiosa lucharon por probar la riqueza del territorio, ninguna de las autoridades tomó en consideración la argumentación. Incluso, de acuerdo con la defensa de una parte de los propietarios, el reporte de un perito de la Car tras una visita a la zona desaconseja la minería y pide revocar la licencia.

“Dadas las excelentes condiciones ambientales del sitio, la cantidad de nacimientos existentes, la vegetación nativa (alguna vedada), la zona de amortiguamiento y de recarga hídrica, el tipo de bosque y la altitud del área, entre otros, debe revaluarse la información del estudio de impacto y reconsiderarse el otorgamiento de la licencia ambiental”, se lee en el reporte conocido por este medio.

Incluso, los propietarios citan al Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, que en 2017 valoró la zona y resaltó la importancia de llevar a cabo estrategias de conservación en el hábitat para las múltiples especies animales.

Expropiación inminente

A pesar de la lucha de la familia y los religiosos por más de dos décadas, el pasado 4 de agosto, la Agencia Nacional de Minería dio inicio al trámite de declaración administrativa de expropiación, por solicitud del mismo particular que pidió la licencia minera y ambiental sobre un predio que no le pertenece.

De esa forma, se ordenó “la práctica de una inspección administrativa para determinar el carácter indispensable de los predios solicitados en expropiación, y efectuar la estimación del valor a pagar a los dueños o poseedores”.

De esta forma, los propietarios no encuentran más remedio que ceder a la expropiación, proceso que podría tardar varios años. Con esto, también sería inminente la explotación minera en la zona, que podría extenderse con carreteras y demás infraestructura necesaria para las labores que se realizarán.

La respuesta de la Car

Frente a la difusión del video, la Car emitió un comunicado en el que asegura que la zona que muestra el video no corresponde a la zona en la que se realizará la mina.

Sin embargo, confirman la licencia y aseguran que la corporación “ha realizado visitas de seguimiento y control permanente en la zona para garantizar la conservación y cuidado del ecosistema”.

“La CAR Cundinamarca seguirá vigilante para la protección de los recursos naturales y atendiendo las inquietudes de la comunidad para construir entre todos un territorio ambientalmente sostenible”, concluyó.

Por otro lado, al ver el video, Susana Muhamad, ministra de Ambiente, aseguró que “hay que proteger” el agua de Gualivá.

“Gracias por el control ciudadano. Por el video entendería que la solicitud de licencia la tiene la Car. La provincia de Gualivá es rica en agua, hay que protegerla”, publicó la ministra en un trino.